Desfinanciamiento del sector salud: la vida de los colombianos está en juego, dice ANIF

Por Redacción en noviembre 5, 2024

El sistema de salud es uno de los mayores logros en términos de equidad de nuestra sociedad, pero atraviesa una serie de desafíos financieros.

Este sistema, según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, actualmente asegura al 99,6% de la población. Asimismo, nuestro sistema es referente a nivel mundial. Esto, pues el gasto de bolsillo para Colombia es del 13,7 % del gasto total en salud, lo cual lo posiciona como uno de los más bajos dentro de los países de la OCDE.

No obstante, actualmente el sistema se enfrenta a grandes retos en términos de financiamiento que ponen en riesgo la salud del país. Dado esto, en conjunto con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), recientemente desarrollamos un estudio con el objetivo de analizar las necesidades en términos de recursos del sector salud. En este Informe Semanal, ANIF presenta un resumen de los principales resultados y recomendaciones.

En primer lugar, vale la pena resaltar que el problema de financiamiento del sector ha generado grandes preocupaciones en distintos países a nivel mundial, debido a factores asociados con el rápido envejecimiento poblacional y el aumento en el uso de los servicios de salud. Además, luego del Covid-19 se generaron presiones adicionales sobre los sistemas de salud, asociadas a un mayor uso del sistema por parte de la población.

En ese frente, Colombia no es la excepción. Al analizar el porcentaje de personas que realizaron una consulta médica por prevención, como proxy del uso de los servicios de salud, en las últimas décadas hay un aumento pronunciado. Asimismo, entre 2018 y 2023, el porcentaje de personas que atendieron en consulta de medicina general de manera preventiva, aumentó en 0,8pp para las zonas rurales y en 4,2pp para las zonas urbanas.

En ese sentido, el desfinanciamiento ha generado impactos negativos sobre el sistema, tal como se evidencia en lo corrido de 2024. La intervención de la Nueva EPS y Sanitas, dos de las EPS más grandes del país y cuyos afiliados ascendían en conjunto a 15,7 millones de personas, son muestra de eso. Además, el sistema evidenció la liquidación voluntaria de Compensar y el retiro voluntario de Sura y Salud Bolívar. Como se ha demostrado en el pasado, cada vez que una EPS es intervenida termina por ser liquidada, lo que aumenta la carga para las demás EPS del sistema, pues reciben a todos los usuarios sin cobertura en una lucha contra el reloj.

La falta de recursos también se ha reflejado en aspectos como la escasez de medicamentos y la cancelación de algunos servicios de salud. Según el comunicado del Invima con corte a septiembre de 2024, de los 207 medicamentos listados, 13 se encuentran desabastecidos y 9 están en riesgo de desabastecimiento. Al ser medicamentos de alto costo, difícilmente remplazables y relacionados con enfermedades crónicas, las vidas de distintos pacientes se han puesto en juego. Así mismo, si se analiza el indicador del porcentaje de cirugías canceladas por causas atribuibles a la institución prestadora, el panorama es preocupante. Desde 2021 existe una tendencia al alza. Además, al comparar con el punto más bajo, observado en el segundo semestre de 2021 (0,9%) con el segundo semestre de 2023, se registró un incremento relativo de 30,7%, una cifra alarmante.

Con el anterior panorama y entendiendo la difícil coyuntura que atraviesa la salud en el país, nuestro estudio conjunto estimó las necesidades de financiamiento del sector, para el 2024 y el 2025. Para el cálculo de la UPC, que es la prima de riesgo que debería alcanzar para cubrir las necesidades de gasto del sistema, se utilizaron tres metodologías: 1) usos; 2) cálculo actuarial; y 3) componentes de gasto.

En cuanto a la primera metodología, se estima la evolución promedio de los últimos 4 años de los recursos empleados por el sistema para cubrir la prestación de servicios. La segunda calcula el valor que iguala los ingresos del sistema con sus gastos y utiliza como base el estudio de suficiencia del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta variables como costos y gastos fijos, crecimiento poblacional, cambio técnico y frecuencia de usos, entre otras.

Finalmente, la tercera metodología emplea una senda de gasto proyectada total en salud, que incorpora distintos parámetros como la utilización, cambio técnico y envejecimiento poblacional para así llegar al total de recursos necesarios que requiere el sistema para cubrir su operación. Este valor no contempla la destinación del 5% de la UPC para la operación de los equipos básicos en salud, teniendo en cuenta la inaplicabilidad de la norma en tanto el Consejo de Estado no emita una decisión de fondo sobre este particular.

