Anuncian acciones judiciales frente a declaratoria de Estado de Ruina del centro comercial Anarkos
Copropietarios alegan que decisión de la Administración Municipal de Popayán fue unilateral y hasta dictatorial.
Por Aura Isabel Olano
La declaratoria, a través de Resolución, de estado de ruina e inminente peligro de colapso de la totalidad de los inmuebles ubicados en la mazana 99 del barrio Centro de Popayán, los cuales conforman el centro comercial Anarkos, no ha sido de buen recibo por parte de copropietarios, según ellos, por la decisión unilateral e inconsulta adoptada por la Administración Municipal de Popayán.
En la parte sustancial de la Resolución 20221000019664 del 17 de marzo de 2022, proferida por el alcalde, Juan Carlos López Castrillón, se “ordena a los propietarios presentar a consideración de la Alcaldía un plan integral de demolición, de manejo y gestión de riesgos, residuos de construcción y escombros, y de tránsito, que sean revisados y autorizados de forma previa al cumplimiento y ejecución de la orden de demolición”.
Igualmente, en ese acto administrativo se determina como tiempo para la presentación del plan de demolición por parte de los propietarios, de 10 días calendario para cada uno de los componentes antes citados, incluida la demolición total, a partir de la ejecutoria de dicha Resolución.
“Si en ese lapso de tiempo este plan no es presentado, el Municipio procederá a realizar esta intervención por su cuenta propia”, reza la Resolución referida.
Al respecto copropietarios afirman, que es imposible en 30 días ejecutar esa resolución, además sin recursos técnicos, jurídicos ni financieros.
Decisión unilateral
Copropietarios del centro comercial Anarkos le dijeron a este portal, que la Resolución, declarando el estado de ruina del inmueble fue conocida por ellos y por los comerciantes a través de redes sociales como Facebook, es decir, que la decisión se tomó de manera unilateral por parte de la Alcaldía de Popayán.
De su lectura se desprende que la Resolución tiene varias etapas y que de manera anticipada la Administración Municipal ha estado caminando el proceso, ha cotizado un peritaje, pero no puso en conocimiento de los copropietarios esa información, por lo tanto, no se conoce, señaló uno de ellos.
Sostienen, que esa no es la forma como se les notifica a los codueños la demolición del inmueble, esta se debe hacer a cada uno, de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
“Cuando leo el listado, veo que está incompleto, desactualizado, debido a que varios de los copropietarios fallecieron, lo que es de conocimiento al interior de la Asamblea del centro comercio Anarkos”, aseveró otro interesado.
Agregó, que la Alcaldía tiene la facilidad de oficiarle a la Oficina de Instrumentos Públicos y que esta, en el término de la distancia, le envía todos los certificados de tradición con los que había pedido hacer, por lo menos, una planilla y tener conocimiento de quiénes han sido los últimos propietarios.
En asamblea de copropietarios, sus sucesores presentaron la condición de propietarios, por consiguiente, los fallecidos no deberían aparecer en dicho listado.
Que el Municipio haga la demolición
En cuanto a nuestra familia, dijo otro de los propietarios, considera que la demolición por parte del Municipio es una buena opción, porque la copropiedad como tal, no tiene capacidad técnica, ni jurídica y tampoco el dinero para asumirla. “La Administración Municipal puede hacerlo y pasarnos la cuenta respectiva, porque para nosotros sería una gran responsabilidad, pero la decisión unilateral de declarar el estado de ruina, adoptada por el alcalde López, fue agresiva y hasta dictatorial”, comentó otro afectado.
Añadió que, si bien la Administración hace la demolición y cobra, debe, de antemano, socializar ese proceso, informar cómo se va a ejecutar, quién lo hará, cuánto tendrá que pagar cada propietario. En cuanto al cobro por la demolición, se debe hacer conforme al coeficiente de la propiedad que posee cada uno, dado que alrededor del 60% de la población dueña, tiene un valor porcentual pequeño.
