El árbol envenenado

Por Redacción en agosto 16, 2020

Por Adriana Collazos, Esq.

El sistema judicial en Colombia “debe ser” justo, imparcial, veloz y sin tinte político, si se quiere que el país crea en él. Las normas que regulan el actuar de la sociedad deben ser claras, pensadas de manera programática, investigadas e igualmente interpretadas por los jueces. Y el Ejecutivo debe ser el orientador de la política del país después del ejercicio del voto libre y democrático de la comunidad. Aunque los integrantes de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial no representen a todos los ciudadanos, todos asentimos dentro de un consenso electoral y votamos conociendo que existía la posibilidad de la derrota. Y en ese sentido, la derecha, izquierda y centro se deben los unos a los otros la convivencia pacífica y respetuosa, sin odios ni represalias.

Sin embargo, y a pesar de las diferencias ideológicas de las personas, las tareas confiadas a cada una de esas ramas son fundamentales para la existencia de la sociedad ordenada; y por ende, la tarea de las autoridades, los jueces, el presidente, sus ministros y los congresistas, también lo es. No se debe perder nuestro rol protagónico para moldear a Colombia con responsabilidad, tal y como la arcilla moldea un florero para adornar una casa.

Ustedes y yo que no somos autoridades en este país, tenemos como ciudadanos un llamado a tomar responsabilidad en la formación del Estado con sus respectivas ramas del poder público cada vez que votamos, y no debemos dejarlo de largo. Por esa razón es tan importante moldear a los hijos y a nosotros mismos con la educación en el hogar y en las instituciones, a través de la enseñanza de historia, principios, ética y valores. Además, debe ser nuestro objetivo lograr la formación de los niños y jóvenes, para que desarrollen la capacidad de razonamiento crítico sobre la información que reciban por medio de noticias, profesores o formadores. Solo así podremos tener una patria más justa y más coherente.

La rama del poder público con mayor trascendencia, es necesariamente la rama judicial, pues nadie está exento de algún proceso que ella conozca. Además, ejerce control sobre las otras dos ramas. Por lo anterior, Colombia debe tener jueces imparciales, prudentes, íntegros, objetivos y con ética profesional; y para esto, es necesario el cambio del sistema judicial, o de lo contrario, realizar un cambio un poco más profundo.

Como lo había dicho en reiteradas ocasiones, el sistema judicial requiere una verdadera reforma que le permita ganar credibilidad ante los asociados y tener jueces que no adopten posiciones políticas, indiferente a que cada magistrado tenga alguna tendencia de esa índole. Nadie pide cosas imposibles, simplemente, que cuando deben juzgar o decidir sobre la libertad de una persona, especialmente, la de un político importante, se quiten el sombrero de militantes políticos, para ponerse el sombrero de jueces de la Patria. Lo anterior, porque tienen la tarea de impartir justicia y, por ende, deben ser capaces de ver más allá de las valoraciones políticas de un sujeto y de sus gustos o disgustos por la política misma. De lo contrario, no estamos frente a un Estado Social de Derecho, sino frente a una sociedad barbárica.

Las tres ramas del poder público deben tener la integridad y la independencia para que cada una de ellas pueda verificar la otra y sea garantía de derechos y deberes cumplidos. Solo así se pueden garantizar los derechos fundamentales de las personas que conforman la sociedad.

En la última semana y media hemos visto cómo la Corte Suprema de Justicia decidió privar de la libertad al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, tras una investigación de testigos falsos, por los delitos de soborno y fraude procesal. Además, las opiniones encandecidas de los miembros de las FARC, Petro y Juan Manuel Santos, respecto a la inocencia del presidente; y también, las opiniones clementes de presidentes de diversos países y gremios de distintos sectores. Evidenciamos además, las demostraciones de cariño y afecto de la población colombiana, que salió multitudinariamente a las calles a pitar, hacer cordones humanos y aplaudir al expresidente, sin importar su nivel social, su cultura, o su raza, en medio de la problemática de salud. Incluso, hemos visto el apoyo de otros partidos de derecha. Finalmente, fuimos testigos de la providencia histórica de la Corte, de más de mil quinientas páginas, que el acusado debió contestar en tres días solicitando recursos jurídicos.

Hay cuatro puntos a analizar del caso del ex presidente Uribe que generan preguntas y por eso llaman a un cambio urgente en el sistema judicial. La teoría del árbol envenenado, la credibilidad de testigos, la proporcionalidad de la imposición de la medida y la relación abogado-cliente.

