Petro: predica, pero no aplica

Por Redacción en septiembre 10, 2024

Por Aura Isabel Olano Correa

En medio de reiteradas descalificaciones, insultos, ofensas e irrespeto a los medios de comunicación, a la prensa en general, a las periodistas en particular y a la Flip, hoy, 10 de septiembre, el jefe de Estado, Gustavo Petro Urrego, quien así actúa, emitió una directiva presidencial que tiene como objeto, quien lo creyera, “fortalecer los vínculos entre las autoridades públicas y los periodistas y medios de comunicación”.

Acababa de reconocer en nombre del Gobierno nacional el “papel fundamental de la libertad de expresión y de prensa, en el fortalecimiento de la democracia…”, cuando nuevamente arremetió contra periodistas y medios, además afirmó que no existe la comunicación social.

¿Cómo entender la actuación del presidente Petro, que mientras se comprometía a respetar la libertad de prensa, a renglón seguido volvía a la carga con los descalificativos?

Como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, simboliza la Unidad Nacional, pero en sus dos años de mandato lo que ha hecho es polarizar cada día más a los colombianos, dividirlos y abanderarse de la trasnochada ideología de la lucha de clases, de la dictadura del proletariado, con todo el léxico de los rebeldes universitarios de los años 70 del siglo pasado. Eso es algo, como “divide y reinarás”.

El mandato del presidente Petro no ha sido tranquilo para la ciudadanía colombiana, sino de sobresaltos diarios, de reformas que parecieran salidas de un mágico cubilete, sin suficiente estudio, ni concertación, incluso con el que llama “el pueblo”, como si el pueblo no lo conformáramos todos los ciudadanos: blancos, negros, mestizos, indígenas, pobres, ricos, no obstante insiste en fragmentarnos y a quienes critican su obra de Gobierno, los estigmatiza, entre ellos a los periodistas que se “atreven” a investigar y denunciar como es la función de los medios de comunicación en todos los gobiernos.

Hace apenas un par de días, llamó a las periodistas “muñecas de la mafia”, sin que midiera el tamaño de su ofensa, en un país en donde la mafia ha perseguido a periodistas y medios de comunicación, precisamente, por denunciar a mafiosos y su criminal actividad. Pareciera que el presidente Petro no supiera de comunicadoras víctimas de esos bandidos, como también de las guerrillas y de otros grupos al margen de la Ley.

Los improperios del señor presidente no solo son contra las periodistas y los medios, también contra magistrados, jueces, políticos, empresarios, tratando de deslegitimizar su labor.

Mientras habla de igualdad, de democracia, incurre en racismo, como lo hizo en alusión al honorable magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, al decir que no entiende por qué los hombres negros pueden ser conservadores, no lo comprendo muy bien… El país entero tampoco comprendió esa discriminación e irrespeto, no solo contra quien dirige la más alta instancia judicial, contra su investidura, sino también hacia ese máximo tribunal. Tal vez, porque tampoco ha entendido la majestad que encarna ser presidente de la República, si entendiera, respetaría esa dignidad que se le otorgó en las urnas.

No es desacreditando a los jueces y a la justicia, como los puede intimidar en los casos pendientes contra su hijo Nicolás Petro y la propia campaña ‘Petro presidente’, que voló los topes, investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que también descalificó, llamando a las pruebas ‘chambonadas’, nadie puede estar por encima de la Ley. Y, tranquilo presidente, nadie lo va a tumbar, no se siga victimizando, con esa especie de ‘mantra’ de golpe de estado.

Pero, sus injurias sí tienen consecuencias legales; el Consejo de Estado le acaba de ordenar que se retracte públicamente por declaraciones contra la familia Vargas Lleras. Mujeres periodistas harán lo propio.

Volviendo a la directiva presidencial, no fue fruto, propiamente, de contrición de corazón y propósito de enmienda, sino fruto de una colaboración estrecha con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reafirma el compromiso de Colombia con los estándares interamericanos de libertad de expresión y libertad de prensa.

Ese documento establece lineamientos claros sobre los deberes de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa, en consonancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares en la materia. La directiva alcanza a todos los servidores públicos que interactúen con medios de comunicación, incluyendo altos funcionarios del Estado.

Entre los puntos clave de la directiva se encuentran la prevención de la estigmatización; el fomento del debate público inclusivo, la garantía de acceso a la información, el deber de diligencia en la verificación de hechos de los servidores públicos al emitir pronunciamientos, medidas de protección de la integridad de periodistas y la continua capacitación en la administración pública sobre libertad de expresión y prensa.

Es decir, que esa directiva obliga a los funcionarios públicos a respetar la libertad de prensa y expresión, por lo que cobija al presidente de la República, que también es servidor público, quien además de predicar debe aplicar.