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Economía circular, la apuesta de Colombia en gestión de servicios de agua potable y aguas residuales

Por Redacción en octubre 8, 2020

Para la implementación de esta política se destinarán $ 31.646 millones y en su desarrollo se involucrarán entidades del Gobierno nacional.

El inminente crecimiento de la población de Colombia y su consecuente aumento en la demanda de agua, afectaría la sostenibilidad en el largo plazo de las áreas urbanas, en particular, en la provisión de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Lo anterior, exige que el país gestione el recurso hídrico bajo un modelo de economía circular, con el cual se pueda asegurar el suministro de agua potable y el manejo adecuado de aguas residuales, de forma que haya aportes significativos a la sostenibilidad de las ciudades colombianas y, en el largo plazo, a la mejora de la calidad de vida a la población.

Con base en ello, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la Política de Economía Circular en la Gestión de los Servicios de Agua Potable y Manejo de Aguas Residuales, cuyo objetivo es, por una parte, implementar el modelo de economía circular en la prestación de dichos servicios, mejorar las capacidades institucionales y de gobernanza, y por otra parte, desarrollar mecanismos de gestión de la información para garantizar tanto la disponibilidad de agua en el largo plazo, como la prestación de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales en condiciones de calidad y continuidad.

La política está alineada con la visión del país en materia de aprovechamiento de recursos de forma que puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales, y con los compromisos internacionales establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las principales acciones se encaminan a la protección del recurso hídrico, el tratamiento de aguas residuales y el fortalecimiento del marco institucional para promover el reúso de agua en el territorio, a fin de alcanzar metas conducentes al cumplimiento de los ODS, como suministrar agua apta para el consumo al 100% de la población, alcanzar 68% de tratamiento de aguas residuales, reducir a 30% las pérdidas de agua e incrementar el número de personas con acceso a acueducto y alcantarillado.

Para la implementación de la política se destinarán $31.646 millones y en su desarrollo se involucrarán entidades del Gobierno nacional como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, junto con el DANE y el DNP.

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