Propiedad Privada

Por Redacción en diciembre 21, 2017

Por Juan Francisco Muñoz

La ideología, palabras más, palabras menos, es creer ideas sin evidencias, como tampoco sin un uso riguroso de la lógica. Esta forma de pensamiento consiste en lo que Elizabeth Kolbert llama las limitaciones de la razón; o como decía Platón, es tener una recta opinión, sin poder dar razón de ella.

Varios candidatos políticos y sus partidarios usan la ideología para, principalmente, decir mentiras, con el objetivo de hacer ver menos favorables a sus contradictores o rivales. En tiempos de campañas por el Sí y el No al plebiscito por la paz, fue algo común escuchar y ver en redes sociales, que los detractores a los acuerdos afirmaban que estos atentaban contra la propiedad privada. No obstante, los temas polémicos reales tenían que ver con otros aspectos, más verídicos: La dificultad institucional y jurídica para implementar cambios tan ambiciosos en el campo, la polémica por hacer viables las zonas campesinas ya existentes, y la discusión sobre dónde empieza y termina la frontera agrícola en Colombia.

Como dijo en su momento Ana María Ibañez, experta en tierras en el país, la quinta parte de los predios rurales tiene problemas de titulación, dejando a los pequeños campesinos en un limbo sobre sus propiedades. Como resultado de estas condiciones, el robo de más del cincuenta por ciento de estas tierras a personas desplazadas dejó al campo bajo el yugo de la informalidad y los intereses de captación indebida de bienes.

John Locke definió a la propiedad privada como esos bienes escasos que dispone el propietario, y utiliza como considere convenientes, siempre que no se agreda la propiedad de otra persona o viole los límites de la misma sin su consentimiento. Y es que los acuerdos de la Habana podían sufrir por su excesiva teorización sobre sus realidades institucionales y jurídicas, pero conservaban de manera considerable un cuidado por la posesión de predios legalmente constituidos, a nombre de personas, entidades y empresas. De hecho, los acuerdos eran precisamente conservadores con respecto al valor de la tierra, sin llegar a violar en ningún momento los derechos de propiedad ya existentes.

Más bien, la Reforma Integral Rural se concentraba en buscar titular esa quinta parte de predios nacionales, para poder organizar el catastro en el campo. Al hacer esto, los acuerdos cumplían con uno de los principios más importantes de la existencia de la propiedad privada, según Hans Herman Hoppe: el requerimiento de una acción compensatoria por parte del Estado cuando los bienes, servicios y productos públicos, no son de cantidad y calidad suficiente para el bien común. Es decir, que sin una información detallada de toda la titulación de propiedad, así como sin información actualizada sobre el catastro rural, es imposible que la declaración de renta de propiedades rurales permita llevar a cabo las suficientes acciones correctivas sobre lo que, según los cálculos de la DIAN, llega a ser una de las principales fuentes de corrupción nacional por cuenta de la subvaloración de predios.

Como diría el famoso economista Friedrich Hayek, el mercado (de tierras) -los paréntesis son míos, se ve considerablemente alterado para beneficiar a los consumidores, si no se tiene amplia información local y verificable sobre datos que de hecho son escasos. Por ello, quienes de hecho alegan por promover la empresa privada y la inversión, no pueden obviar que el problema rural y de tierras requiere de soluciones estatales y de gobierno, sobre la evasión de impuestos de propietarios, y sobre la informalidad que promueve la evasión.

No obstante, la ideología y la política en Colombia plantean que solo son posibles dos posturas: Estar en contra de la Reforma Rural, con esa postura tan antidemocrática ejemplificada en Fernando Londoño, con su ignominiosa expresión de “hacer trisas los acuerdos”; o estar a favor, pero en medio de las limitaciones clientelistas, jurídicas e institucionales para la realización de la reforma.

Finalmente, son de resaltar las palabras del ex director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, cuando llamó la atención a los efectos de la evasión de impuestos. En total, más de 300 millones de dólares se pierden anualmente, y la inexistencia de catastro rural aporta a esta descomunal cifra. Sobre todo, la falta de tributación por parte de la ganadería. Y es que, es difícil no recordar lo que significan las tierras en Colombia, incluso las legalmente constituidas, al traer a colación el caso particular dado cuando la finca del ex presidente Uribe se benefició con más de $3.200 millones de pesos en subsidios del Estado.

La pregunta entonces es, si se parte por creer que se aprecian el desarrollo rural y agrícola, ¿qué piensan realmente los colombianos de toda esta ideología que tilda de comunistas a quienes de hecho tratan de proteger la viabilidad de una propiedad privada y un mercado de tierras?

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