Aquí entra el hombre, no el delito

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Por Gabriel Bustamante Peña

En 1998 la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-153, declaró el estado de cosas inconstitucional, respecto a la situación de las cárceles en Colombia, debido especialmente a las condiciones inhumanas de hacinamiento y las situaciones de violencia, corrupción y violación de los más esenciales derechos de los reclusos y sus familias.

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Hoy, 15 años después, la solución de nuevos cupos, que consistió esencialmente en construir más cárceles, como las de Popayán, Acacías, Valledupar, o Combita, resultó insuficiente, y nos enfrentamos nuevamente al desborde de la capacidad de estos centros de reclusión, el mantenimiento de las violaciones de los derechos de los reclusos, y la incapacidad del Estado colombiano de construir una política penitenciaria moderna y acorde a nuestra realidad.

Política que debe dialogar, no solo con el sistema de justicia (que es otro desastre), sino con el sistema educativo y cultural, que ha demostrado su incapacidad de contener las tendencias al delito, que no son explicables solamente por cuestiones de pobreza y exclusión social.
Sumado a lo anterior, subsisten problemas, como que gran cantidad de los que están en las cárceles son sindicados (no condenados), y eso es culpa de los jueces y fiscales que no actúan a tiempo. Por otro lado, los presos pobres quedan en manos de los abogados de oficio, que por lo general hacen su trabajo de mala manera.

La otra cara de la monedad son los reclusos con privilegios, que gozan de celdas estrato seis, comidas especiales, visitas conyugales a cualquier hora del día, y continuos permisos de salida. Presos que tienen el dinero para comprar, no solo el confort de una celda amplia, cómoda y hasta lujosa, sino que, en muchos casos, tienen la guardia a su servicio, trabajando prácticamente para complacerlos.

Ahora, la función resocializadora, prácticamente inexistente, no debe ser una tarea solo del Inpec, debe ser un compromiso de toda la sociedad. La empresa privada y el Estado deben ayudar a convertir ese potencial humano encerrado en las cárceles, en un instrumento de trabajo y desarrollo, construyendo instalaciones carcelarias que tengan talleres de diversa índole y opciones de reconstrucción de vidas.

Pero si de reconstruir el sistema penitenciario se trata, lo primero que hay que desterrar es el fenómeno de la corrupción de las cárceles del país, que ha convertido en un lucrativo negocio la privación de la libertad de muchos, la angustia de sus familias y la burla de criminales de cuello blanco o grandes capos, al sistema de justicia.

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