Aranceles, inflación y política monetaria: el precio de la guerra comercial

Por en abril 21, 2025


Los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones que ingresan a Estados Unidos han sido implementados en medio de anuncios poco coordinados. Además, se han convertido en una herramienta de negociación frente a diversos objetivos, entre ellos el control de la migración ilegal y la lucha contra el narcotráfico. La actual política comercial, de marcado carácter proteccionista y respaldada en la consigna “America First”, busca recuperar una supuesta época dorada de la economía estadounidense mediante la protección de la industria nacional, la revisión de acuerdos considerados injustos para el país y la reducción del déficit comercial, que para 2024 alcanzó los US$98.400 millones.

En ese sentido, la administración Trump impuso aranceles a productos como acero y aluminio, incluso a países aliados como México y Canadá. Además, recurrió a aranceles recíprocos como mecanismo para reducir los desequilibrios comerciales persistentes con distintos países socios. La política se basó en la idea de que Estados Unidos enfrenta condiciones comerciales injustas, como la falta de reciprocidad y distorsiones por impuestos indirectos. Por ello, adoptó una postura de represalia, imponiendo aranceles equivalentes o mayores ante barreras a sus productos, con algunas excepciones para minero-energéticos y productos tecnológicos.

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El Banco de la República ha expresado preocupación por riesgos inflacionarios asociados con la tasa de cambio, los aumentos arancelarios globales, además la incertidumbre fiscal del país.

La decisión se amparó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (Ieepa, por sus siglas en inglés), la cual concede al Ejecutivo estadounidense amplias facultades para actuar en materia comercial en contextos de interés nacional. La implementación de los aranceles se estructuró en dos fases. En la primera, ya vigente, se impuso una tarifa base del 10% a las importaciones provenientes de más de 180 países, entre ellos Colombia. La segunda fase, aún pendiente de aplicación, está dirigida a un grupo específico de países con los cuales, según Estados Unidos, se presentan mayores desequilibrios en sus relaciones comerciales. A estos se le impondría una tarifa ajustada al nivel de dichas asimetrías, aunque su entrada en vigor se mantiene aplazada por el momento. El caso que más resalta es el de China que, si bien tuvo una tarifa inicial del 34%, ha logrado escalar a más del 100% en medio de las constantes tensiones con el gigante asiático que también ha respondido con subidas casi equivalentes en los aranceles a productos norteamericanos.

Es importante destacar que Canadá y México están exentos de esta ronda de impuestos, debido a que continúan beneficiándose del acceso libre de aranceles al mercado estadounidense para aquellos productos que cumplen con las reglas de origen establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lo anterior, pese a que los productos fuera de la norma enfrentan aranceles del 25%.

Se generarían presiones inflacionarias derivadas de la depreciación del peso colombiano frente al dólar.

Por su puesto, Colombia no es ajena a esta política.
Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), la decisión sobre nuestro país se basó en sus políticas comerciales. Aunque el Tratado de Libre Comercio eliminó la mayoría de los aranceles para productos industriales y agrícolas, persisten obstáculos como la falta de facturación electrónica en las aduanas, exigencias técnicas para la entrada de vehículos, la débil protección a la propiedad intelectual, entre otros.

La inflación de nuevo en el centro de la discusión
Derivado de la guerra comercial originada por la política arancelaria estadounidense, uno de los frentes que más preocupa es el de la inflación global. Lo anterior, por el inevitable incremento en los precios, producto del encarecimiento de los bienes que ingresan o hacen tránsito en Estados Unidos, así como de las respuestas arancelarias de algunos de sus socios comerciales. El panorama inflacionario global pospandemia se había normalizado con tendencias favorables. La inflación anual en marzo en México se ubicó en 3,8%, Estados Unidos en 2,6%, Canadá 2,3%, La Zona Europea 2,2%. Por su parte, China registró deflación (-0,1%) para marzo y en Japón la inflación anual se ubicó en 3,7% en febrero. Esta estabilidad podría deteriorarse por el impacto progresivo de las barreras comerciales, como revelan los índices de compras del sector manufacturero (PMI- por sus siglas en inglés) con incrementos en costos de insumos. Ese incremento está debilitando la demanda, provocando una caída en los nuevos pedidos de la industria, lo que eventualmente podría intensificar las presiones inflacionarias dada una caída en la oferta de ciertos bienes.

