Con fecha perentoria Procuraduría exige respuesta sobre continuidad de créditos del Icetex
El organismo de control requirió a los ministerios de Hacienda y de Educación y al Icetex, para que respondan por los recursos educativos.
Mientras en campaña el hoy presidente Gustavo Petro prometió condonar deudas de los jóvenes con el Icetex, hoy los estudiantes, especialmente de universidades privadas no han podido pagar los dos semestres del 2024 y las instituciones de educación superior tienen un gran déficit por ese incumplimiento, debido a que el Ministerio de Hacienda no ha trasladado los recursos al Icetex, y el Ministerio de Educación no ha hecho la gestión para que esos dineros se desembolsen.
La situación se hizo evidente ante el país, debido a la denuncia en redes sociales de la Fagotista, Karina Muñoz, quien ganó una beca del Icetex con el mayor puntaje para adelantar estudios en Barcelona, España, pero estando en esa ciudad, le notificaron que se la retiraban, con argumento nimio esgrimido por la directora de esa institución, Patricia Abadía Murillo.
Las destempladas declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien dijo que el Icetex pertenecía al Ministerio de Hacienda, el jefe de esa cartera, Ricardo Bonilla, desmintió a su colega Rojas, al afirmar que los recursos llegan a Mineducación y este los distribuye al Icetex.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, requirió formalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) información detallada, que deberán entregar el próximo 25 de noviembre de 2024, sobre la asignación, programación y desembolso de recursos destinados a la financiación de créditos educativos para el segundo semestre de 2024 y el año 2025.
Ante la alerta emitida por el Icetex sobre la insuficiencia de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, que afecta las renovaciones de créditos y matrículas de educación superior de miles de estudiantes, la Procuraduría ha solicitado lo siguiente:
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Informar el monto total del presupuesto asignado al sector educación para el año 2024.
- Detallar el cronograma de desembolsos realizados al sector educación durante 2024, con una descripción mensual de las transferencias realizadas y las pendientes.
- Precisar la cifra de recursos que aún no se han transferido al sector educación.
- Presentar la programación presupuestal completa para el sector educación correspondiente al año 2025, especificando los recursos destinados al Icetex para la renovación de créditos educativos y nuevas matrículas
2. Ministerio de Educación Nacional
- Explicar la priorización de los recursos proyectados para diciembre de 2024 y el primer semestre de 2025 en relación con el Icetex, incluyendo los destinados a cubrir renovaciones de créditos y matrículas de educación superior.
- Especificar el monto total del presupuesto asignado al Icetex para la vigencia 2024 y detallar cuánto de este ya ha sido transferido a la entidad.
- Indicar los recursos pendientes de entrega al Icetex para 2024, con fechas claras sobre cuándo serán desembolsados.
- Presentar un desglose del presupuesto sectorial educativo programado para el año 2025.
3. ICETEX
- Proveer un reporte detallado sobre el monto de recursos programado para 2024 por concepto de renovaciones de créditos y matrículas, así como los desembolsos efectuados mes a mes.
- Informar los recursos que aún están pendientes por desembolsar a las instituciones de educación superior, explicando las causas de los retrasos.
- Evaluar las consecuencias e impacto que podrían generarse a raíz de estas demoras en el cumplimiento de los compromisos con estudiantes y universidades.
- Precisar las fuentes de financiación utilizadas para cumplir con las obligaciones de 2024 y proyectar los recursos necesarios para el año 2025
La Procuraduría deja claro que cualquier retraso o incumplimiento en la asignación de recursos no solo vulnera acceso al derecho a la educación de miles de jóvenes colombianos, sino que también compromete el desarrollo y el bienestar del país.
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