Las Víctimas frente al Proceso de Paz

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Por Gabriel Bustamante Peña

Es innegable que las víctimas apoyan mayoritariamente los diálogos de paz emprendidos entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Pero hay que tener en cuenta que dicho apoyo está basado en la convicción que tienen las víctimas de que poner fin al conflicto significa acabar el origen mismo de su sufrimiento y la vulneración de sus derechos.

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Ahora, el apoyo al proceso de paz por parte de las víctimas pasa por un generoso gesto de perdón y reconciliación hacia los victimarios, que reclama a su vez gestos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por parte de las guerrillas y del Estado.

Frente al derecho a la justicia de las víctimas, este deberá necesariamente ajustarse a un marco transicional que, sin torpedear el proceso con exigencias meramente carcelarias, si mande un mensaje claro con penas alternativas, acompañadas necesariamente del conocimiento de la verdad, del reconocimiento de la culpa, y de la solicitud pública de perdón por los hechos perpetuados en medio de la guerra.

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Para ser consecuente con el gesto de perdón y reconciliación de las víctimas, el Estado y la guerrilla deberán aceptar, en el marco de los acuerdos, la reparación integral a las víctimas y, especialmente, surtir un proceso de restauración de derechos que pase por la devolución de las tierras usurpadas, y la entrega de bienes, en dinero o en especie, para el respectivo fondo de reparación.

La refrendación de los acuerdos tiene que incluir, necesariamente, la concertación con las víctimas. Ahora, dicha refrendación, una vez pase el proceso de construcción colectiva con las víctimas y la sociedad en su conjunto, debe ir a un espacio de legitimidad democrática, esto es, ser ratificados por el máximo órgano de la democracia representativa: el Congreso de la República, que por medio de leyes o reformas constitucionales, debe dar vía libre a la aplicación de los acuerdos, con amplias e incluyentes audiencias públicas. Audiencias que, inclusive, podrían ser territoriales y que deberían realizarse conjuntamente con las Asambleas Departamentales, especialmente en las zonas de conflicto, para que estas den legitimidad regional a los acuerdos, por medio de sendas ordenanzas departamentales de respaldo.

Frente a la participación política de la guerrilla, en el marco de los acuerdos de paz, para que tramite por la vía de la legalidad y la democracia, las demandas históricas que le dieron origen, no es un punto al que se oponga el grueso de las víctimas; ya que la puerta de la política a la insurgencia es entendible en el marco de un proceso que pretende la reconciliación y la inserción social y política de la oposición armada.

Sin embargo, este reconocimiento político quedará cojo, si no incluye en el marco del proceso de paz, una jurisdicción política especial para las víctimas; esto es, las víctimas deben reclamar en el marco del proceso de paz y las negociaciones, y como parte del proceso de reparación integral de sus derechos, unas garantías de participación política iguales o superiores a las de los victimarios, con el fin de que sus voces, demandas y prerrogativas tengan cabida en espacios políticos como el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales.

Lo anterior, como garantía de que la representación de sus derechos estará por un periodo de transición en cabeza de sus líderes y organizaciones propias, y no en voceros que no los representan, y que perversamente están usufructuando su dolor como capital político, incluso para oponerse al proceso de paz.

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