“Estamos completamente desamparados”: Propietario de hacienda García Arriba

Por Redacción en septiembre 1, 2016

Mientras el 29 de agosto de 2016 cesaba el fuego bilateral, para poner fin a la violencia de medio siglo, 200 indígenas arremetían nuevamente contra la hacienda García Arriba, en Corinto.

“A ese man lo vamos a matar”. Esa macabra advertencia la hacían, una y otra vez los indígenas del cabildo Páez de Corinto, mientras revolcaban la casa de la hacienda García Arriba, en donde viven el mayordomo, su esposa y sus cuatro pequeños hijos que, asustados, veían cómo empujaban violentamente a su mamá, destruían el televisor y otros enseres de esta familia campesina.

La amenaza de muerte era contra el dueño de esa propiedad rural, ubicada en el Municipio de Corinto, norte del Cauca, Álvaro José Saa, quien viene soportando los atropellos de indígenas, que en número de 200 aproximadamente, volvieron a arremeter contra esa propiedad privada, en la que se cultiva caña de azúcar y que reclaman para ellos, bajo la consigna de que la “madre tierra” les pertenece.

De nada sirve denunciar los atropellos

El 25 de diciembre de 2014 los indígenas irrumpieron de manera violenta en la hacienda García Arriba, instalaron cambuches y agredieron a los trabajadores. En enero de 2015 el propietario Álvaro José Saa, quien fue golpeado por los indígenas, puso las respectivas denuncias en la Fiscalía de Corinto, pero a la fecha no hay pronunciamiento de ese ente investigador. Ese mismo año se efectuaron por parte del Esmad cuatro desalojos y se presentaron las respectivas querellas, sin embargo regresaban a invadir con cambuches.

Dañaron los enseres y electrodomésticos de la familia del mayordomo.

En el 2016 cambiaron la táctica, ya no instalan cambuches, entran a la finca destruyen las plantaciones de caña y arrancan la recién sembrada. El cultivo que tenga más de seis o sietes meses lo queman. Esas quemas están acabando con los suelos fértiles y contaminan el medio ambiente.

El 27 de junio de 2016 más de 150 indígenas entraron a la hacienda García Arriba y quemaron 60 hectáreas de caña de azúcar, de cuatro, cinco y seis meses de sembradas, además acabaron a punta de machete la caña de dos y tres meses. Les quemaron los maletines a los trabajadores, en los que portaban su alimentación y documentos. Quienes entraron de forma ilegal a la finca, llevaban escopetas y pistolas, armas con las que intentaron matar a los trabajadores, que tuvieron que huir hacia la vía Panamericana en busca de protección para salvar sus vidas.

Desde el día anterior a ese ataque, el propietario Álvaro José Saa estaba alertado de lo que iba a pasar y les avisó a la Policía y al Ejército Nacional, pero no recibió apoyo oportuno. Cuando llegaron los agentes y soldados, ya todo estaba destruido, habían acabado con los cultivos, atentado contra los trabajadores y su tranquilidad, poniendo en riesgo sus puestos de trabajo.

En lo corrido del 2016 grupos de indígenas han irrumpido en esta propiedad privada en varias ocasiones: el 16 de mayo, lunes; el 27 de junio, lunes; el 8 de agosto, lunes y el 29 de agosto, lunes. Llama la atención que esas acciones delictivas las lleven a cabo el primer día de la semana.

La esposa del mayordomo y sus hijos, luego de que los indígenas entraran a su casa y destruyeran sus pertenencias.

El 8 de agosto de 2016 arrancaron el cultivo de caña, agredieron con machete al propietario de la hacienda, propinándole dos heridas en el muslo derecho. También a tres trabajadores, a uno de ellos lo hirieron en una pierna, en la espalda y en la cara, por lo que fue suturado.

Álvaro José Saa está advertido de que el lunes 5 de septiembre volverán a su hacienda. Y, lo más grave, de nuevo lo amenazaron de muerte.

“Estamos completamente desamparados”

Además de atropellar a la esposa del mayordomo, que se encontraba sola con sus pequeños hijos y de dañar los enseres de esta familia, destruyeron una motobomba, quemaron un Jeep, regaron los abonos y herbicidas, le dijo al periodicolacampana.com el propietario de la hacienda García Arriba, Álvaro José Saa.

“Les he escrito a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo. Al propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, en una reunión le comenté sobre estos atropellos a la propiedad privada, y me respondió: “Eso no puede estar ocurriendo”. Sin embargo nada ha pasado. Estamos completamente desamparados, no acuden ni la Policía ni el Ejército, que aparecen después de los daños causados, cuando es su deber proteger la propiedad privada y la integridad de los trabajadores. No he hecho nada malo para que me ataquen”, afirmó Álvaro José Saa.

Trabajador herido en una de las arremetidas de los indígenas a la hacienda García Arriba

Al parecer, el desamparo del que se queja este cañicultor, que genera empleo en la región y paga impuestos, no solo es por parte del Estado, sino también de sus propios gremios como Asocaña y Procaña, que no han materializado su apoyo ante los atropellos sufridos. El periodicolacampana.com, en mensaje dirigido a Martha Cecilia Betancourt Morales, directora ejecutiva de Procaña, preguntó la posición de ese gremio frente a las acciones de hecho que se vienen cometiendo contra el industrial Álvaro José Saa, los trabajadores y la propiedad García Arriba, pero no ha obtenido respuesta.

Además de la hacienda García Arriba, los indígenas atentan contra otras nueve fincas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar en el norte del Cauca, porque dicen que esas tierras fueron de ellos y las van a recuperar de todas formas. (Ver video)

Respaldo de la SAG

Desde hace varios años la SAG Cauca, de la cual es afiliado el cañicultor Álvaro José Saa, lo ha venido apoyado en esos lamentables episodios y le ha brindado acompañamiento ante las distintas instancias del Estado, como la Fiscalía, Policía, Ejército, CTI, Gobernación, Alcaldía de Corinto, etc., dijo Isabella Victoria Rojas, directora ejecutiva.

Agregó, que la hacienda García Arriba es emblemática, es una de las más antiguas del Valle del río Cauca. En la época de la colonia perteneció a familias del Cauca Grande, y cuando lo desmembraron, siguió en territorio del Cauca, porque sus dueños residían en Popayán y no en Cali.

Esta hacienda fue vendida a la familia Eder, y allí ocurrió el primer secuestro registrado en Colombia, el de Harold Eder, que fue asesinado.

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