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Se está desmontando la Ley de Víctimas, denuncia Gabriel Bustamante

Por Redacción en enero 30, 2018

Los afectados por la guerra en Colombia son los grandes ausentes de la aplicación de los acuerdos de La Habana.

Pie de Foto: Gabriel Bustamante Peña, candidato al Senado por la Alianza Verde.

Las víctimas del conflicto que fueron el centro de las negociaciones de paz con las FARC, que son transversales a todos los puntos acordados y que, además, contaron con un punto específico, el 5 sobre el Sistema Integral para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición, hoy son las grandes ausentes en la aplicación de los Acuerdos de Paz, denunció el ex defensor delegado para las Víctimas y ex subdirector de Participación de la Unidad para las Víctimas, Gabriel Bustamante Peña, candidato al Senado por la Alianza Verde.

Además, señaló, que se ha empezado el desmonte de La Ley de Víctimas, de la institucionalidad y recursos que trajo la ley 1448 de 2011.

“Quienes han sufrido un desconocimiento total de los Acuerdos de Paz son las víctimas, no las FARC”, aseveró Bustamante Peña, y agregó:

Las víctimas han sido excluidas inexplicablemente de la aplicación de todos los puntos del Acuerdo, por eso se hace un llamado al Gobierno Nacional, a la Corte Constitucional, a los órganos de control y a la comunidad internacional, especialmente a las Naciones Unidas y a los países garantes para que, cuanto antes, y en el marco de sus competencias faciliten la aplicación de medidas urgentes en beneficio de las víctimas y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente en algunos puntos, entre ellos.

Las víctimas, que se suponía que eran el centro del Acuerdo de Paz, hoy no tienen derechos.

1.Es inconcebible que, en el Plan de Inversiones para la Paz, se haya excluido a las víctimas. Se suma a esto, que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se sacó todo el presupuesto para reparar a las víctimas, con lo cual, en la práctica se desvirtúa y contradice lo estipulado en el Acuerdo de Paz, que las víctimas son el centro del Acuerdo.

2.Al punto anterior se adiciona el incumplimiento de lo estipulado en los acuerdos de paz en el punto 5.1.3.7 de reformar La Ley de Víctimas para fortalecer la atención y reparación, adecuarla a los nuevos contextos de una paz estable y duradera por medio de una política realmente reparadora, proceso que debería realizarse con amplia incidencia de las víctimas, partiendo de las mesas de participación.

La Ley nunca se reformó a pesar de haber convocado a las víctimas a foros y a espacios por todo el país, tanto por la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior, como por la Unidad de Restitución de Tierras. Al final se ordenó no modificar la Ley 1448 de 2011, con lo cual no se amplió su vigencia, acorde al proceso de posconflicto, y simplemente se la deja expirar en el 2021.

Sostiene el candidato al Senado por la Alianza Verde, que de ahí la gravedad, que en el Plan de Inversiones para la Paz, que va hasta el año 2031, ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se haya incluido a las víctimas de la guerra, aún más, cuando entidades, hoy en proceso de desfinanciación y desestructuración, como la Unidad para las Víctimas, son claves para adelantar las políticas de verdad histórica, de acceso a la justicia en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de reparación individual, colectiva y territorial en el posconflicto y de no repetición.

3. Corregir la ausencia de una política de reforma rural integral, lo cual deja sin dientes la posibilidad de cumplir los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas campesinas, que para empezar no tienen ni tierra en la cual ejercer sus derechos.

Sostiene, que sin reforma rural millones de personas desplazadas por el conflicto no tendrán oportunidad alguna de retorno en condiciones mínimas de dignidad, más cuando se les incumple la promesa de que se los priorizaría en el acceso a tierra y el apoyo para trabajarla. Lo anterior preocupa porque el Gobierno no tiene ni proyecto de reforma rural, el fast track terminó el año pasado, y hoy no hay ni cómo recuperar tierra, ni recursos para comprarla, ni jurisdicción agraria para reclamar, solo la creación de una institucionalidad débil, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, con funciones residuales por el incumplimiento del punto 1 del acuerdo.

4. La violación del Acuerdo de Paz por la no aprobación de la reforma política, ante lo cual no se pudieron corregir los vicios históricos de clientelismo, corrupción y exclusión de grandes franjas de la población, que afectan especialmente a las víctimas vulnerables y la desobligante actitud del Congreso al no aprobar las circunscripciones especiales de paz que les reconocían representación a las víctimas en las zonas más abandonadas y martirizadas en la guerra y la falta de voluntad política del Gobierno que presentó a última hora el proyecto y sin mayor interés por el mismo. haber negado a la vez, la posibilidad de participación política a las víctimas es un acto de desequilibrio que deja mal parado el proceso.

Sin reforma rural, millones de personas desplazadas por el conflicto no tendrán oportunidad de retorno en condiciones mínimas de dignidad.

5.La implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET sin tener en cuenta a las víctimas.

6. El incumplimiento total del Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la no Repetición.

7.El incumplimiento total de los derechos de las víctimas en el exterior, a quienes se les incluyó en los acuerdos una reforma a la ley de Víctimas para facilitar el acompañamiento y apoyo a sus procesos de retorno y reparación en el exterior, empezando por reconocerles el status de desplazamiento transfronterizo.

8.La ausencia total de una política pública para la verdad desde la perspectiva de las víctimas, la falta de una política de acceso a la justicia para las víctimas en el marco de la JEP, la ausencia de una política de reparación integral, colectiva y territorial en el posconflicto y la ausencia de una política de no repetición

9.Por último, denunciar la grave situación en que quedaron las víctimas de falsos positivos ante el cambio de postura frente a estos delitos, dice finalmente en su denuncia el abogado Gabriel Bustamante Peña, quien lleva más de 20 años trabajando en derechos humanos con población víctima del conflicto y vulnerable.

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