Respecto a la teoría del árbol envenenado, figura literaria del estudio del derecho, hace alusión a la valoración de las pruebas en materia penal, indicando que si la prueba reina es obtenida irregularmente o es ilícita, da por resultado la nulidad de la misma por vulnerar los derechos fundamentales del individuo y no produce efecto alguno. Su ineficacia se extiende a todas las otras pruebas que de ella derivan. Esta teoría fue usada por la Corte en varias decisiones en los años 2005, 2009, 2016, entre otros, además del caso del guerrillero Reyes, al momento de desestimar los computadores encontrados en el campamento.

De ahí que sea tan cuestionable que la Corte tenga por pruebas válidas, las interceptaciones realizadas al ex presidente Uribe, aun cuando el funcionario del CTI informó que tenía el teléfono incorrecto y dio noticia de los hechos a la Corte para que esta actuara con la diligencia debida. Sin embargo, la Corte continúo con las interceptaciones de dudosa legalidad.

De otro lado, y en referencia a la posible impugnación y contrainterrogatorio de testigos por falta de credibilidad que es muy importante para la defensa, el abogado del imputado afirmó que no pudo realizarlas efectivamente. Más aún, cuando los testigos son todos convictos y podrían beneficiarse de favores de lado y lado. Ambas actuaciones procesales podrían revelar el prejuicio, la inconsistencia con otro testimonio o con la evidencia física, omisiones y la falsedad a la verdad, entre otras. Personalmente, quisiera entender cuáles fueron las razones de la Corte para no permitir estas actuaciones y también la motivación de los jueves para dejar de lado el caso contra el senador Iván Cepeda y sus dádivas a testigos, y continuar con el del ex presidente Uribe. Más ahora que el Tuso Sierra dijo que Iván Cepeda había ofrecido ayudas y beneficios para que declarará en contra de Uribe.

Si bien es cierto, se debe recordar que las medidas de aseguramiento, especialmente las cautelares, deben tener por fundamento el ser proporcionales con los hechos, tomar en cuenta la conducta del acusado frente a las actuaciones procedimentales y la gravedad de la conducta delictual y el nexo causal. No es justo ni proporcional que un acusado que se presume inocente y siempre se ha presentado ante los jueces para los procedimientos que se adelantan, ahora se convierta en preso porque de acuerdo a la justificación de la Corte, puede potencialmente influenciar el proceso si no lo está.

Pareciera entonces que se estuviera imponiendo una pena “política” y desnaturalizando el proceso que debe llevar la sala de instrucción, pues la única forma en que el ex presidente Uribe puede influenciar a la población, es a través de su discurso político. Y bueno, hay otras argumentaciones que también producen preguntas para justificar la medida de aseguramiento, como por ejemplo, la tipificación de las conductas, si son delitos de resultado o verdaderamente de mera conducta, si existió dolo, entre otras.

Es verdad que la ley debe ser para todos y nadie pide ningún tratamiento especial, pero entonces no debemos tener la vista tan gorda frente a casos como el de Santrich, Odebrecht, el elefante, las bolsas de dinero de Petro, y otros tantos que también debieron conocer las altas cortes por la calidad política de los implicados. Además, en los momentos en los que efectivamente conocieron de los hechos, no dictaron ninguna medida. Lo anterior, para que los colombianos sepan que pueden contar con seguridad jurídica y justicia digna e independiente para los futuros casos de la historia.

Finalmente y respecto a la relación de abogado y cliente, ambos mayores de edad y con intereses propios, es inadmisible que se diga que un abogado solo actúa porque su cliente así lo quiere en cuestiones relacionadas con el caso concreto. Es decir, un abogado puede también realizar la conducta punible independientemente, por razones personales y no determinadas, por ejemplo, el querer ganar un caso insignia para un político de gran influencia en Colombia.

Lectores, se debe tener coherencia para esperar que responda una estructura del Estado de forma coherente. Es el sistema judicial el que viene cojeando de manera persistente, y no porque el ex presidente Uribe sea juzgado hoy, no, si no porque la izquierda, la derecha y el centro de este país, deben garantizarles a los colombianos que si llegaran a ser juzgados, lo serían por jueces neutrales, imparciales, prudentes, objetivos y despolitizados. De lo contrario, el camino es oscuro, peligroso y lleno de espinas, no solo para el ex presidente Uribe, sino para todos los que hemos dicho lo que pensamos y para todos los que han callado.

Se puede caer en un mal Gobierno, o en un mal Congreso, cuando se tiene un sistema judicial sólido y que funcione de conformidad con la ley. Lo anterior, porque así los colombianos de a pie tienen garantía de una verdadera justicia. Sin embargo, cuando la justicia falla repetidamente, dicha garantía se pierde en el camino, y se tiene el peor de los escenarios posibles, y un problema institucional insolvente que puede perdurar por décadas en una sociedad.

No serán palabras que se vayan por el río sin eco alguno, porque Colombia merece ser un mejor país, con un mejor futuro y con mejores garantías para vivir en sociedad.

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