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“Cartel de enfermos mentales” en Sucre

Por Redacción en octubre 2, 2017

Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.055 millones

La Contraloría General de la República dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de más de $1.055 millones por el denominado “Cartel de los Enfermos Mentales” en el departamento de Sucre, suma por la que, si es encontrado responsable fiscal, tendría que responder, con su propio patrimonio, el Gobernador del momento en que se dieron los hechos cuestionados, Julio César Guerra Tulena, en su calidad de representante legal de la entidad territorial. El ex mandatario fue vinculado al proceso y, según lo ordenado por el organismo de control, deberá responder en versión libre, decisión que se le notificó personalmente como dispone la Ley.

El “Cartel de los Enfermos Mentales” se originó en pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre, con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP-, a favor de varias IPS, con base en documentación falsa y sin que se hubieran practicado a los supuestos pacientes los tratamientos que se estaban facturando.

Pagos irregulares superaron los $5 mil millones

Las irregularidades habían sido detectadas por la Contraloría General de la República en una auditoría efectuada a la Gobernación de Sucre sobre la vigencia 2015, en la que se evidenciaron los pagos efectuados a favor de las IPS Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral Manantiales S.A.S., Clínica Santa Isabel Ltda., Fundación Libertad y Fe, Fundación Nuevo Ser, Fundación Sembrando Esperanzas, y la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S.

El total de los pagos irregulares superó los $ 5.000 millones de pesos, basados en diagnósticos falsos en los que las IPS soportaron su facturación, órdenes de internación sin soporte y múltiples irregularidades en las historias clínicas de los inexistentes pacientes.

En el caso de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S., el médico psiquiatra que figura firmando las historias clínicas de los supuestos pacientes, Gustavo Zambrano San Juan, manifestó no haber firmado ninguno de los documentos usados por la IPS para soportar sus facturas y que nunca había prestado sus servicios a esa entidad, por lo que su nombre había sido usado ilegalmente.

A pesar de la gravedad de las irregularidades e inconsistencias, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre continuaron avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago que después fueron suscritas y pagadas por el mismo gobernador Julio César Guerra Tulena.

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