A propósito de la implementación de los acuerdos de la Habana

Por Redacción en febrero 2, 2017

Por Jairo Hernán Ortíz Ocampo (*)

Pie de Foto: La reintegración es el esfuerzo a mediano plazo para que los desmovilizados se integren a la vida ciudadana, a la lógica laboral y a nuevos espacios de participación política que no sean los de la guerra.

Así como subrayé, en artículos anteriores, la importancia de una salida política y no armada al conflicto con las FARC, debo también llamar la atención sobre la situación crítica del Departamento del Cauca frente a la implementación de los acuerdos alcanzados en la Habana y por consiguiente a la desmovilización de los miembros de las FARC. Hay que decirlo claramente, el panorama social, político y económico del Departamento no cambiará de manera significativa en tiempo reciente. Se prevé, por el contrario, un estancamiento debido a la etapa de transición de estos grupos guerrilleros a movimientos políticos. Una etapa de muchos “tires y aflojes” y/o rupturas en el que aparecerán, como lo estamos viendo hoy en día, sectores de extrema derecha y de la misma izquierda que se opondrán al cambio del “status quo” y por lo tanto a la pérdida de privilegios que por muchas décadas han tenido en su poder. Pero no nos engañemos: la desmovilización, en su primera etapa, implicará solo la dejación de las armas (no entrega) y por consiguiente no la desarticulación de las estructuras y jerarquías de la organización armada. Se espera que la desarticulación se produzca posteriormente. Habrá un periodo de “prueba” para que los acuerdos logrados sean encauzados de manera positiva y/o para que se lleven al plano real (no al de la retórica) las condiciones respectivas que los posibiliten. Soy un escéptico moderado al respecto.

Esa experiencia de “desarme” y posterior reinserción de las FARC que probablemente observaremos los colombianos, tendrán unas características muy distintas a las que han tenido otras experiencias de desmovilización, tales como las del M-19, PRT, EPL y MAQL (años 1990 y 1991).

Según los registros, más de 3.000 excombatientes se desmovilizaron. En estos casos específicos de desmovilización, la entrega de armas, la reinserción y la reintegración se produjeron simultáneamente. No sobra decir que la reinserción es una etapa de la desmovilización y posteriormente debe permitir de manera plena la etapa final, la reintegración.

La reinserción tiene que ver con la ayuda inmediata que debe ser brindada por el Estado a los excombatientes para sobrevivir en el corto plazo, una vez dejen las armas y se desmovilicen. La reintegración es el esfuerzo a mediano plazo para que los desmovilizados se integren a la vida ciudadana, a la lógica laboral y a nuevos espacios de participación política que no sean los de la guerra. La implementación de los acuerdos se convertirá en un proceso largo y complejo, más si reconocemos la situación crítica que ubica al Cauca como unos de los departamentos con los niveles más bajos de desarrollo y de producción. Posee un índice de desarrollo escaso de 2.3% del Producto Interno Nacional (PIN). El 46.4% de la población del departamento presenta necesidades básicas insatisfechas, veinticuatro de los cuartea y dos municipios tienen niveles altos de pobreza, el 41.5% no alcanza a cubrir sus gastos mínimos con sus ingresos, contamos con una tasa de 36.6% con población desnutrida, el 33% de los caucanos en edad escolar se encuentra por fuera del sistema educativo, una tasa de analfabetismo del 12.1%, en la zona Pacífica del Departamento es de 39% y persisten prácticas políticas tradicionales que han mantenido la corrupción política como algo natural y por lo tanto, como algo inevitable. Corrupción que se ve reflejada en la poca capacidad de gestión de sus mandatarios, en los desvíos de recursos y en el clientelismo.

La minería ilegal, al igual que el narcotráfico, está relacionada con el desplazamiento forzado y el despojo de tierras que se han producido en el Cauca.

Este panorama del Cauca ha obedecido a un proceso con profundas raíces históricas. No sobra agregar que la adquisición de tierras por la dinámica del narcotráfico, también transformó de manera significativa las particularidades de la cuestión agraria: primero, aumentó los niveles de monopolio de la propiedad, concentró la propiedad en pocas manos, generando con ello desplazamientos masivos; segundo, elevó los precios de las propiedades; tercero, propicio el inicio de grupos de autodefensas; y cuarto, trajo consigo problemas de uso de la tierra. En cuanto a la minería ilegal, al igual que el narcotráfico, está relacionada con el desplazamiento forzado y el despojo de tierras que se han producido en el departamento. No es casual que los mayores índices registrados de despojo de tierras sean precisamente de las zonas en donde se desatollan estas actividades. En consecuencia, creer que por cuenta de la implementación exclusivamente de los acuerdos alcanzados en la Habana está la posibilidad de cambiar los elementos estructurales de la inequidad y vulnerabilidad en la cual se encuentra la región, es una falacia. Hay que trabajar un nuevo modelo de desarrollo, incluyente con las zonas rurales del país. Recuperar la vocación historia de las tierras, que son netamente agrícolas. El Departamento tiene que resolver decididamente y al mismo tiempo sus dos grandes conflictos: el conflicto armado y el conflicto agrario. El conflicto armado es uno de los conflictos que se debe resolver, pero no es el único. Se deben resolver los problemas estructurales de la inequidad social y de la pobreza, si queremos desmontar la cultura de la violencia en el cual nos encontramos inmersos.

(*)Docente Programa de Ciencia Política Universidad del Cauca

jhernanortiz@unicauca.edu.co

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