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Reflexiones tributarias

Por Redacción en noviembre 15, 2024

Por Mauricio Cárdenas

Mucho me temo que la discusión de la reforma tributaria se prolongará hasta diciembre, cuando terminan las sesiones del Congreso. Esta ha sido, cuando menos, la costumbre. Como muchas de las normas entran en vigencia solo a partir del primero de enero, los congresistas estiran el calendario hasta el límite. Si esta reforma es la excepción –si se aprueba antes de diciembre–, debemos prepararnos para un frenesí de actividad legislativa. Sería la demostración de que el Gobierno no solo logra imponer su agenda, sino también sus tiempos.

Lo primero que hace el proyecto de ley es enmendar la plana. Entre las muy cuestionables decisiones que se tomaron en los últimos años, y que hay que corregir, están los días sin IVA (que benefician a sectores de mayor capacidad económica que compran electrodomésticos importados) y el descuento por el pago del ICA (que ha llevado a los municipios a aplicar la tarifa más alta posible, pues saben que el contribuyente tiene cómo pasarle la cuenta al Gobierno nacional).

También debe acabarse con los contratos de estabilidad jurídica –una figura inequitativa, en buena hora eliminada en la reforma de 2012, pero revivida en 2018 para las megainversiones–. Lo mismo debe ocurrir con las exenciones que no tienen buena justificación, como las que se otorgaron a la economía naranja. Hace bien el Gobierno en proponer su eliminación, aunque hay que decir que se le fue la tijera, pues de paso quiere acabar con los beneficios a la industria editorial, la vivienda de interés social y la reforestación, que tienen una clara justificación.

El proyecto también fortalece los avances de los últimos años. El régimen simple de tributación es un buen ejemplo. Esta importante innovación, que empezó con el monotributo en 2016 y se mejoró durante la administración pasada, permite cumplir con la mayoría de las obligaciones tributarias mediante el pago de un único impuesto –con una tarifa que se reduce a 7 % para las profesiones liberales–. El sistema se aplica a ciertas actividades económicas (que el proyecto amplía a la educación y la salud) cuando los ingresos brutos sean inferiores a $ 3.800 millones. Es una excelente opción para miles de contribuyentes.

Las limitaciones a las rentas exentas de las personas naturales son otro aspecto en el que ha habido continuidad en los últimos años. En 2014 se estableció, pese a una enorme resistencia, que las rentas exentas no podían exceder el 40 % de los ingresos ni exceder $ 191 millones por año. El Gobierno anterior trató de restringirlas a 35 %, pero no lo logró. El actual proyecto de ley es aún más audaz y propone un techo de $ 46 millones al año. Aunque la propuesta va en la dirección correcta, será un tema de negociación intensa –también de gran escrutinio–, pues afecta de manera directa el bolsillo de quienes tendrán que decidir.

Los principales problemas del proyecto de ley tienen que ver con los impuestos al capital. Las tarifas que se proponen para dividendos y ganancias ocasionales son inviables. Los dividendos tienen desde 2016 una tarifa de 10 % que, pese a que levantó ampolla en su momento, hoy se ve como una tarifa razonable y necesaria para la equidad. En 2018, el Gobierno Duque la subió a 15 %, pero posteriormente reculó y la dejó donde estaba. Es impensable que se les puedan aplicar a los dividendos las tarifas del impuesto de renta, que llegan a 39 %. Tienen razón quienes han sostenido que el proyecto de ley nos hace muy poco competitivos.

Algo similar ocurre con el impuesto a las ganancias ocasionales, cuya tarifa bajamos de 33 a 10 % en la reforma de 2012. Como los contribuyentes empezaron a reportar la venta de activos en sus valores reales, el recaudo se multiplicó por seis, al pasar de $ 384.000 millones en 2012 a $ 1,8 billones en 2016, lo que demuestra que impuestos razonables desestimulan la evasión. Si se aprueba lo que está en el proyecto de ley, volveremos a las prácticas del pasado. Este es otro aspecto para corregir, ojalá pronto, pues las empresas ya empezaron a vender activos y a pagar dividendos, cuando lo que necesita el país es que sigan reinvirtiendo sus utilidades.