¿Cuáles son los retos del derecho frente a la crisis de la democracia en el siglo XXI?

Por Redacción en enero 18, 2024

Por Hernán Alejandro Olano García.

El 2024 me recibió con un nuevo compromiso académico y profesional, para asumir la decanatura del Colegio Jurídico y de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC y, contestar diversas preguntas, entre ellas, al que le da título a esta columna: ¿Cuáles son los retos del derecho frente a la crisis de la democracia en el siglo XXI?

Realmente, la relación entre el derecho y la crisis de la democracia en el siglo XXI presenta varios desafíos significativos. A continuación, se mencionan algunos de los retos más destacados que, tanto a docentes, como administrativos y estudiantes, nos corresponde asumir para dar respuesta a las propuestas de reforma a la justicia que han comenzado su trámite por estos días.

En primer lugar, la protección de los derechos fundamentales, ya que, en un contexto de crisis democrática, esa protección se vuelve crucial. Los sistemas legales deben asegurar la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la igualdad y otros derechos fundamentales para contrarrestar posibles amenazas a estos principios en tiempos de crisis, como ya lo hemos visto en nuestra propia región.

En segundo lugar, el respeto por la independencia judicial, que es esencial para mantener el equilibrio y la separación de poderes en una democracia. Los gobiernos pueden intentar debilitar o influenciar el sistema judicial para consolidar su poder. Proteger y fortalecer la independencia judicial es un reto clave para garantizar la vigencia del Estado de derecho.

En tercer lugar, regular la desinformación, pues esta y las fake news representan una amenaza para la integridad del proceso democrático. El derecho debe adaptarse para abordar eficazmente estos problemas, ya sea mediante la creación de leyes que penalicen la difusión de información falsa o mediante la promoción de la alfabetización mediática y digital.

En tercer lugar, fomentar la participación ciudadana en su totalidad, ya que en una democracia es esencial, no puede ser el atributo de los que votan, frente a los indiferentes o apáticos, quienes en realidad son los que más se quejan de su suerte. Los sistemas legales deben promover mecanismos que fomenten la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el control del poder; para eso existen las consultas populares, referendos y otros mecanismos de participación directa.

En cuarto lugar, la adaptación a la tecnología, puesto que la rápida evolución tecnológica plantea nuevos desafíos legales, especialmente en relación con la protección de la privacidad, la ciberseguridad y la regulación de las plataformas digitales. El derecho debe adaptarse para abordar estos problemas y garantizar que la tecnología no sea utilizada para socavar la democracia.

En quinto lugar, el combate a la corrupción, que, si bien debería ser el primero, no interesa en el orden, siempre y cuando tengamos presente nuestro ético actuar, pues la corrupción debilita las instituciones democráticas y socava la confianza de la ciudadanía en el sistema. Fortalecer las leyes y los mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción es esencial para mantener la integridad del sistema democrático.

En séptimo lugar, la inclusividad y la diversidad, dentro de los límites de la moral. Los sistemas legales deben ser inclusivos y representativos de la diversidad de la sociedad, esa es una realidad de los tiempos actuales, por lo cual, garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su género, etnia, orientación sexual u otras características, es esencial para una democracia robusta. Según el profesor Carlos Arturo Olano, “Una justicia básica, pronta, eficaz y efectiva es la semilla para una real democracia, mucho más que centrarla en reformar o aumentar las «Altas Cortes», que solo incita a tener más choques de trenes y a despistar a la base de la democracia, que es el pueblo, sin solucionarle los aspectos fundamentales”.

Finalmente, algo muy novedoso en su nombre, “defensa del espacio civil”, pero, que no es más que un término nuevo para remozar en control del mandante, el pueblo, a sus mandatarios. Las democracias saludables requieren un espacio civil activo y vibrante. Las leyes deben proteger la libertad de asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión para asegurar que la sociedad civil pueda desempeñar un papel crítico en la supervisión del gobierno.

Enfrentar estos retos implica un esfuerzo conjunto de legisladores, juristas, ciudadanos y actores internacionales para fortalecer el marco legal y promover los valores fundamentales de la democracia.

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