No se efectuaron mesas técnicas
Desde el 16 de enero de 2020, copropietarios del Anarkos solicitaron establecer mesas técnicas para trabajar conjuntamente con la Alcaldía, labor que se delegó en la Secretaría General, no obstante, pasaron dos años y no se convocaron.
Insisten en que la Resolución no les ha sido notificada por la Administración Municipal y que no se socializaron los soportes técnicos para llegar a la decisión de demolición del inmueble.
Acciones jurídicas y administrativas
Cristian Sterling Quijano, director de la firma de abogados Sterling & Lawyers, que apodera a varios copropietarios del centro comercial Anarkos, a través de redes sociales afirmó que, la Resolución por medio de la cual se ordena la demolición del Anarkos, no se acopló a los parámetros de la Ley 1802 del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, que establece que, ante el estado de ruina debe hacerse partícipes a los copropietarios del inmueble.
Sostiene que esa firma de abogados, que notificó al Municipio de Popayán antes de que profiriera la Resolución para que vinculara a los copropietarios, teniendo en cuenta que, si bien la Administración local tienen un concepto sobre qué se debe hacer con el centro comercial Anarkos, la comunidad y los copropietarios también lo tienen.
A renglón seguido aseveró, que por ello se tomarán acciones administrativas y judiciales; se iniciará el recurso de reposición que establece el mismo acto administrativo para que el Gobierno Municipal “reverse la decisión y con la participación de todos, consensuada o no, por medio de un inspector urbano, como lo establece la Ley 1801, se tome una decisión amparando el debido proceso. Con ello también se iniciarán las demandas judiciales de nulidad simple para que ese decreto pueda ser suspendido”.
No obstante, aclara el apoderado Sterling Quijano, que esto no es capricho de los comerciantes, tampoco de los copropietarios, de querer que la situación del centro comercial Anarkos siga indefinida, sino que para muchos su único patrimonio se encuentra ahí enterrado, por tanto, deben tomarse medidas hasta cuando se logren definir las acciones legales en los juzgados administrativos las cuales se están surtiendo.
Añade, que cada pronunciamiento de la Administración Municipal en contra del centro comercial Anarkos está generando desvalorización del inmueble, propiciando que algunas personas quieran aprovecharse de esa situación y adquirir a bajos costos las propiedades.
“Se les informa a los copropietarios y poderdantes que vamos a realizar todas las actuaciones que sean necesarias con el fin de que sus derechos y su patrimonio se mantengan y de esa misma forma puedan ser resarcidos los perjuicios que se causaron”, dice el abogado.
Igualmente, advierte que se han iniciado las acciones posibles contra la Administración Municipal y que se estudian otras que se presenten de ahora en adelante.
Hacer el duelo, acto simbólico
Un grupo de copropietarios del Anarkos quiere hacer el duelo, despedir ese inmueble con un acto simbólico por considerar que en la manzana 99 del sector histórico, unos desarrollaron su vida familiar en los apartamentos; otros su profesión, porque tenían oficinas y quienes cumplieron su actividad comercial.
Pero, no solo ellos, los copropietarios, desean despedir al que fue el primer centro comercial que tuvo Colombia, en el que se reunían varios servicios: vivienda, comercio, oficinas, teatro y parqueadero. También los asiduos compradores, clientes, familiares de propietarios. Para muchos, fue el teatro Anarkos testigo de su primera invitación en pos de conquista amorosa. El almacén de discos se convirtió en el sitio de reunión de melómanos, lo mismo de quienes encontraban la música perfecta para regalar a sus parejas; la cafetería satisfacía los paladares con sus provocativas empanadas y otras delicias.
Dicen que la Semana Santa que se avecina, sería la ocasión precisa para hacer el duelo, la despedida, a través de una oración.
En fin, recuerdos de ese centro comercial hay muchos desde 1971 cuando su constructor, el Municipio de Popayán, lo entregó al servicio de la comunidad con 195 unidades privadas, que se fueron subdividiendo hasta sobrepasar las 500, de las cuales están legitimadas 372 en el reglamento de propiedad horizontal. La Administración Municipal fue vendiendo y actualmente posee solo el 19.86%.
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