Nuestros cálculos sugieren que el aumento nominal decretado por parte del Gobierno ha estado subestimado desde 2021. Específicamente, a partir del promedio de las metodologías expuestas, se estima que el crecimiento de la UPC para 2024 debió ser de 15,6% anual. Lo anterior implica que la UPC decretada por el Gobierno se situó en 3,6pp por debajo de lo estimado. Para 2025, ANIF calcula que la prima debería tener un incremento de 16,4%. Este valor corresponde al aumento necesario para cubrir las necesidades por prestación de servicios de salud para el próximo año y no implica que se salde el déficit acumulado de años anteriores.

De la misma manera y dada la importancia en términos de atención de enfermedades huérfanas y de alto costo, este estudio incluye una estimación para los recursos de los presupuestos máximos (PM), frente en el cual, también se ha evidenciado un faltante sistemático. Para estimar el faltante de 2024, se tomó la tasa de crecimiento del valor neto girado entre 2022 y 2023. Para estimar el valor faltante de 2025, se tomó el valor de 2024 más un crecimiento de 15,6%. Este último valor corresponde a la tasa de crecimiento de la UPC por la metodología del cálculo actuarial, que es el modelo que incorpora mayores variables de siniestralidad y aumento en frecuencias de uso. Teniendo en cuenta los desembolsos de la ADRES en lo corrido del año, se espera que 2024 cierre con un total de $3 billones por desembolsos. Esto implica un faltante de $1,9 billones por PM solo para este año. Ahora, si se suma el faltante entre 2022 y 2024, la cifra asciende a $4,6 billones. Para dimensionar las cifras, lo anterior es equivalente a dejar de suministrar el tratamiento continuo de cerca de 327.000 pacientes con diabetes tipo 2 durante un año.

Los anteriores resultados, tanto de PM como de UPC implican una necesidad presupuestal, a precios de 2024, equivalente a $19,7 billones entre 2022 y 2024, noviembre 5 de 2024. De nuevo, para ponerlo en perspectiva, estos recursos son equivalentes a cubrir la UPC de 15,7 millones de personas que en 2023 se encontraron en situación de pobreza monetaria. Lo anterior evidencia el grave problema de financiamiento del sistema y la necesidad de generar soluciones inmediatas.

Consideraciones finales

Con los principales resultados del estudio, ANIF propone una serie de recomendaciones que permitan aliviar las presiones financieras dentro del sistema. La principal de ellas, tal como ha insistido desde el año anterior, se centra en realizar un ajuste efectivo de la UPC a partir de una evaluación expost. Esto permitiría revisar la estimación del estudio de suficiencia, que se basa en indicadores de utilización que presentan un rezago de dos años, y ajustarla con indicadores efectivamente observados. De esa manera, se identificarían de manera oportuna las necesidades de recursos con el fin de subsanar cualquier efecto colateral que de esto se derive. Por otro lado, consideramos fundamental fortalecer los sistemas de información y auditoría para llevar un control más efectivo de las cuentas por cobrar y por pagar por parte de distintos actores. Un control efectivo de los costos generaría una mayor transparencia sobre los recursos y aumentaría la eficiencia del sistema. Igualmente, ANIF considera indispensable realizar un ajuste de riesgo con base en las condiciones de salud de los afiliados. Esto teniendo en cuenta las cargas epidemiológicas que enfrentan algunas de las EPS. Para ello podría reconocerse una UPC por pacientes trasladados.

Finalmente, y no menos necesario, es importante generar nuevas fuentes de financiamiento para el sistema. “Desde ANIF celebramos que en el legislativo avance una iniciativa en este frente. Sin duda, la propuesta debe ser discutida, pero pone en el centro del debate el principal problema por el que atraviesa el sistema actualmente. Esta serie de recomendaciones también deberán estar acompañadas de mejoras en otros frentes del sistema”.

Añade, que se debe continuar invirtiendo en el fortalecimiento del capital humano en salud y aumentar la infraestructura del sector. No obstante, la necesidad de recursos es apremiante. Sin discutir el problema crítico que agobia la salud actualmente, no podrá construirse una visión prospectiva que garantice el funcionamiento de uno de los mayores avances en equidad de nuestra historia reciente, enfatiza ANIF.