La justicia

Por Redacción en diciembre 22, 2020

Por Adriana Collazos, Esq.

En Colombia hay muchas cosas mal, por ejemplo, la pobreza, la corrupción, los pagos inequitativos y desiguales entre diversidad de trabajadores que realizan las mismas funciones, públicos y privados; algunos mal llamados contratos de prestación de servicios, la falta de apoyo del Gobierno central a las regiones, y la falta de normatividad y aplicación de la normatividad ya existente a las realidades que el país vive. Sin embargo, hay muchas reformas potenciales para mejorar la situación, y siempre hay personas dedicadas a entender cómo deben proponerse los cambios legislativos para estructurar una mejor Colombia.

Sin embargo, se debe propender por cambios legislativos realmente útiles para la sociedad y por una tecnificación de las leyes. Esto es, para generar cambios que sean prediseñados con el pensamiento crítico de un buen legislador y que terminen traduciéndose, de manera exquisita, en la producción de una buena ley o reforma a la Constitución. No se quieren más leyes importadas ni copiadas sin pensar en la sociedad a la que se aplicarán; o leyes llenas de “micos” o hechas a la carrera para resolver problemas estructurales. No se quieren leyes donde el legislador, pensador a quien se le evidencian todos los problemas del país, se olvide de la efectividad requerida y de la elaboración de una buena norma por estar haciendo campaña política.

Se quieren leyes realmente aplicables a las realidades de Colombia, que permitan al colombiano promedio entender con claridad qué debe hacer si cae en una situación específica, qué derechos tiene y por qué, y comprender las consecuencias legales de su actuar. No se quieren más normas que, a pesar de las buenas intenciones legislativas, no sean aplicables y efectivas.

Las ramas ejecutiva, judicial y legislativa del poder público, son los tres pilares que sostienen el Estado. Desde hace tiempo ya, se evidenciaron varias dificultades estructurales de la rama judicial, el cartel de la toga, los pagos que se hacen a los jueces, la falta de aplicación de las leyes, la falta de independencia de los jueces y los juicios políticos, entre otras, pero varios políticos han dicho querer reformarla. Se aplauden estas intenciones, sin embargo, se recomienda que se concentren en la reforma a la justicia, pues es demasiado amplia, aunque se hayan identificado otros problemas que podrían proponerse como proyectos de cambios normativos e incluso como actos legislativos a la Constitución Política porque son una necesidad. Esos problemas distintos a la reforma a la justicia se pueden dejar para más adelante, con todo el respeto.

Deberían concentrarse en el pájaro en mano, o en la justicia como problema, y no en cien, o mil pájaros volando. No hay quien arregle completamente a Colombia a través de una reforma, pero hay que tratar de hacerlo poco a poco.

Como lo hizo, por ejemplo Alemania cuando tumbaron el muro de Berlín, o Estados Unidos en la Gran Depresión. Arreglaron una cosa a la vez y no todas al mismo tiempo.

El referendo propuesto debe ser concreto y lograr su objetivo final que debería ser el cambio de la justicia, y este, no es un cambio sencillo, sino de tipo estructural. El Estado necesariamente es garante de cualquier referendo. Tenemos que superar los problemas de operación y efectividad de la rama judicial, y despolitizar y volver imparcial a la justicia. Con la finalidad de lograr este objetivo debe existir un código de conducta claro para los jueces y verdaderamente exigible, y no una simple norma que tiene la exigibilidad en veremos como hay muchas en Colombia.

Los jueces constitucionales, penales, de la Corte Suprema o cualquier alto tribunal, o un juez cualquiera, deben tener muchas características especiales distintas a las que se exigen de los practicantes del derecho. Y como decía el tratadista Ángel Osorio al referirse a los meros practicantes del derecho, se exige “…la rectitud de conciencia, (que) es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero es ser bueno, luego, ser firme, después ser prudente. La ilustración viene en cuarto lugar y la pericia en último”. Las características de un juez de cualquier tribunal deben ser aún más exigentes.

Entre ellas, ser paciente, digno del cargo, respetado, conocer del tema, tener la capacidad para decidir, pero además, y por encima de todos esos requerimientos, ser independiente e imparcial en sus razonamientos. Esto es lo que verdaderamente debe buscar el referendo como mecanismo de participación ciudadana sin lugar a equivocaciones, un sistema judicial basado en la imparcialidad y en la independencia, pues solo así se garantiza la consecución de la justicia para toda la colectividad.

El sistema judicial adecuado debe responder a los colombianos con entereza y encuadrar en un marco que le permita dictar sentencia en un tiempo establecido, de manera transparente y sin lugar a vestigios de corrupción, de tal forma que se encuentre una verdadera solución a los problemas y no se genere una carga más, no relacionada con los costos de la justicia para el ciudadano. Además, los jueces de Colombia deben ser totalmente independientes y no tener familiaridad o relación fiduciaria con la persona investigada, decidir sin sesgos ideológicos, de raza, religión o políticos. Lo anterior, para que no se sufran perturbaciones o sediciones ajenas a las propias de la función judicial de examinar objetivamente los hechos y el derecho, para decidir finalmente con justicia. Un juez de la república no debe permitir que su familia, su círculo social, su pensamiento político, sus vínculos financieros o de otra naturaleza, influencien judicialmente su conducta o su juicio.

La tendencia global se inclina hacia una mayor inamovilidad en el cargo empezando desde cero, una forma de elección clara y una sola alta corte. La inamovilidad y la elección clara, se consideran un elemento importante para proteger los jueces de las presiones externas, tales como salir a conseguir empleo después del ejercicio, o ingresos que les permitan la subsistencia, y por ende, el hecho de no poder desligarse de sus conexiones antiguas, o de lograr nuevos lazos y alimentar determinados vínculos.

El referendo, necesariamente, tiene que traer consigo la obligación de la redacción de un capítulo de prohibiciones y normas de conducta para los jueces, en el que se especifiquen las delimitaciones de los premios y por quién deben ser dados, donde se limite el ejercicio de la función claramente por los contratos millonarios que anteriormente tuvo con un expresidente, y no pueda ser juez de su contrincante el año siguiente; donde se aclare además, que no pueden tener cuenta de twitter que evidencie su vinculación política o su odio hacia las mujeres, y que si tuvieron cuenta en twitter, debió desaparecer con antelación a su ejercicio, no sé, seis meses, un año, dos. Se trata de garantizar que no puedan convertirse en mercancía para el mejor postor. Normas de conducta del ejercicio del derecho encaminado hacia la función judicial que sean exigibles.

Todo, para que no queden hilos sueltos

Es decir, si Colombia quiere mejorar verdaderamente su sistema judicial, se deben tener legisladores que se pongan en la tarea de mejorar el sistema, no solo en la normatividad aplicable y sistema de elección, sino también en el cambio de las conductas y su aplicabilidad. Cambiar el sistema judicial de la A a la Z.

Hay mucho trabajo para adelantar, y si se elimina la JEP y se deja una sola corte, el sistema judicial habrá cambiado, pero no desde su raíz, quién sabe si deba eliminarse, quizás convertirse en parte de la Corte Suprema como tribunal adscrito, pero seguimos condenados a un sistema judicial mediocre, proveniente de un país corrupto que debe cambiar y debe hacerlo para funcionar.

Recordemos la importancia y la función medular de la rama judicial dentro del Estado, entendamos qué se propone y resumamos los objetivos del referendo para el cambio del sistema judicial. Colombia lo pide a gritos.

Feliz navidad y año nuevo.

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