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Garantizar el derecho a la propiedad privada pide la SAG al entrante gobierno Petro

Por Redacción en agosto 3, 2022

Debemos repensar la Ley de Reforma Agraria, que en el Cauca se viene aplicando hace más de 40 años sin resultados, dice la dirigente gremial Isabela Victoria Rojas.

Por Aura Isabel Olano Correa

A propósito de temas que inquietan al sector productivo del Departamento, el periódico La Campana entrevistó a la presidenta ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAG), Isabela Victoria Rojas, acerca de los anuncios hechos por la designada ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño; las promesas de campaña del hoy electo presidente Gustavo Petro, de comprar para los indígenas fincas dedicadas al cultivo de caña de azúcar en el norte del Departamento, en las cuales, no solo ha aumentado la violenta invasión, sino las agresiones a propietarios, trabajadores y contratistas de esa agroindustria. Luego de obtener el triunfo en las urnas, el entrante mandatario ha exhortado al diálogo. En su cuenta de Twitter escribió: “Toda solución al conflicto por las tierras debe pasar antes que nada por el diálogo. Invito al movimiento indígena, a Asocaña y a los movimientos sociales del norte del Cauca, a iniciar el primer dialogo regional de Colombia por la Paz”.

Igualmente, la dirigente gremial se refirió a la designación del líder indígena, que pertenece al Cric, Giovani Yule,como director de la Agencia Nacional de Restitución de Tierras. También dijo que los ganaderos no se oponen a replantear esa industria, que incluso ya lo vienen haciendo, pero que obedezca a un plan concertado con el Gobierno. Llama la atención acerca de la improductividad de las más de 720 mil hectáreas entregadas por el Estado a etnias minoritarias, cuando lo que se requiere, tal como lo propone Petro, es sembrar comida. A estos y otros aspectos de interés para el Cauca, se refirió la presidenta de la SAG.

La Campana: La ministra de Agricultura designada, Cecilia López, ha dicho que en la reforma agraria del gobierno Petro se desestimulará la ganadería y que buena parte de esas tierras se destinarán a la agricultura. ¿Qué piensa la SAG al respecto?

I.V.R. Efectivamente, el país y el mundo están abocadosa proveer alimentos, puesto que la crisis mundial será alimentaria, pero se debe hacer un plan consensuado con el sector ganadero; he estado muy pendiente de las reuniones de este gremio, representado por Fedegan, y no está en contravía de esta propuesta, porque, incluso, de tiempo atrás, no de ahora, de manera voluntaria se vienen implementando sistemas sostenibles, de transformación e inmigración de algunos predios productivos, dependiendo del piso térmico.

L.C. ¿Con esa reforma se desabastecería el mercado de la carne en el país y habría que importarla?

I.V.R. Por eso es necesario que quienes conocen el sector estén sentados con el nuevo Gobierno, porque una decisión sin ser consensuada y concertada puede traer consecuencias, no solo de desabastecimiento interno, sino de afectación de las exportaciones de Colombia. Hoy el país está exportando animales en pie, abriendo nuevos mercados internacionales muy interesantes que le traen divisas al país, con perjuicio para la balanza comercial.

L.C. Giovani Yule, líder del Cric, será el nuevo director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. ¿Qué piensa usted de esta designación, cuando la política de esa organización indígena ha sido la invasión de tierras en el Cauca?

I.V.R. La Unidad Nacional de Restitución de Tierras cumple una función específica desde su nacimiento en el 2012 que es, precisamente, devolverles las tierras despojadas a las víctimas del conflicto armado. No estamos hablando de procesos de reforma agraria, ni de reivindicación de derechos de comunidades ancestrales, son dos roles completamente distintos. Esperamos que el señor Yule entienda cuál es su nuevo rol, entienda que hoy lo enmarca la Ley, bajo ese amparo debe actuar y como funcionario público debe garantizar su idoneidad, su objetividad y, por supuesto, su transparencia en cada una de sus actuaciones. Por su puesto que hay gran expectativa de si efectivamente va a entender su nuevo rol en función de reparar a las víctimas.

L.C. Teniendo en cuenta que desde su candidatura presidencial en el 2018 y en la que acaba de triunfar, Gustavo Petro les ha prometido a los indígenas las tierras del norte del Cauca, ¿cree usted que Yule en el Gobierno será pieza clave para ese propósito?

I.V.R. Yule no tendría injerencia desde lo institucional, porque estaría por fuera de sus funciones como director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. Ahora, las tierras en el norte del Cauca tienen propietarios legítimos con quienes el nuevo Gobierno tiene que sentarse a concertar para saber quiénes están interesados en una oferta voluntaria, medida que está en la Ley 760 de 1994, es un procedimiento legal, se debe avanzar en el marco de la Constitución y la Ley.

***Invasores han quemado hectáreas de caña de azúcar en el norte del Cauca, lo que ha generado cuantiosas pérdidas económicas.***

L.C. Se dice que todas las fincas que están dedicadas al cultivo de la caña de azúcar en el norte del Cauca, son de propiedad de los ingenios y de grandes propietarios, ¿eso es cierto?

