“Ciudades carcelarias”

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Pareciera que al gobierno nacional no le importaran el Departamento del Cauca, y mucho menos su capital.

Editorial julio de 2013

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Cómo es posible que a una región azotada y diezmada por la violencia desde hace tantos años, que ha dejado incalculable número de muertos, heridos, enfermos y mutilados, en lugar de brindarle las condiciones para que pueda desarrollar proyectos de verdadero impacto social y económico, que la redima no solo de la miseria, sino de la terrible violencia, le pretenda dar la administración Santos, la ampliación de la cárcel de San Isidro, o la construcción, en ese mismo predio, de una supuesta “colonia agrícola” para delincuentes no “tan peligrosos”.

¿Cuál será la diferencia entre una cárcel y una colonia carcelaria? Si se quiere acabar con el hacinamiento que hay en Popayán, pues amplíen las instalaciones de San Isidro para ofrecerles más comodidad a los actuales reclusos. ¿Quién se opondría a ello? Pero, de lo que se ha venido hablando desde hace tiempo, es de hacer más cárceles de máxima seguridad, en seis regiones del país, entre ellas Popayán.

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Ante el rechazo unánime, ahora se quiere dorar la píldora, haciéndonos creer que es casi una “huerta” para niños un poco díscolos, cuando ha trascendido que se ampliarían los cupos para más de 2.000 presos. A defender la iniciativa enviaron al delfín Miguel Samper Strouss, viceministro de Justicia, quien cambió el rótulo de “megacárcel”, por el de “colonia agrícola” y dejó más dudas de las que había.

Popayán se resiste a albergar más presos, situación que le acarrearía nuevos problemas sociales y de seguridad. Además es inconcebible que a un Departamento como el Cauca, que ha vivido en medio de la violencia, el Gobierno Nacional, en lugar de contribuir con proyectos más amables que rediman de la tristeza a un pueblo víctima de la atrocidad, lo único que le ofrezca sea una cárcel para Popayán, ciudad a la que han llegado a refugiarse casi 90.000 víctimas del conflicto armado, de las 200.000 que hay en el Departamento.

En la reciente reunión en el Concejo de Popayán, el viceministro de Justicia, Miguel Samper, pudo palpar el rechazo general a la construcción de una cárcel, llámese “mega” o como se quiera. Se pronunciaron los concejales, los congresistas que asistieron, el alcalde, los representantes gremiales y voceros de las comunidades. Fue una postura monolítica, que ojalá se mantenga cuando se trate de defender los intereses regionales y de trabajar en favor del desarrollo comarcano, porque lo que ha faltado es unión de voluntades, de ahí que se quieran imponer desde arriba decisiones, como en el caso que nos ocupa, sin tener en cuenta la opinión ciudadana.

Pero no solo el Cauca y Popayán rechazan la ampliación de la cárcel. También lo están haciendo el gobernador de Boyacá y el alcalde de Cómbita, municipio que está en las goteras de Tunja. La penitenciaria de Cómbita solo le ha llevado inseguridad a esa tranquila región, que de pronto se convirtió en receptora de delincuentes de todas las pelambres, en especial del paramilitarismo y narcotráfico. Nunca antes en esa zona se habían presentado casos de sicariato, en particular en Tunja, terrible experiencia para esa histórica ciudad. Delincuentes de alta peligrosidad, en su inmensa mayoría procedentes de otras zonas del país, son visitados en Cómbita por sus familiares y compinches, muchos de los cuales han establecido su “residencia” cerca al penal, lo que tiene aterrados a los vecinos.

El grave problema de hacinamiento carcelario en el país, lo tendrá que resolver el gobierno nacional de otra forma, sin sacrificar a ciudades como Popayán y Tunja que, paradójicamente, contribuyeron a la formación de Colombia como Nación, y que ahora se les pretenda retribuir, no con obras de progreso, sino con “colonias agrícolas”.

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