La justicia también les llega a jueces y fiscales del Cauca

Por Redacción en agosto 24, 2013

La justicia cojea pero también les llega a quienes mal la imparten, y en el Cauca se han dado varios casos de condenas a jueces y fiscales.

Judicial. Cauca junio de 2013

La Campana

Esto ha sido posible a raíz de la vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, que a partir del año 2007 estableció la Unidad Nacional para investigar por corrupción a funcionarios de la rama judicial (magistrados, jueces y fiscales). Dicha Unidad que tiene su sede en Bogotá, sin importar en donde se haya cometido el delito aboca la investigación.

En el Cauca ha llevado a cabo varias indagaciones. Por ejemplo, Jaime Giovanni Chaves Ordóñez, fue investigado y condenado por dos delitos diferentes. El primero, por abuso de función pública, por haber allanado sin orden judicial las oficinas de la pirámide DRFE, en Rosas, Cauca, en noviembre de 2008 para que le pagaran, por adelantado, el dinero que había invertido en esa captadora ilegal. Por esos hechos fue destituido e inhabilitado por 13 años para ejercer cargos públicos.

Ese mismo fiscal fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por los delitos de prevaricato por omisión en concurso de prevaricato por acción, al dejar en libertad a dos sujetos capturados por el delito de narcotráfico. El alto tribunal, en fallo de junio de 2012, condenó a Chaves Ordóñez a 84 meses de prisión, multa de 97 salarios mínimos mensuales e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 145 meses.

Varios jueces y fiscales del Cauca han sido condenados por diferentes delitos.

Igualmente, la Corte ordenó compulsar copias de toda la actuación a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se adelantaran sendas investigaciones contra los magistrados del Tribunal Superior de Popayán, que en primera instancia conocieron de este asunto y absolvieron al entonces fiscal Jaime Giovanni Chaves Ordóñez, por los delitos formulados, todos en la modalidad agravada.

También fue condenado el exfiscal seccional de El Bordo, Hernando León Lara Prieto, por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de la Sala Penal, de fecha 28 de Mayo de 2010, a la pena de 108 meses de prisión, multa por valor de 230 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción restrictiva de la libertad, al declararlo autor penalmente responsable del concurso de delitos de prevaricato por acción y cohecho propio. Al sentenciado se le concedió la prisión domiciliaria.

Otro caso que fue muy sonado en Popayán, fue el de la juez segunda laboral del circuito de Popayán, Amparo Rodríguez Fernández, condenada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Popayán, por haber librado mandamiento de pago y aprobación de liquidación y costas de procesos ejecutivos laborales contra el Hospital Universitario San José, con fundamento en documentos que no eran auténticos, con lo que se pretendía un doble pago de cesantías definitivas a un grupo de pensionadas de ese centro asistencial. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en fallo de diciembre del 2010 confirmó la sentencia condenatoria, como autora responsable de las conductas punibles de prevaricato por acción en concurso real, homogéneo y sucesivo, pena principal 72 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Al parecer la exjueza condenada, huye de la justicia. Actualmente se le investiga por peculado por apropiación a favor de terceros, por esos mismos hechos.

De otro lado, el pasado 27 de mayo se le dictó sentencia al juez promiscuo de Guapi, Héctor Armando Torres, condenado por prevaricato, por cuanto concedió ilegalmente hábeas corpus a dos sujetos procesados por el delito de narcotráfico. El apoderado desistió del recurso de apelación y su defendido tiene que cumplir con la pena impuesta que es de 33 meses de prisión.

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