La Toma del Palacio de Justicia: Tres décadas de Impunidad

Por Redacción en noviembre 9, 2016

Por Jairo Hernán Ortiz Ocampo (*)

Después de tres décadas de la toma del Palacio de Justicia, sede principal de la rama Jurisdiccional del poder público de Colombia, es importante recordar las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad. Esta fue creada por la Corte Suprema de Justicia con el propósito de esclarecer lo que sucedió en dicha toma. La comisión presentó un informe acerca de lo que hasta ahora se ha podido verificar de lo sucedido, la conformaron tres ex presidentes de la corte Suprema de Justicia: Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla Pinilla.

Para la realización del informe se recopiló material: grabaciones, filmaciones y se han recibido por escrito los relatos espontáneos de cerca de sesenta personas, entre funcionarios de la entonces la Rama Ejecutiva (presidente de la República, ministros); generales, coroneles; ex integrantes del movimiento subversivo M-19; sobrevivientes del holocausto, familiares de las víctimas, investigadores, periodistas y otras personas, que de una u otra manera tuvieron conocimiento de circunstancias coetáneas o subsiguientes de los sucedido. De igual modo, la comisión ha leído miles de páginas de libros, informes, expedientes y providencias relacionadas con la toma, también ha observado algunos registros fílmicos.

Planteo algunos aspectos centrales que subrayó la comisión y que están plasmados en el Informe. La primera responsabilidad que cabe señalar sobre el holocausto del Palacio de Justicia es la del movimiento guerrillero M-19, autor intelectual y material de la toma violenta a la edificación que se conoció como “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre.” Eran las 11:40 de la mañana del día miércoles 6 de noviembre de 1985.

Segundo, conexión con el narcotráfico: Desde la sanción en 1981 de la ley aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos, los jefes del narcotráfico desataron una lucha frontal y violenta para desaprobar dicha ley. Con la muerte del comandante del M-19, Jaime Bateman, se frustró un encuentro con Pablo Escobar en Panamá. En 1981 integrantes del M-19 secuestraron a Martha Nieves Ochoa Vásquez, hermana de miembros de la cúpula del cartel de Medellín. La reacción del cartel fue inmediata y creó el grupo criminal denominado “Muerte a Secuestradores” (MAS) que desató una persecución contra los integrantes del M-19, quienes, acorralados, no encontraron otra solución distinta que devolver a la secuestrada y pactar la paz con el cartel de Medellín. En los años 1984 y 1985, miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar y recibieron dinero de ese cartel. Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte una estrecha amistad con Pablo Escobar. Jhon Jairo Velásquez Vásquez (alias Popeye), lugarteniente de Escobar, declaró a la Comisión que Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente dos millones de dólares por la toma del Palacio de Justicia. De igual modo, Carlos Castaño, en su libro “Mi confesión” revela la financiación del cartel de Medellín en la toma del Palacio de Justicia. No fue casual que pocos días antes del asalto, el grupo denominado “los extraditables” amenazara con dar muerte a magistrados de la Corte Suprema, principalmente de las salas Constitucional y Penal si no votaban por la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición. Es por ello que el 6 de noviembre de 1985, día del asalto, la única sala de la Corte que debía sesionar, era la Constitucional. El tema a debatir era la constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición.

Los hechos del cuarto piso son contundentes en la incidencia (financiación) de la toma por parte del Cartel de Medellín. Al ocupar violentamente el Palacio de Justicia, Luis Otero y otros comandantes del operativo accedieron directamente al cuarto piso, en donde se hallaban los magistrados de la Sala Constitucional y empezaron a llamar en alta voz a cada uno de los integrantes de la misma. En sus comunicaciones se referían a ellos y al presidente de la Corte, como los “rehenes fundamentales” y efectivamente perpetraron su secuestro.

Tercero, el papel de la Fuerzas Militares: El asalto militar nunca compartió la política de paz de Belisario Betancur. Consideraron los militares que las concesiones del Gobierno al M-19 implicaban claudicar ante el enemigo y otorgarle las conquistas que no habían logrado con la lucha armada infructuosa y violenta. El asalto al Palacio de Justicia no solamente era previsible para la inteligencia militar, era de conocimiento general y en especial del Ejército, que ese hecho podía suceder en cualquier momento. Incluso el 16 de octubre de 1985 el ministro Vega Uribe recibió un anónimo en el que se alertaba que al día siguiente el M-19 se proponía tomarse el Palacio. Incluso, la noticia de la posible toma a cargo del M-19 fue difundida el 18 de octubre de ese año por varios medios de comunicación, entre ellos, El Tiempo y El Siglo.

Una vez acaecida la sangrienta incursión guerrillera, la respuesta militar fue inmediata, desproporcionada y a gran escala. La comandancia suprema de la reacción, a cargo de la Brigada XIII del Ejército, al mando del General Arias Cabrales, desarrolló el operativo de rescate de la edificación. Aproximadamente a la hora del asalto, personal del Ejército y de la Policía se apostó a las afueras del edificio.

Cuarto, el papel del Gobierno Nacional: el presidente de la República, desde el primer momento tomó la decisión de no negociar. Nunca existió intención real y efectiva de salvar las vidas de los rehenes. El Gobierno nunca planeó una operación de rescate, por lo contrario, estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas. Existió solo la estrategia del “aniquilamiento”, produciéndose así un vacío de poder, ya que el presidente Betancur fue un simple espectador del desarrollo de los acontecimientos.

Finalmente, no hay duda de que uno de los grandes misterios sobre los hechos de la toma del Palacio de Justicia, son las personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado y que nunca se encontraron sus cuerpos. La Toma del Palacio de Justicia representa un caso emblemático de la historia de nuestro país, en donde las víctimas y sus familiares reclaman verdad, justicia y reparación. Abogan por la no impunidad y por el no al olvido. Un ejemplo también para el actual proceso de paz con las FARC: Sin reparación a las víctimas no hay paz. Por lo contrario, es la dilatación y la negación de los conflictos estructurales del país por la vía del atajo y del camino de la impunidad. Desde esta lógica, el Estado colombiano no estaría en condiciones de garantizar, a futuro, la no repetición de estos hechos de barbarie.

Docente Programa de Ciencia Política
Universidad del Cauca
jhernanortiz@hotmail.com

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