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Juntas de Acción Comunal adyacentes al Morro de Tulcán, solicitaron reunión con alcalde López

Por Redacción en diciembre 4, 2020

Voceros de comunidades payanesas quieren plantearle al mandatario propuestas viables para el manejo del Morro de Tulcán y se les informe sobre los “compromisos”.

En carta abierta al alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, de fecha 17 de noviembre de 2020, representantes legales de las Juntas de Acción Comunal, adyacentes al Morro de Tulcán, le solicitaron una reunión, con carácter urgente, a fin tratar directamente con el mandatario problemas relacionados con ese lugar. Piden que se les informe sobre los acuerdos a los que han llegado con comunidades indígenas, a espaldas de la sociedad payanesa, en más del 80% mestiza y que ninguna etnia, grupo o comunidad, puede reclamar exclusividad, ni reivindicar para sí “su derecho ancestral Territorial a la Memoria histórica identitaria.

Señalan, que como es de público conocimiento, el 7 de septiembre del año en curso, un grupo de indígenas Misak proveniente de Guambía, Municipio de Silvia, derribó la estatua del fundador de Popayán, atentando contra nuestro patrimonio cultural.

Añaden, que nadie niega que dicho lugar de culto ceremonial y religioso, fue construido por las etnias que habitaban el lugar, cientos de años antes que los invasores ibéricos conquistaran a sangre y fuego el espacio que hoy ocupa la ciudad, arrasaran y saquearan los caseríos existentes, asesinando a sus antiguos pobladores y apropiándose de sus tierras y bienes.

También, que en 1937 se instaló sobre la pirámide del Morro, el monumento arruinado, lugar visitado a diario por gran cantidad de propios y turistas con diferentes propósitos, entre otros observar el paisaje citadino. Por su ubicación, ningún otro lugar posee las singulares características del Morro para avistar Popayán. Lo único que falta es vigilancia que, de haber existido, no habría ocurrido el acto censurable, afirman.

Recuerdan, que el Morro de Tulcán es, concomitantemente, lugar y bien público, cuya administración corresponde a la Alcaldía de Popayán, entidad territorial que goza de autonomía (art.1, C.N.). Encierra interés cultural, histórico, arqueológico, recreativo, etc., razones por las que está bajo la “tutela” del Mincultura, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), de la Gobernación del Cauca y de la Alcaldía de Popayán.

Los firmantes de la carta abierta al alcalde de Popayán, señalan que según Acta del 25 de septiembre de 2020, se reunió la Mesa Macro Regional AISO, efectuada en La María- Piendamó, en la que “el pueblo Misak ratificó su derecho ancestral territorial a la memoria histórica identitaria y sagrada sobre la pirámide ceremonial de Tulcán”.

Dicha Acta, agrega la misiva, fue suscrita por representantes de diversas comunidades indígenas, por la ministra de Cultura, el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, funcionarios de los gobiernos departamental del Cauca y municipal de Popayán, y el defensor del Pueblo.

Cuestionan los ciudadanos payanes, representantes de juntas de Acción comunal, que se haya establecido que la subcomisión que se reuniría con el Icanh para determinar el tipo de investigación que se adelantara, estuviera conformada por ocho (8) representantes del Estado y ocho (8) de AISO, o sea indígenas.

Que en el acta respectiva quedó establecido, que para cumplir con sus fines esenciales, el Estado facilitará “la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (art. 2 C.N.).

Igualmente, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, (art. 7, C.N.), “en la cual estamos incluidos los Mestizos, mayoría absoluta -más del 80%- de nuestra población, sin otorgar más ni menos derechos y obligaciones a unas etnias sobre otras, esto es, las trata a todas en un plano igualitario”, dicen los firmantes de la carta abierta.

Sostienen, que con arreglo al art. 2, C.N., “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia […], y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Significa lo anterior, argumentan, que ninguna etnia, grupo o comunidad, puede reclamar exclusividad, ni reivindicar para sí “su derecho ancestral Territorial a la Memoria histórica identitaria y sagrada sobre la pirámide ceremonial de Tulcán”, máxime cuando han transcurrido cinco siglos desde la fundación de Popayán y por las razones constitucionales invocadas.

“Finalmente, señor alcalde, exigimos ser escuchados directamente por usted, con la finalidad de plantearle propuestas viables para el manejo del Morro de Tulcán y de que se nos informe sobre los “compromisos” -Acuerdos y Convenios- que la administración central, departamental, municipal y el Icanh, han acordado con las comunidades indígenas, a espaldas de la sociedad payanesa y, particularmente, de los barrios circundantes a la pirámide”.

Los firmantes, presidentes de las JAC, están a la espera de la respuesta del alcalde de Popayán

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