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Presidente Duque aceptó renuncia de Mindefensa y encargó al general Luis Fernando Navarro

Por Redacción en noviembre 6, 2019

La denuncia de la muerte de ocho menores en bombardeo, produjo la dimisión del ministro Guillermo Botero.

La situación del ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, se había vuelto insostenible, especialmente por las denuncias en su contra por parte de miembros de los partidos de oposición al Gobierno Duque, entre ellos el de la Farc.

A través de un Twitter, el presidente Iván Duque anunció en la tarde de este 6 de noviembre, que le había aceptado la renuncia al ministro Botero, designando en su reemplazo como encargado de esa cartera, al general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Militares.

Luego de los duros cuestionamientos y denuncias hechas en el juicio político en el Congreso de la República por haber ocultado la muerte de menores de edad en un operativo militar el pasado 30 de agosto, en zona rural de San Vicente del Caguán, en el que fue dado de baja el guerrillero de la disidencia de las Farc, alias Gildardo o Cucho, el ministro Botero se expuso a ser removido por el legislativo a través de una moción de censura, pues todo indicaba que ocurría, por lo tanto se convertiría en el primer ministro destituido por el Congreso.

Luego de una conversación este miércoles 6 de noviembre con el presidente Iván Duque, el ministro Botero presentó su renuncia.

En la mañana de este mismo 6 de noviembre, Botero leyó un comunicado en el que dio explicaciones sobre la operación en la que murió “Flower Trompeta” y la operación en contra del cabecilla de la estructura del GAO R 7 identificado como José Marín Ramírez alias «Gildardo» o «El Cucho. Al respecto afirmó:

1. Una vez se reporta la muerte del señor Trompeta, se informa a las autoridades de policía judicial competentes para que adelanten los actos urgentes.

2. El Ministerio de Defensa Nacional ha prestado toda la colaboración a las autoridades judiciales para que se adelante la investigación que en derecho corresponda.

3. Son las autoridades judiciales las competentes para evaluar, según los resultados de la prueba técnico científica, las circunstancias de ocurrencia de los hechos y la presunta responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública.

4. La información publicada hasta la fecha señala que Medicina Legal ha indicado que «No hay señales de tortura».

5. En todo caso, las investigaciones continúan y el Ministerio de Defensa está atento a los resultados de las mismas, los cuales acata y respeta.

Ahora bien, en relación con la operación en contra del cabecilla de la estructura del GAO R 7 identificado como José Marín Ramírez alias «Gildardo» o «El Cucho», este Ministerio se permite informar a la opinión pública lo siguiente:

1. Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada «proceso militar de toma de decisiones». Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008, por mandato de la Política Integral de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional. A ese acompañamiento fue al que me referí en la Plenaria del Senado del día de ayer (noviembre 5 de 2019).

2. Todos los resultados reportados en el marco de operaciones militares son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

3. Una vez se reportan los hechos se procede a realizar los actos urgentes que comprenden las primeras diligencias de levantamiento de cadáver y las necropsias que corresponden a la labor técnico científica que debe orientar las investigaciones. Estos actos urgentes siempre son realizados por funcionarios con atribuciones de policía judicial.

4. Desde el primer momento en que se inician los actos urgentes, la competencia del manejo de la información corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y todas las diligencias están amparadas por la reserva sumarial.

5. Las labores de identificación de cadáveres corresponden exclusivamente a Medicina Legal que reporta a la autoridad judicial de conocimiento del caso los informes técnicos científicos para la valoración que en derecho corresponde.

6. La Fuerza Pública pone a disposición de la autoridad judicial todo el soporte operacional con el fin de que lo valore a la luz de las normas penales, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

7. Respecto a este caso, el Ministerio de Defensa Nacional no ha recibido, a la fecha, solicitud de información por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación con posible responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública. En cualquier caso, es directriz de este Ministerio prestar permanente colaboración a las autoridades judiciales que lo requieran.

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