Los empresarios frente a la paz y las víctimas

Por Redacción en mayo 5, 2015

Por Gabriel Bustamante Peña

A finales de 1928 jornaleros, pequeños propietarios y comerciantes de la zona bananera del Magdalena se levantaron contra la multinacional, la United Fruit Company, y contra el régimen conservador de Miguel Abadía Méndez. Protestaban por sus dramáticas condiciones sociales y su humillante situación laboral, pero lejos de recibir atención del gobierno, lo que consiguieron fue la expedición de un decreto de estado de sitio, orden en el marco de la cual el Ejército, al servicio de la transnacional y no de la República, acribilló al pueblo reunido en asamblea.

Después de la masacre, la tragedia no terminaría, comenzarían meses de detenciones masivas, desapariciones, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y toda clase de atropellos aplaudidos y apoyados por la empresa bananera. Recientemente la United Fruit Company volvería a ser protagonista de la historia violenta de Colombia, esta vez vinculada a la financiación de grupos paramilitares y a su complicidad en el asesinato y la masacre de sindicalistas y comunidades de la región del Urabá. Por estos hechos, Chiquita Brands, como hoy se llama la transnacional bananera, afronta procesos judiciales en Colombia y EEUU. La historia se repite una y otra vez ante una Nación sin memoria.

La responsabilidad de las grandes empresas y las transnacionales en el conflicto armado, hace parte de esa historia solo contada en la literatura por Gabo, en obras como Cien Años de Soledad, o por José Eustaquio Rivera en la Voragine, quien denunció el genocidio que sufrieron las comunidades indígenas del Putumayo por parte de empresas caucheras, hasta la primera mitad del siglo XX.

Millones de hectáreas han sido desplazadas por los violentos, pero la guerra tiene una lógica económica que es la que dirige los rumbos que han de tomar los fusiles. No gratis las poblaciones más ricas de Colombia, como la Costa Pacífica, o departamentos petroleros como Arauca o Casanare, han sido históricamente azotados por fenómenos de violencia sistemática y generalizada, y ni hablar de la responsabilidad que les cabe a los grandes empresarios del Valle sobre la violencia desatada en el Norte del Cauca, a partir de su industrialización.

Por eso no es un tema menor hablar de la responsabilidad de los empresarios frente a la paz y las víctimas en Colombia. Responsabilidad que parte de saber la verdad de los motivos económicos del conflicto armado; responsabilidad que comienza con su aporte real al proceso de reparación integral a las víctimas; responsabilidad que tienen de ayudar al Estado a generar opciones de empleo a los millones de afectados por el conflicto y a quienes dejen las armas y se reinserten a la sociedad; responsabilidad que exige el pago de impuestos para la paz, tributos que reviertan décadas de financiación legal e ilegal de la guerra; responsabilidad de crear programas sociales para la paz en sus zonas de influencia económica; responsabilidad de asumir una posición ética con el país, donde nunca jamás se repita el involucramiento de las empresas en la financiación de grupos ilegales y violaciones a los derechos humanos; responsabilidad que jamás se repita la explotación de los jornaleros campesinos o los trabajadores urbanos, que lleven a nuevos ciclos de descontento social y de violencia; responsabilidad sobre los territorios sagrados de comunidades indígenas y afrodescendientes; responsabilidad con el agua, el aire, la tierra y sobre todo la gente de un país que les abre las puertas, y que hoy más nunca quiere parar una guerra que es dolor y sufrimiento para muchos y negocio para unos pocos que se lucran económica o políticamente de la sangre de Colombia.

Top