El presupuesto general de la Nación para el 2023 es de $ 405.6 billones, superior en 15.1% al de 2022

Por Redacción en octubre 19, 2022

El Congreso de la República lo aprobó mayoritariamente en las plenarias. Educación tendrá el presupuesto más alto.

La inversión será de $74 billones, superior 6,3% frente a 2022 y es más alta que la proyectada inicialmente de $ 62,7 billones. Tendrá énfasis en la transición energética y la búsqueda de la paz total.
Descontando la deuda pública, cuyos recursos están garantizados, los sectores que tendrán más dinero serán educación, salud y protección social, hacienda, defensa y policía, trabajo, e inclusión social y reconciliación.

Por mayorías en Senado y Cámara de Representantes, el presupuesto general de la Nación para el año 2023 fue aprobado por $ 405,6 billones, superior en 15,1% al de la actual vigencia de 2022.

Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que el presupuesto 2023 es la carta de navegación financiera del Gobierno para el próximo año, frente a los retos que plantea la pospandemia, en un entorno internacional complejo, caracterizado por la inflación mundial, la desaceleración económica, las elevadas tasas de interés y el freno al riesgo financiero hacia las economías emergentes.

Agregó, que con el presupuesto aprobado se hará una política fiscal inteligente, ya que se prioriza la inversión social, gracias a una racionalización del gasto. Por eso, la inversión crece 6,3% frente a 2022 y totaliza $74 billones, superior a los $62,7 billones propuestos inicialmente por la anterior administración nacional.

Agregó que, con esta mayor inversión, la política fiscal ayudará a fortalecer la resistencia de la economía colombiana frente a la adversidad internacional, mediante la expansión y diversificación de las cadenas de producción y de suministro, en línea con la transición energética y la búsqueda de la paz total.

Explicó que los gastos de funcionamiento aprobados suman $ 253,6 billones, 20,1% más que en la actual vigencia. El incremento se justifica por los recursos destinados a reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, para lo cual se destinará el 1,3% del PIB el próximo año.

El ministro Ocampo Gaviria, además sostuvo, que el presupuesto incluye recursos para cubrir el servicio de la deuda pública, con $78 billones. También, confirmó que se mantiene el déficit fiscal y la deuda pública dentro de los parámetros financieros sostenibles.

El articulado aprobado no incluye los posibles recaudos que genere la reforma tributaria, actualmente en trámite en el Congreso.

Otras disposiciones

El ministro de las finanzas añadió que, sin el servicio de la deuda, los sectores con mayores recursos para 2023 son educación ($ 54,8 billones); salud y protección social ($ 50,2 billones); hacienda ($ 48,7 billones); defensa y policía ($48,3 billones); trabajo ($37,9 billones); inclusión social y reconciliación ($17,8 billones).

Con la norma aprobada se podrán fortalecer las transferencias monetarias contra el hambre, la sustitución de cultivos y la implementación de programas de paz en las zonas de conflicto; fomentar la seguridad alimentaria mediante la producción agrícola; mejorar el mantenimiento de vías y caminos vecinales; preservar el medio ambiente; mejorar la infraestructura en educación y cerrar brechas digitales en zonas apartadas; en cultura y deporte, entre otros temas centrales.

También, se incluyeron disposiciones para luchar contra la inflación, como los subsidios de energía eléctrica y gas, y subsidio del 50% del costo de la energía y gas natural que consuman los distritos de riego.

Contiene, además, medidas para atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno; la prevención y gestión del riesgo de desastres; aliviar el pago de las deudas del Icetex; cofinanciar el déficit de los sistemas de transporte masivo; atender los pasivos en salud de la atención de la emergencia ocasionada por el covid-19 y fortalecer las labores de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a la protección de los derechos ciudadanos.

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