I.V.R. Existen 3.300 predios, aproximadamente 42.000 hectáreas sembradas en el norte del Cauca; en todo el valle geográfico del río Cauca, que comprende cinco departamentos, son 250.000 hectáreas; pero veamos el norte del Cauca. De los 3.300 predios, el 75% corresponde a propietarios privados y el 25% a los ingenios azucareros. De ese 75%, el 65% no supera las 10 hectáreas. Es decir, que son pequeños propietarios: colonos, afros, mestizos. De manera que hay una gran desinformación sobre la estructura de la tenencia de la propiedad en el norte del Cauca. Igualmente, se habla de grandes terratenientes, en el Cauca ya no existen, los latifundios son los que se han ido constituyendo a través de los resguardos indígenas que son títulos colectivos, esa sí es una propiedad de terratenientes, es decir, de grandes extensiones en manos de una sola figura, como es el resguardo.

L.C. ¿Se conoce algún rechazo del Gobierno Departamental, en especial del gobernador Larrahondo, a la invasión de fincas del norte del Cauca y la agresión a sus trabajadores?

I.V.R. Quisiéramos que fuera más visible, más enfático y más sistemático, porque las agresiones son supremamente graves, sistemáticas, periódicas y permanentes; quisiéramos que se visibilizara aún más la solidaridad con un sector de trabajadores rurales, con un sector de propietarios que aportan lo que saben hacer, como es un trabajo digno que redunda en empleo y divisas para el país. Se conoce que 21 fincas están invadidas, se han perdido 3.500 empleos, las pérdidas superan los $ 100 mil millones, es irreparable el daño al medio ambiente por la quema de los cultivos de caña. También se han afectado plantaciones de piña, de café, la industria piscícola, entre otras actividades.

L.C. Los pequeños propietarios siembran la caña y la venden a los ingenios, otros tienen sus tierras alquiladas a esta industria. ¿Es así?

I.V.R. Así es.Cuando el propietario quierededicar su predio al cultivo de la caña de azúcar, la industria le da la posibilidad de tener dos tipos de vinculación: uno, que el propietario desarrolle el cultivo y le vende la caña y, el otro, el ingenio o la industria hace toda la labor de campo y le paga al propietario sobre kilos de azúcar o kilos de caña.

L.C. También existe la creencia de que los ingenios pertenecen a una sola empresa, ¿cuántos ingenios hay?

I.V.R. En el norte del Cauca hay tres ingenios que hacen presencia en ese valle geográfico: La Cabaña, Cauca y Castilla, que generan 48.000 empleos directos e indirectos, esta industria participa con el 8% del personal ocupado en el Cauca.

L.C. Hasta la década de los 60 del siglo XX, el Cauca fue una gran despensa agrícola, y ahora que el entrante Gobierno Petro está hablando de sembrar comida para acabar con el hambre, en las 1.3 millones de hectáreas que están en manos de minorías étnicas, de los 3 millones de hectáreas que tiene el Departamento, ¿qué se está cultivando?

I.V.R. Realmente no se conocen cifras oficiales de áreas sembradas en el territorio de comunidades étnicas, pues sabemos que allí opera una jurisdicción especial, en donde hay una cosmovisión y una autonomía propias. El gran reto es saber si efectivamente esas comunidades pasarán a formar parte del Estado colombiano y de las políticas del nuevo Gobierno, al que apoyan, para que, precisamente, las tierras que poseen cumplan la función social y ecológica que manda la Constitución. Esperemos que así sea, porque sería un gran avance para el Departamento y una gran apuesta para su desarrollo social y económico que tanto lo necesita.

L.C. ¿Qué petición especial le haría la SAG y en general el gremio ganadero y agricultor del Cauca al nuevo Gobierno respecto a la propiedad privada?

I.V.R. Que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada, que todos los proyectos y nuevas políticas que se pretenden implementar, muchas de ellas de carácter prioritario, como la producción de alimentos, que es un acierto, sean concertados. Que se efectúe la titularización a mujeres rurales, se formalice la propiedad para que aquellas personas que hoy no pueden acceder a un crédito por la informalidad de su posesión, eso sería un gran avance y una apuesta para que nos volvamos grandes productores de alimentos.

Respecto a la propiedad privada, existe toda la garantía constitucional y esperamos que, efectivamente, el Gobierno entrante nos brinde y continué protegiendo ese derecho que es pilar esencial y fundamental de la democracia.

L.C. ¿Cómo ve el Cauca las políticas que a cuentagotas están esbozando quienes integrarán el Gobierno que se instalará el próximo domingo 7 de agosto, respecto, por ejemplo, a la producción y reforma agraria?

