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Alerta por ocho eventos de alteración al orden público en el suroccidente del país

Por en octubre 17, 2024

Procuraduría repudia las infracciones al DIH cometidas por disidencias de las Farc, pide a Mindefensa redoblar esfuerzos de inteligencia y operaciones de control territorial.

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta urgente tras los ocho eventos de alteración al orden público registrados en las últimas 72 horas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Estos hechos incluyen siete hostigamientos en seis municipios del Cauca y un atentado con explosivos en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

En el Cauca se han reportado dos hostigamientos en Corinto, uno en Suárez, uno en Miranda, uno en Toribío, uno en Jambaló y otro en Argelia, donde, además, se registraron combates en el marco de una operación militar y la activación de minas antipersonal que dejaron a dos militares heridos. Entretanto, en Valle del Cauca un atentado terrorista tuvo lugar en Jamundí, a solo 40 minutos de Cali, cerca de la estación de Policía, dejando un uniformado herido y daños materiales.

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La Procuraduría repudia las múltiples y sistemáticas infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por el grupo ilegal, disidencias de las Farc en estos departamentos, como el uso de niños, niñas y adolescentes en las hostilidades, la instalación de minas antipersonal y otros explosivos en viviendas de población civil, así como el uso de drones con explosivos que dejaron 17 civiles heridos y advierte sobre la creciente inseguridad en la región, especialmente en vísperas de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), que se llevará a cabo en Cali en los próximos días. 

El ente de Control insta al Gobierno nacional y, particularmente, al Ministerio de Defensa, a redoblar esfuerzos de inteligencia militar, patrullajes y control territorial, con el fin de garantizar la seguridad, tanto del evento internacional, como de los habitantes de las zonas afectadas por esta ola de violencia.

El Ministerio Público continuará vigilando de cerca las medidas adoptadas por las autoridades locales, departamentales y nacionales para proteger los derechos humanos de las comunidades en las áreas afectadas y restaurar la paz y la seguridad en la región.

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