Familias del Cauca rompen maridaje con la coca
Alrededor de 1.500 familias productoras de hoja de coca del vasto Municipio de El Tambo, Cauca, se decidieron por la sustitución de este cultivo de uso ilícito.
Se trata de un nuevo grupo de hogares campesinos, dedicados desde hace mucho tiempo al cultivo de coca en el municipio de El Tambo, ubicado a 33 kilómetros de Popayán, capital del Departamento del Cauca. Estas familias acaban de firmar con el Gobierno Nacional un acuerdo para dejar atrás la siembra, resiembra de coca y cualquier tipo de relación con la explotación de esa planta.
Son 1.500 familias en 1.800 hectáreas en ese extenso Municipio, de un poco más de 50.000 habitantes, al que históricamente se le conocía como la despensa del suroccidente del país y mayor productor de chontaduros en Colombia, cultivo que en muchos casos dejaron de lado por dedicarse a la coca. Hoy, esos tambeños se suman al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), presentado por la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, y las FARC.
En el encuentro del jueves 2 de marzo de 2017 efectuado en El Tambo, Cauca, participaron el director de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería para el Posconflicto; la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Cauca, Alexandra Miller Restrepo; el Alcalde de El Tambo, Celio Urresty, líderes y representantes de organizaciones campesinas cocaleras.
De esta manera, dice la Presidencia de la República, ya son más de 64 mil familias cocaleras ubicadas en más de 70 mil hectáreas en los departamentos de Putumayo y Guaviare, y en los municipios de Vistahermosa (Meta), Cumaribo (Vichada), La Montañita (Caquetá), Tibú (Norte de Santander), y Magüí Payán, Roberto Payán, Barbacoas y El Charco (Nariño).
Para garantizar la participación de las comunidades, se creó un consejo de dirección permanente en el que tendrán asiento el Gobierno Nacional, las FARC y las comunidades.
Las FARC-EP, por su parte, tendrán la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
Las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra, no cultivar ni estar involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos, se beneficiarán de la siguiente manera:
Durante el primer año:
• Un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.
• Un millón 800.000 mil pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, como cultivos de pancoger y cría de especies menores.
• Nueve millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.
A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por familia, hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial.
Adicionalmente, se contará con asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de $3’200.000 por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.
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