El fracaso de la descentralización municipal
Opinión por: Álvaro Casas Trujillo
Continuamos con nuestra labor pedagógica para contribuir a la difusión del conocimiento en temas constitucionales.
El artículo 311 de la Constitución Política de Colombia establece que el Municipio es la Entidad Fundamental del Estado; así mismo, le asigna las siguientes funciones:
1. Prestar los servicios públicos que determine la ley
2. Construir las obras que demande el progreso local
3. Ordenar el desarrollo de su territorio
4. Promover la participación comunitaria.
5. Promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
6. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.
Desde la reforma constitucional de 1986, que estableció la Elección Popular de Alcaldes, se inició un proceso de descentralización municipal que consiste en trasladar competencias del Poder Central, es decir de los organismos nacionales, hacia los entes municipales, por mandato de la Ley, para que estos las ejerzan con autonomía administrativa.
Este proceso se impulsó mediante la expedición de las leyes 11 y 12 de 1986, los Decretos Leyes 77, 78, 79, 80 y 81 de 1987 y con la ley 136 de 1994, considerada como el Estatuto Básico de la Administración Municipal, con las modificaciones contenidas, especialmente, en la ley 1551 de 2012.
El saludable proceso de fortalecimiento municipal, apoyado con los derechos de las entidades territoriales, que consagra el artículo 287 Superior, ha tenido una gran dificultad y es que, el creciente traslado de nuevas responsabilidades a los municipios, no ha estado acompañado de nuevos recursos que les permitan atender en forma adecuada ese cúmulo de nuevas obligaciones.
En otras palabras, el propósito descentralizador del Constituyente de 1991 se ha frustrado, porque el excesivo centralismo fiscal ha impedido que se fortalezcan financieramente los municipios, a pesar de los recursos que llegan por las transferencias del Sistema General de Participaciones, que tienen destinación específica.
A ello se agrega el alto grado de corrupción que se presenta en los municipios, donde los recursos son insuficientes, porque muchos de los alcaldes llegan con el propósito de desfalcar la entidad territorial, para enriquecerse, a costa de los impuestos que paga la comunidad.
Al respecto, es muy importante tener en cuenta que, durante el llamado posconflicto, los municipios tienen un papel protagónico, porque es desde sus territorios donde se implementan la mayoría de los Acuerdos de la Habana y del Teatro Colón.
Por lo anterior, es fundamental que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República arbitren nuevos recursos para que los municipios cuenten con el suficiente soporte fiscal para responder al reto histórico de ayudar a construir una nueva Colombia.
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