Uribe Vélez solicita a la Corte que todo su expediente sea público

Según se afirma, el proceso se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública, de forma descontextualizada.
Con fecha 6 de agosto de 2020, se conoció un comunicado público, en el que el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, a través de su apoderado, Jaime Granados Peña, le solicita a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la misma que le impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria, que haga público el proceso en su contra, se levante la reserva sumarial de todo el proceso, el cual, indica, se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública.
Uribe Vélez, a quien acusa la Corte de manipulación de testigos y fraude procesal, se encuentra confinado en su finca El Ubérrimo, en el Departamento de Córdoba, en cuarentena, porque resultó positivo por Covid 19.
El comunicado, que lleva la firma del abogado Granados Peña, dice que la reserva sumarial existe en la legislación colombiana entre otras razones para proteger el principio de su presunción de inocencia contemplado en la Constitución. En el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor.
Agrega, que Álvaro Uribe Vélez, fiel a su forma de actuar, solicita por intermedio mío, de la manera más respetuosa y acomedida, que se levante la reserva sumarial de todo el proceso en su contra, esto con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder.
Esta solicitud a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se hace con la única intención de aportar la mayor transparencia posible a este caso, que por su connotación política se ha prestado para la violación de esa reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica.
Sostiene finalmente, que si bien la reserva sumarial está establecida en la Ley, la Constitución, norma de normas, avalaría su inaplicación cuando se generan violaciones a los derechos fundamentales, lo cual se compagina con los estándares de información pública establecidos a nivel interamericano por las propias corporaciones de justicia.
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