Soluciones

Por Redacción en noviembre 2, 2024

Por Mauricio Cárdenas

Hay problemas que son tan grandes que preferimos ignorarlos, quizás con la esperanza de que con el tiempo las cosas mejoren. Algo similar ocurre con las cuentas que son difíciles de pagar. Muchas veces preferimos meterlas debajo del tapete para no tener que pensar en ellas todos los días.

Algo así está pasando con los subsidios a los combustibles, una cuenta de un tamaño nunca antes visto, que solo crece con el tiempo y que, por supuesto, no se resolverá si no hacemos algo diferente.

Las cifras son escalofriantes. Para ponerlo en términos simples, el que estemos pagando solo 9.000 pesos por galón –y no los 18.000 que realmente cuesta– genera una cuenta que se estima valdrá 37 billones de pesos este año. Una cifra nada despreciable, no muy distinta al presupuesto anual de funcionamiento de la educación pública, incluyendo 300.000 maestros, las universidades públicas, la alimentación escolar y todo lo demás que supone educar a 10 millones de colombianos.

Un problema de esa magnitud hay que resolverlo. Utilizar los escasos recursos fiscales en subsidiar el consumo de gasolina, cuando se podrían utilizar para erradicar el hambre y la pobreza, no tiene sentido alguno.

Las cosas son aún peores cuando se piensa que los recursos para pagar esta cuenta no existen. Las cuentas por pagar de este año y el año entrante entran en la categoría de problemas fiscales extremadamente graves, de esos que pueden reducir una vez más la calificación de riesgo de nuestro país, justamente cuando los mercados internacionales se han cerrado para las economías emergentes.

Por eso, esta cuenta hay que sacarla del cajón que nadie quiere abrir, pagarla y tratar de evitar que se repita indefinidamente en el tiempo.

La solución es tan obvia como difícil: subir el precio de los combustibles para que desaparezca un subsidio regresivo, ineficiente y malo para el medio ambiente. Pero seamos sinceros, el subsidio a los combustibles es visto por los gobiernos como un mal menor, en comparación con correr el riesgo de protestas y movilizaciones que acaban con el capital político de cualquier presidente.

Si la solución técnicamente deseable no es viable, hay que pensar en alternativas que hagan el menor daño posible.

La reforma tributaria que se discute en el Congreso puede ser una oportunidad para ello.

El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) es el que expide las cuentas por pagar, en este caso a Ecopetrol, a la que se le reconoce el precio internacional por cada galón que produce o importa. Hoy, el FEPC le debe a Ecopetrol cerca de 28 billones de pesos. Y es previsible que el año entrante la cifra sea similar.

El Gobierno ha propuesto un impuesto nuevo a las exportaciones de hidrocarburos cuando el precio esté por encima de cierto nivel. Este impuesto debe producir unos 4 billones de pesos anuales, en las condiciones de mercado actuales.

Haría bien el Congreso en asignar ese impuesto al FEPC. Una vez este fondo tenga asegurado un ingreso puede emitir un bono, respaldado en lo que se recaudará hacia el futuro, y con ello pagar la cuenta pendiente con Ecopetrol. Es decir, Ecopetrol paga el impuesto a las exportaciones, pero al mismo tiempo recibe lo que le debe el FEPC.

La deuda que emite el FEPC tiene la ventaja de no ser deuda del Gobierno nacional, un tecnicismo que es conveniente cuando se trata de cumplir con las restricciones que impone la regla fiscal.

La reforma también debe establecer un sistema de ajustes semanales moderados al precio de los combustibles, mayores para la gasolina que para el ACPM, hasta que se cierre la brecha con el precio internacional, en un plazo que seguramente tardará años.

Y, para poner todas las cartas sobre la mesa, el Gobierno debería, además, despejar todas las dudas sobre el futuro de la exploración petrolera. Si no se le da luz verde a la exploración, no habrá exportaciones y, por lo tanto, no habrá fuente para pagar el subsidio a los combustibles.