Lo que se juega en la reforma a la salud

Por Redacción en mayo 3, 2023

Por Ramiro Antonio Navia

Se debate en el Congreso de la República la reforma a la salud propuesta por el presidente Petro. A través de redes y medios de comunicación las partes opinan y defienden sus posiciones frente al tema; es importante recordar que el actual sistema está vigente desde el 23 de diciembre de 1993, hace treinta años, cuando entró en vigencia la Ley 100.

Comparando los principales aspectos de esta Ley, frente a lo que era la seguridad social en salud antes de la misma, comprenderemos mejor los alcances de la reforma liderada hasta hace poco por la exministra Carolina Corcho.

Empezando por la cobertura. Antes de 1993 el sistema de seguridad social en salud cubría solo un 22% de los colombianos, únicamente tenían acceso quienes fueran trabajadores dependientes, de estos, los del sector público, según el origen de su entidad, eran afiliados a la Caja Nacional de Previsión, cajas departamentales o municipales de salud, y los trabajadores del sector privado al Instituto de los Seguros Sociales. Era un sistema completamente estatal, el 78% de colombianos restante contaba con dos opciones, los que tenían capacidad económica asumían de su bolsillo la atención de salud y, el resto, que era la gran mayoría, acudía a los hospitales públicos para ser atendidos en servicios que se llamaban de caridad.

Con el actual sistema la cobertura alcanza cifras superiores al 95% de los nacionales que están afiliados a las Empresas Promotoras de Salud públicas y privadas, escogidas libremente por cada persona y de la misma forma son atendidos en hospitales públicos y privados. Sobre la integralidad, entendida como el cubrimiento de todas las contingencias que afecten la salud de una persona, el anterior sistema ofrecía únicamente al trabajador un plan casi integral y a las esposas solo la atención de maternidad, entonces las demás contingencias de ellas y sus hijos debían atenderse con cargo al trabajador o recurrir a los servicios de caridad mencionados. El actual sistema ofrece a los trabajadores, sus esposas e hijos un plan de salud casi integral, tanto en el régimen subsidiado y, más aún, en el contributivo y cada vez son menos las exclusiones.

Pasemos a destacar los principales aspectos planteados en la propuesta de reforma a la salud radicada hace unos días en el congreso: Un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo atendido en redes integrales e integradas de salud y con énfasis en atención primaria. Estos conceptos existen y se aplican desde hace muchos años, pero deben mejorarse fortaleciendo la promoción y prevención en salud, igual que la capacidad resolutiva de la baja complejidad, es preciso invertir en infraestructura física y dotación para lograr mayor resolutividad en el primer nivel de atención.

Llevar los servicios a zonas alejadas, tampoco es un concepto nuevo, la Ley Estatutaria de 2015 estableció la creación de políticas en salud para zonas alejadas, solo hay que cumplir la Ley. La cobertura Universal no es un objetivo nuevo, de hecho, la Ley 100 había fijado el año 2.000 como término para alcanzarla y como se mencionó, apenas hoy ese objetivo está a punto de lograrse, pero también es cierto que en muchos casos ese derecho no se traduce en accesibilidad y atención, mayormente en EPS que atienden el régimen subsidiado, por tanto, es absolutamente necesario la mejora sustantiva pretendida en el proyecto de Ley. Dignificación laboral de los trabajadores de la salud, la formalización es una imperiosa
necesidad, cuesta mucho dinero y sin duda debería ser incluida en la reforma Laboral.

El control de precios de los medicamentos no es una idea nueva, la Ley Estatutaria de 2015
había elevado a política pública el control de precios en el país, esto es importante para la
viabilidad financiera del sistema, hay que cumplir la Ley. Como podemos observar, no se
puede destacar en esta propuesta de reforma ningún concepto nuevo, ni siquiera el
verdadero objetivo de la misma que es la estatización total con la desaparición de las EPS,
porque igual ese modelo ya lo vivimos por décadas antes de 1993.

Entonces, realmente, no sería necesaria una reforma, solo cumpliendo y haciendo cumplir
la normatividad actual y fortaleciendo algunos aspectos, como la prevención en salud, la
atención en zonas alejadas, la inversión en infraestructura hospitalaria y en la formalización
laboral, se alcanzarían casi todos los objetivos deseados, para beneficiar a toda la gente,
pero lo que se juega realmente son la estatización del sistema y, por tanto, el manejo de 70
billones de pesos anuales; ojalá tanto el Gobierno como el Congreso piensen menos en
estos y más en el pueblo colombiano que finalmente será el que sufra cualquier decisión
equivocada.

Los costos de la reforma y la continuidad de las EPS, empresas que no son tan malas o
innecesarias como algunos afirman, pero tampoco tan buenas y santas como pregonan
otros, que algunas cumplen, pero otras sepultan hospitales, que en el momento tienen
cuantiosas deudas con estos y que imponen tarifas a las Empresas Sociales del Estado
públicas de primer nivel, son temas que ameritan otro espacio.

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