Restablecer peaje de Tunía y garantías de movilización por la Panamericana, pide sector productivo
Acciones ilegales cometidas por unas minorías, afectan la productividad, la competitividad y la generación de empleo en el Cauca y Colombia.
Ante el incendio del peaje de Tunía, al norte de Popayán, el 1 de septiembre, por parte de un grupo de personas, representantes del sector productivo y del tejido empresarial del Cauca, además de rechazar ese acto violento, exigieron acciones concretas de los gobiernos Nacional y Departamental, a fin de lograr el restablecimiento del servicio del peaje de ese tramo de la Panamericana e impedir que sigan bloqueando dicha vía, arteria vital que comunica al país con el sur del continente y cuyo carácter internacional es esencial para el comercio exterior de Colombia.
Como se recordará, ese peaje fue destruido por vándalos en una de las jornadas de protesta, en el marco del denominado “paro nacional”, lo que causó enorme perjuicio a los usuarios de la vía y a la economía regional y nacional. Esa infraestructura, que se estaba reconstruyendo, nuevamente fue atacada para evadir el cobro del peaje, con el argumento de falta de mantenimiento de dicha carretera, por lo tanto, se establecieron mesas técnicas con el Ministerio de Transporte, a fin de llegar a acuerdos con los manifestantes.
Señalan los voceros del sector productivo, que acciones ilegales como esas, cometidas por unas minorías, afectan la productividad, la competitividad y la generación de empleo, no solo del Cauca, sino de todo el país.
“Reiteramos nuestro respeto por el derecho constitucional a la protesta pacífica, siempre y cuando se enmarque en el respeto a los derechos constitucionales de todos los colombianos”.
Agregan, que el Gobierno Nacional no puede seguir permitiendo acciones que alimenten la inestabilidad jurídica que el Departamento enfrenta por causa de las constantes vías de hecho y violaciones de los derechos de los habitantes del Cauca, a la libre movilidad y al trabajo.
El Estado Colombiano debe velar por la protección de los derechos de todos los colombianos y, especialmente, de los habitantes de esta región del país, finaliza el comunicado.
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