I.V.R. En el Cauca este no es un tema novedoso. En el proceso de reforma agraria, creo que ha sido uno de los departamentos pioneros y el resultado está ahí: más de 720 mil hectáreas tituladas a comunidades indígenas de forma colectiva y más de 500 o 600 mil hectáreas en la Costa Pacífica, titulación colectiva por Ley 70 a comunidades negras. De manera que, si alguna región ha cumplido con ese aporte de la reforma agraria y con la reivindicación de derechos, ha sido este Departamento. El resultado, creemos, no es equitativo entre lo entregado por el Estado colombiano, y lo que hoy deberíamos estar produciendo en un Departamento con unas características especiales en cuanto a geografía, pisos térmicos y clima; podemos decir que en el Cauca se puede producir de todo, porque tenemos tierras de gran calidad.

L.C. Voceros de comunidades indígenas dicen que un gran porcentaje de sus tierras son bosque nativo y que no sirven para nada. ¿Será verdad?

I.V.R. Cuando dicen que en zonas de bosque no se puede hacer nada, que no valen nada, se puede afirmar que son las que más valen, por cuanto los países desarrollados compran bonos de oxígeno a excelentes precios, y representan gran ingreso para quienes hoy tienen el privilegio de poseer bosque tropical, natural y protegido. De manera informal se sabe que algunos miembros de comunidades indígenas a título personal venden esos bonos. Al respecto debe haber un pronunciamiento oficial de alguna entidad que conozca de ello y nos diga si realmente se está incursionando en esa actividad, lo que celebraríamos, porque aquí lo que queremos es que todos tengan bienestar e ingresos y sean productivos dentro de la legalidad de la economía.

L.C. Si la comunidad étnica es el 15% de la población del Cauca y tiene el 43% de las tierras del Departamento, ¿qué resultado arroja la que se dijo era reforma agraria?

I.V.R. Tenemos que repensar la Ley de Reforma Agraria, el país hacia dónde va a avanzar. Si la política del nuevo Gobierno es la producción de alimentos, el Cauca cuenta con áreas suficientes para producirlos, o vamos a seguir apostándole a la reivindicación de derechos con la mera tenencia de tierra, cuando ya el proceso de más de 40 años nos ha demostrado que ha sido un fracaso, lo dicen las cifras, no la SAG. Las necesidades básicas insatisfechas de la población indígena y de todo el Cauca, nos indican que no ha sido un proceso exitoso, simplemente se ha dedicado a la repartición de tierras sin acompañamiento ni apoyo integral.

***Isabela Victoria Rojas, presidenta ejecutiva SAG Cauca.***

En ese caso hay que ver las cosmovisiones de quienes han recibido las tierras, claro que existe un amparo constitucional de respetar esa cosmovisión, pero creo que durante muchos años se ha evolucionado hacia el desarrollo del país, y el reto que hoy afronta el mundo es la producción de alimentos. Es necesario dar un viraje en cuanto a la política y la visión. De manera que el gran llamado es a ver si en las políticas del Gobierno Petro entramos todos o entran unos.

L.C. Con el producto de los impuestos, no solo de los caucanos, sino de todos los colombianos, el Estado ha comprado las tierras para esas comunidades, también vía tributos se pagan los prediales a los municipios. ¿De qué se benefician el Estado y los contribuyentes, si no es a través de producción, empleo y desarrollo?

I.V.R. Creo que el día en que todos estemos en la misma sintonía de productividad, vamos a comprender lo que cuesta producir y sostener un entable productivo. Uno entiende que la Constitución trató de hacer una balanza entre quienes tienen protección del Estado por ser minoría, además de preservar su diversidad y patrimonio cultural, pero en la práctica lo que ha pasado hasta hoy es un desbalance total. Esta es una lectura muy personal, según la cual, lo que buscó la Constitución del 91 como igualdad de derechos, está totalmente revertido a una desigualdad de derechos, unas minorías que tienen arrinconadas a las mayorías, porque hay supremacía de derechos, que a través de una cosmovisión, de una ancestralidad se están vulnerando los derechos de otros, y esos derechos que parecieran fueran supremos, tienen muy agobiado a otro sector que también goza de derechos ante la Ley; entonces, ya no habría igualdad, lo que vemos es un desequilibrio de deberes y de derechos, de manera que hay que repensar, es un reto para este Gobierno, para los venideros y para el Estado colombiano. ¿Cómo vamos a poner en equilibrio los derechos y los deberes de los colombianos, independiente de su raza o de su convicción religiosa?

L.C. Cómo se puede repensar el Cauca, si cada día se fragmenta más, es como si este Departamento fuera diferente al resto del país, en donde convergen los problemas nacionales con los autóctonos.

I.V.R. No creo que el Cauca sea tan diferente al resto del país, lo que pasa es que aquí ha habido unos liderazgos positivos y negativos. En toda la Nación hay titulación colectiva de tierras, lo que pasa es que en el Cauca faltó autoridad, concertación y liderazgo político para la defensa de los derechos vulnerados, y esto hizo carrera, además de la irresponsabilidad de muchos funcionarios estatales que, por superar una coyuntura de orden público, comprometió la estabilidad jurídica y administrativa.

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