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En Estados Unidos, el PMI cayó a 50,2 en marzo de 2025, frente al 52,7 de febrero, mostrando una menor expansión pese a los esfuerzos por anticipar las compras ante nuevas barreras arancelarias. La situación es más severa en Canadá, con un PMI descendiendo a 46,3, evidenciando deterioro sustancial en producción y nuevos pedidos. México muestra un escenario similar, con su novena contracción de la actividad manufacturera, caracterizada por disminuciones pronunciadas en nuevos pedidos, especialmente en el sector automotriz.

Efectos sobre Colombia
Como se mencionó, Colombia no es ajena a esta situación. El país podría experimentar a corto plazo un incremento en los precios de ciertos bienes de consumo debido al encarecimiento de productos importados. Este fenómeno respondería principalmente a dos factores: primero, el traslado parcial del costo de aranceles a productos que transitan por Estados Unidos en rutas comerciales, por ejemplo, ciertas autopartes o automóviles terminados.

En segundo lugar, se generarían presiones inflacionarias derivadas de la depreciación del peso colombiano frente al dólar. En ese último aspecto, vale mencionar que mayores aranceles podrían desincentivar la exportación de nuestros productos. A su vez, esa reducción en la demanda reduciría el ingreso de divisas, lo que presionaría la tasa de cambio y afectaría los productos que importamos. Por ejemplo, en el sector agro, Colombia depende en gran medida del maíz comprado a Estados Unidos, que en 2024 alcanzó un valor de US$1.105 millones. La producción nacional solo cubre cerca del 20% de la demanda según cifras de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), este grano es clave para la alimentación de aves, cerdos y ganado. Si el dólar se encarece, también lo harían los insumos agrícolas, lo que podría elevar el precio de alimentos básicos como el pollo, el cerdo y los huevos.

A todo eso hay que sumarle el reciente efecto que ha tenido la política arancelaria de la administración Trump sobre el precio del petróleo, que se ha reducido en cerca de 10 dólares por barril en las últimas semanas. Dada la dependencia de Colombia de los ingresos de hidrocarburos, este también es un aspecto relevante en nuestra reciente depreciación.
De otro lado, los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, muestran una desaceleración inflacionaria, ubicando la variación anual en 5,1%. No obstante, el índice de Precios al Productor (IPP) registró un aumento con variación anual de 9,9%, derivado de incrementos en insumos industriales (4,5%) e importados (2,8%). Si bien los precios aún no reflejan el impacto de las medidas comerciales estadounidenses, en los próximos meses la combinación del encarecimiento de insumos y la devaluación del peso colombiano podría interrumpir la trayectoria descendente de la inflación, alejándola del rango meta del Banco de la República.

Tiempos difíciles para la política monetaria
Todo lo expuesto refleja un escenario preocupante para los banqueros centrales alrededor del mundo. La coyuntura global tendría efectos negativos en la dinámica de precios, llevando a que se detuviera el proceso de desaceleración de la inflación causado por el choque de la pandemia. La Reserva Federal de Estados Unidos anticipa un incremento de la inflación, motivando una revisión al alza de sus proyecciones para 2025 y 2026. Paralelamente, en Canadá se prevé aumentos por productos importados más caros y México enfrenta mayores costos de insumos que podrían trasladarse al consumidor. Por su parte, el Banco Central Europeo advierte una posible aceleración inflacionaria en el viejo continente.

Con ese panorama, varios Bancos Centrales han señalado posibles pausas en recortes de la política monetaria ante expectativas inflacionarias crecientes. La Reserva Federal ha pausado su ciclo de recortes, manteniendo la tasa en 4,25%-4,5%, mientras el Banco Central de Chile mantiene su tasa en 5% y el Banco de Japón en 0,5%. En contraste, algunos emisores han decidido optar por una postura de estímulos económicos. El Banco Popular de China anunció reducción de tasas para contrarrestar la desaceleración; el Banco de Canadá redujo su tasa en 25pb hasta 2,75% y el Banco Central de México redujo 50 pb llegando al 9,00%, aunque todos han anunciado que la continuidad de futuros recortes se mantendrá en cautela debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos.

En el caso de Colombia, el Banco de la República ha expresado preocupación por riesgos inflacionarios asociados con la tasa de cambio, los aumentos arancelarios globales, posibles choques en precios de alimentos y ajustes en bienes regulados. Esta situación, junto a la incertidumbre fiscal local, llevó a la Junta Directiva a mantener la tasa de interés en 9,5% en marzo, advirtiendo que el escenario externo e interno desafiante podría desacelerar el ritmo de recortes previsto para este año.

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