“Transparencia para la Emergencia”, estrategia contra la corrupción que comienza a hacer señalamientos

Por Redacción en abril 24, 2020

Procuraduría, Contraloría y Fiscalía establecieron posibles irregularidades en contratación para atender emergencia por el COVID 19.

Como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID19 se ha diseñado una estrategia que ha permitido trabajar de manera articulada entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que han aunado sus capacidades para dar continuidad al programa de vigilancia y control denominado “Transparencia para la Emergencia”.

Para tal efecto se crearon mesas técnicas permanentes con participantes de las tres instituciones, que en el marco de sus competencias priorizan el estudio de casos que generan alertas en cada una de ellas, con el fin de cooperar y fortalecer las investigaciones relacionadas con los recursos públicos destinados para la población afectada por la pandemia.

Se han llevado a cabo dieciséis (16) sesiones de mesas técnicas entre los funcionarios destacados por cada entidad para articular esfuerzos conjuntos, quienes están unificando criterios para establecer posibles irregularidades en la contratación estatal.

Las citadas entidades han identificado hasta el momento un total de 53 procesos contractuales que suman, aproximadamente, $ 135.918.838.21 (ciento treinta y cinco mil novecientos dieciocho millones de pesos)

Entre las modalidades contractuales por sector se tienen 34 contratos de salud pública, 14 contratos de alimentos y 5 contratos de publicidad.

La Contraloría General de la República continúa en la acción preventiva sobre 17.486 contratos a nivel nacional relacionados con la emergencia, se tienen 50 casos en análisis, de las cuales se han iniciado 21 actuaciones especiales en la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI, 7 indagaciones preliminares en la Unidad de Responsabilidad Fiscal, y en la Unidad de Investigaciones Especiales se tramitan 21 indagaciones y un proceso de responsabilidad fiscal en la Unidad Anticorrupción.

La Procuraduría General de la Nación ha asumido más de 990 acciones preventivas en el ámbito nacional. En materia contractual se han analizado 5.586 contratos por un valor de 1.4 Billones de pesos, 18% a nivel nacional y 82% a nivel territorial. Priorizó para trámite inmediato 588 casos. En materia disciplinaria ha abierto 116 indagaciones para evaluar el trámite a juicio disciplinario y 7 investigaciones que avanzan en recaudo probatorio.

La Fiscalía General de la Nación ha efectuado verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas, se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones, dos (2) indagaciones preliminares relacionadas con entidades del Orden Nacional, se iniciaron cinco (5) indagaciones en contra los Gobernadores de Arauca (2), Magdalena, San Andrés y Vichada

Contraloría y los procesos

Esta entidad abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones contra el gobernador de Arauca y ordenó 27 indagaciones preliminares. Las indagaciones preliminares permitirán determinar si hay o no mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal.

La Contraloría General de la República (CGR9 evidenció presuntos sobrecostos de aproximadamente $1.269 millones en un contrato de la Armada Nacional Base Naval #6 ARC Bogotá, para la adquisición de elementos de protección personal.
Un caso llamativo es la contratación con una persona natural de manómetros para balas de oxígeno, donde los presuntos sobrecostos verificados pueden alcanzar más de $ 40 millones.
Entre las gobernaciones que serán objeto de indagaciones preliminares, están Valle del Cauca, Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare y Vichada.
Se indagará sobre contrataciones de Secretaría de Salud de Bogotá y Secretaría de Educación de Medellín.
También ameritó investigación por parte de la Contraloría, la contratación por $1.020 millones de la estrategia de divulgación del tema del Covid-19 por parte de la Gobernación del Tolima, para la que se solicitó oferta económica a una sola firma y se invirtieron recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia Departamental.
Las contrataciones cuestionadas están relacionadas, en su mayor parte, con entrega kits de víveres y aseo para población vulnerable, en algunos casos adultos mayores y estudiantes, en las que se evidencian algunas veces notorios sobrecostos.
Hay presuntos sobrecostos también en la compra de elementos de protección y hospitalarios, así como material quirúrgico.
En el primer mes de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la Contraloría analizó 17.486 contratos por $ 2,1 billones, generando 108 alertas en 26 departamentos que adelantaron contratación por un total de $155.231 millones.
La mayor cantidad de alertas se ha dado por contratación en el departamento del Valle del Cauca (13), seguido de Cundinamarca (12) y la Nación –recursos del orden nacional (11).
El promedio general de los presuntos sobrecostos detectados con estas alertas es del 37%. El mayor promedio es de la Nación (72%), seguido de Boyacá (59%), Guaviare (58%), Guainía (51%) y Bogotá (47%).