San Isidro, en Popayán, es una de las cárceles desde donde se estaría extorsionando

Por Redacción en abril 21, 2017

Una operación de la Fiscalía en 10 cárceles del país deja a 201 individuos identificados como presuntos extorsionistas.

Pie de Foto: San Isidro, en Popayán, es una de las cárceles desde donde, presuntamente, se está extorsionando.

Ante la preocupación por las extorsiones que se vienen originando desde los centros penitenciarios del país, por instrucción del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, Neira, se llevó a cabo una cruzada nacional para afectar a los responsables de la comisión de estos delitos de los que sigue siendo víctima la ciudadanía.

La Operación Demoledor, que es la segunda acción contundente que se adelanta en respuesta a la iniciativa del Fiscal General, se logró con un trabajo conjunto entre fiscales Gaula, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula Policía, Gaula Militar y la policía judicial del Inpec; en total, participaron 1.883 funcionarios.

Este operativo se inició el 17 de abril y culminó hace pocas horas, dejando como resultado 10 cárceles allanadas y 201 personas identificadas ─34 que al parecer delinquían desde los centros penitenciarios y 167 que se presume hacían parte de las redes que operaban en el exterior de las mismas─ quienes estaban encargadas de reclamar los giros, producto de las extorsiones.

La Fiscalía dio a conocer los resultados de la ‘Operación Demoledor’, mediante la cual se allanaron 10 cárceles en el país.

El objetivo de la operación fue combatir, de manera paralela, la extorsión carcelaria con la corrupción, razón por la cual se cambió la intervención a las cárceles por allanamientos, y se adelantaron los procedimientos en las penitenciarías de La Picota (Bogotá), Cómbita (Boyacá), Guaduas (Cundinamarca), San Sebastián La Ternera (Cartagena – Bolívar), Las Mercedes (Montería – Córdoba), Doña Juana (La Dorada – Caldas), Pedregal (Medellín – Antioquia), Palo Gordo (Girón – Santander), San Isidro (Popayán – Cauca) y La Vega (Sincelejo – Sucre).

En los allanamientos fueron incautados 246 celulares, 205 Sim card, 25 USB y micro SD, 4 módems, 53 cargadores y baterías, 29 agendas con información de posibles víctimas y 160 armas blancas.

El material electrónico incautado será sometido a un riguroso análisis forense que le permitirá a la Fiscalía General de la Nación establecer quienes eran las víctimas y reunir evidencia digital relacionada con correos electrónicos, accesos a páginas web, videos, fotografías y vínculos con otras personas dedicadas a esta actividad criminal.

Los afectados eran ciudadanos, en su mayoría comerciantes, ganaderos y vendedores.

Según la investigación, los delincuentes tenían varias formas de extorsionar, por ejemplo, identificarse como cabecillas de grupos ilegales y hacerse pasar por autoridades para evitar ser vinculados a procesos judiciales.

La Fiscalía aplicará la acción de extinción de dominio sobre los bienes de quienes resulten vinculados a estas conductas y a quienes, siendo funcionarios públicos, facilitaron el accionar de los delincuentes.

Asimismo, los funcionarios públicos que estén asociados con este delito serán vinculados a procesos penales.
Dentro de la iniciativa del Fiscal General de combatir las extorsiones que se generan en muchos casos desde las cárceles, la primera acción que arrojó resultados fue cuando fiscales Gaula reactivaron procesos por extorsión. Gracias a ello, en marzo se realizó una operación en el centro penitenciario Picaleña (Ibagué – Tolima), donde se impactaron varias organizaciones, cuyos cabecillas se encontraban recluidos en esa cárcel. Igualmente, se impactaron bandas que actuaban fuera de la penitenciaría.

El resultado del operativo fue evidente. Al realizar el censo delictivo semanal se logró establecer una importante disminución en las denuncias sobre extorsión en las seccionales de Tolima, Risaralda y Valle del Cauca, que estaban afectadas por ese flagelo.
Este trabajo mancomunado entre la Fiscalía, a través de su policía judicial CTI; la Policía Nacional, el Ejército y el Inpec, reflejado en la Operación Demoledor, evitó el pago de más de $ 5.000 millones mensuales en extorsiones.

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