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Apagón financiero: en juego la prestación del servicio energético

Por Redacción en febrero 12, 2025

ANIF hace un llamado al Gobierno a centrar su atención en la difícil coyuntura que atraviesa el sector y promueva soluciones que eviten posible apagón energético.

El sector energético enfrenta una crisis financiera debido a los atrasos en los pagos por parte del Gobierno por concepto de la opción tarifaria y los subsidios de energía eléctrica y gas natural, lo que ha generado preocupación entre los gremios y empresas del sector.

Las tarifas de energía dependen del nivel de consumo y del estrato socioeconómico de cada hogar. Mientras que los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios del Gobierno, los estratos 5 y 6 pagan una sobretasa para contribuir a su financiamiento.

Un atraso en el pago de los subsidios impone un riesgo hacía los más vulnerables. La Contraloría General ha advertido que, de no solucionarse, las tarifas podrían evidenciar aumentos de hasta un 150%.

La falta de pago no solo afecta a las comercializadoras, sino también pone en riesgo a toda la cadena de suministro energético, lo que podría derivar en un “apagón financiero” e incluso en interrupciones en el servicio, como ya ocurrió en Puerto Carreño, en enero de 2025.

Al respecto, vale la pena, dice ANIF, entender la problemática aclarando tres elementos claves:

El funcionamiento del sector energético en Colombia
El subsidio de las tarifas
La opción tarifaria.

Para el primer punto, cabe mencionar que fuera de los organismos reguladores, existen cuatro actores principales en el sistema energético: generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores. Los primeros son los encargados de producir la energía en centrales térmicas, hidráulicas y eólicas.

Explica, que vez producida la energía, los transmisores se encargan de transportarla desde las centrales hasta las subestaciones. Cuando llega a estas estructuras, los distribuidores son los llamados a conectarla con las líneas de electricidad urbanas y rurales. En este último paso, los comercializadores son los responsables de comprar la energía eléctrica en el mercado mayorista y venderla a los usuarios finales. Este último actor juega un papel clave en el sistema, ya que es el encargado del cobro de las facturas y con esos recursos, realizar el pago a toda la cadena.

***Tal como han advertido actores del gremio, podrían derivarse aumentos de hasta el 150% del valor de la factura.***

Ahora bien, por el lado de las tarifas que pagan los usuarios, estas dependen de la cantidad de consumo y del estrato económico de su vivienda. Desde el 2004, el Gobierno Nacional subsidia el consumo de subsistencia de los hogares. Es decir, la cantidad mínima de energía mensual que se requiere para cubrir las necesidades energéticas. Con lo anterior, los hogares de estrato 1 reciben un subsidio equivalente al 60% de su tarifa, el estrato 2 del 50% y el estrato 3 del 15%. Por su parte, el estrato 4 paga una tarifa plena y los estratos 5 y 6 pagan un 20% adicional sobre el valor de su consumo energético. Esa sobretasa, sumada a las ayudas del Gobierno, permite cubrir los subsidios de los estratos más bajos.

Luego, otro de los elementos relevantes dentro del funcionamiento del sistema, es la Opción Tarifaria, una medida obligatoria que se implementó desde el Gobierno Duque, a raíz de la pandemia en abril de 2020. Este es un mecanismo a través del cual se busca reducir el impacto de los incrementos de las tarifas sobre los usuarios finales, mediante el congelamiento de estas, acumulando saldos que serán cobrados posteriormente. Bajo este esquema el comercializador va “prestando” al conjunto de usuarios del mercado la diferencia entre lo que se encuentra autorizado a cobrar y el valor efectivamente cobrado

Vale la pena resaltar que las empresas de energía que aplicaron la opción tarifaria se financian por medio de Fintender, entidad designada en el Decreto 0268 de 2024 para inyectar recursos de capital y liquidez.

En ese sentido y adentrándose en la actual coyuntura, tanto los gremios del sector energético como la Controlaría General han alertado sobre el riesgo de una posible crisis sistémica que pueda repercutir en afectaciones del suministro de energía eléctrica y de gas natural. Esto se deriva del retraso en los pagos de recursos a las comercializadoras de servicios públicos de energía y gas por servicios ya prestados.

Deuda acumulada

De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a corte de 2024, la deuda acumulada del sector asciende a $7,6 billones, 60% de los recursos anuales necesarios para la operación. Dentro de estos, el mayor rubro ($3,3 billones) corresponde a la opción tarifaria. Estos son compromisos que el Gobierno había condicionado financiar por medio de deuda pública, como lo establecía en la ley de financiamiento. Ante la caída del proyecto, hay incertidumbre sobre la manera en la cual el Gobierno puede hacerle frente a este compromiso. Así mismo, el sector se enfrenta a una crisis financiera por pagos atrasados en los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, los cuales ascienden a $ 2,7 billones para energía eléctrica, más la deuda de usuarios oficiales equivalente a $1 billón y finalmente, de gas natural equivalente a $628 mil millones.

A inicios del año el Gobierno había habilitado recursos por $184 mil millones para pagar saldos pendientes por subsidios de energía. Sin embargo, dada la profundidad de la crisis, en una mesa de negociación entre la Contraloría, el Gobierno y los gremios el pasado 6 de febrero, el Ministerio de Hacienda se comprometió a girar en promedio $300 mil millones en subsidios a empresas de energía en los próximos 3 meses. Si bien este pago es importante, no es suficiente para cubrir la deuda actual porque apenas supera la causación de los subsidios mensuales que ronda los $280 mil millones. Por su parte, el Gobierno mencionó que esto será una medida transitoria mientras se logra una solución legislativa que permita cumplir con las obligaciones de manera sostenible. En esa línea, la Contraloría advirtió que, de no darse una pronta solución a estos problemas, podría haber un desmonte de los subsidios por parte de las empresas comercializadoras, lo que las llevaría a ajustar al alza las tarifas, afectando a la población más vulnerable. Tal como han advertido actores del gremio, podrían derivarse aumentos de hasta el 150% del valor de la factura. Eso querría decir, por ejemplo, que una familia de estrato bajo que paga hoy $30 mil pesos por la luz, podría llegar a pagar hasta $75 mil pesos. Esto pone en riesgo la prestación de los servicios para los usuarios subsidiados, quienes fueron responsables del 65% del consumo de energía durante el 2023.

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