Con incertidumbre se conmemoró el Día Internacional de los DH

Por en diciembre 11, 2017

Por Gabriel Bustamante Peña
Candidato al Senado por la Alianza Verde

Se cumplen 69 años desde que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un ideal común que deben perseguir todos los pueblos del mundo. 1948, el año, precisamente, en que en Colombia fue asesinado Jorge Eliecer Gaitán y se desató con mayor fuerza ese cúmulo de odios heredados que llamamos La Violencia.

En medio de las dramáticas escenas de dolor, muerte y destrucción que dejó la segunda guerra mundial, la humanidad pudo concertar esta Carta Fundamental de Derechos, en una discusión llena de obstáculos y tropiezos marcados por la emergente guerra fría y en medio de los conflictos armados de descolonización en los que se hallaban inmersas las naciones participantes. De ahí que esta Declaración represente un hito fundamental de la globalización de los derechos humanos, cuyo mayor mérito histórico radica en que, a pesar de las enormes contradicciones políticas e ideológicas de la época, se logró llegar a un consenso humanitario que plasma el ideal de derechos fundamentales que debe tener todo ser humano en cualquier situación o circunstancia.

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Desde entonces se desarrollaron dos grandes consecuencias: la primera, que se otorgó a todas las personas del mundo la garantía de protección de sus derechos humanos fundamentales sin distingo de raza, condición social, creencia religiosa, posición política, o condición sexual; y en segunda instancia se responsabilizó a los Estados por no proteger, promover y respetar la dignidad humana y los derechos humanos que de ella se derivan. Desde ese momento se reconfiguró la democracia más allá del voto, como el sistema político que protege, promueve y respeta los derechos humanos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; colectivos y del medio ambiente.

En Colombia la conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos se vivió en medio del primer año de la firma del acuerdo de paz, y el fin de la guerra que, frente al optimismo que deja el desplome de cifras como las de homicidio (por la cual hoy están vivos más de tres mil colombianos), la inmensa disminución del desplazamiento forzado, las desapariciones, el secuestro, la violencia sexual, las víctimas de minas antipersona, y la entrega efectiva de 9.000 armas por parte de las FARC, existe incertidumbre y zozobra por la suerte de la aplicación de los acuerdos, el proceso de paz con el ELN, la política de combate o rendición de las Bacrim y el paramilitarismo, que quedaron en medio de un debate político turbio y polarizado entre quienes abogan por cumplir los acuerdos y apostar por políticas de construcción de paz, y quienes han manifestado su intención de volver trizas los acuerdos e intentar incendiar de nuevo el país, especialmente en una guerra frontal contra el ELN, y la estigmatización política y social de los integrantes de la extinta guerrilla de las FARC.

La nueva agenda de derechos humanos se moverá ahora en la transición de la guerra a la paz, transición que no será fácil como lo han demostrado los más de doscientos asesinatos de líderes comunitarios, sociales, ambientales y de víctimas, especialmente de zonas donde tenían presencia las FARC y al Estado le ha quedado grande llegar y ocupar el territorio.

Agenda de derechos humanos que necesariamente deberá articularse a las políticas de reincorporación, que han sido bastante mediocres y cuyo peligro de fracaso es alto y podrían terminar afectando la no repetición de acciones violentas ante la inminente migración de los excombatientes hacia la disidencia, el ELN o las Bacrim, de no tomarse correctivos a tiempo frente a las opciones económicas y sociales de los ex miembros de las FARC.

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Política de derechos humanos que deberá reclamar ante el vacío en la garantía de derechos fundamentales por la inobservancia del acuerdo de paz, especialmente en tres puntos esenciales:

Primero, la ausencia de una política de reforma rural integral, lo cual deja sin dientes la posibilidad de cumplir los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes rurales, que para empezar no tienen ni tierra en la cual ejercer sus derechos, lo anterior preocupa porque el Gobierno no tiene ni proyecto de reforma rural, el fast track ya terminó, y hoy no hay ni cómo recuperar tierra, ni recursos para comprar, ni jurisdicción agraria para reclamar.

Segundo, la violación del acuerdo político ante la no aprobación de la reforma política, por lo cual no se pudieron corregir los vicios históricos de clientelismo, corrupción y exclusión de grandes franjas de la población, especialmente pobre y rural, y la grosera y grotesca actitud del Congreso al no aprobar las circunscripciones especiales de paz que les reconocían representación a las víctimas en las zonas más abandonadas y martirizadas en la guerra.

Y tercero, el grave engaño al que se ha sometido a las víctimas de la guerra, las cuales fueron puestas en el centro de los acuerdos y alabadas como el fin último de la paz, pero que en la aplicación de los acuerdos han sido desplazadas y excluidas en los más importantes instrumentos que se han empezado a aplicar. Fueron sacadas de los planes de desarrollo con enfoque territorial, PDET; no se menciona su papel en la Jurisdicción Especial para la Paz, ni se desarrolla su derechos de contradicción, ni su participación en las penas retributivas; y lo peor, ni siquiera se reformó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras para sincronizarla con la aplicación de los acuerdos de paz, simplemente la Ley 1448 de 2011 se está dejando acabar por la inercia de la inoperancia, y las víctimas fueron excluidas, incluso, del Plan de Inversiones para la Paz.

Por lo anterior, la mejor reflexión que nos debe dejar la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, es que sin un Gobierno y un Congreso comprometidos con la paz- entendiendo la paz como el respeto y garantía de los derechos fundamentales, ahora que terminamos la guerra- podemos no solo no lograr superar la grave problemática de violaciones sistemáticas a la dignidad humana de inmensas franjas de la población, sino retroceder a escenarios de violencia iguales a los que vivimos o, incluso, peores de lo que conocemos.

La buena noticia es que el rumbo del país y el cumplimiento de los derechos que la humanidad pactó hace 69 años, hoy está en nuestras manos, en la forma como votemos para elegir al próximo presidente y los próximos congresistas de Colombia y exijamos el cumplimiento de los acuerdos de paz y la profundización de la democracia.

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