Por orden del Tribunal Administrativo del Cauca, se debe elaborar un nuevo PEMP para Popayán
El fallo obedece a una Acción Popular presentada por el connotado jurista payanés, Mario Alberto Cajas Sarria.
Por Aura Isabel Olano
Defender el patrimonio cultural de Popayán, como derecho colectivo, además de la devoción por su ciudad, de la que siempre está pendiente, motivó aún más al destacado abogado constitucionalista y académico, Mario Alberto Cajas Sarria, a presentar una Acción Popular en el año 2019 que fue fallada en diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que ordena la elaboración y aprobación de un nuevo Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Antiguo de Popayán (PEMP), labor que les corresponde al Ministerio de Cultura y a la administración municipal.
La decisión del Tribunal es de especial trascendencia para Popayán, puesto que ampara los derechos colectivos a la defensa del patrimonio cultural de la Nación y realización de construcciones, edificaciones y desarrollo urbano respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Igualmente, les ordena al Ministerio de Cultura y al municipio de Popayán para que, en el marco de sus competencias, sigan dando cumplimiento a lo ordenado en los convenios interadministrativos 3605 de 2021 y 3322 de 2021, en lo que respecta a la formulación y aprobación del PEMP y los inmuebles declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional del municipio de Popayán, en el que se superen todas las irregularidades, vacíos y contradicciones que dieron lugar a la iniciación de este proceso, dentro del término de 10 meses contados a partir de la notificación de esta providencia.
Además, este fallo ordena la conformación del comité de verificación de la sentencia, el cual estará integrado por un representante del Ministerio de Cultura, un representante del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Cauca, la Personería de Popayán, los curadores 1 y 2 y representantes de la comunidad del sector antiguo. El comité estará presidido por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través del magistrado ponente.
Precisamente, sobre la razón para presentar la Acción Popular y el resultado obtenido, La Campana habló con el accionante, jurista Mario Alberto Cajas Sarria.
L.C. ¿Qué lo motivó a presentar esta Acción Popular?
M.A.C.S. Con el sector histórico hay una discusión técnica entre arquitectos, urbanistas, constructores y propietarios que tiene mucho detalle, que en lo general y en lo jurídico importa mucho. Desde hace años construir o intervenir cualquier inmueble en el sector antiguo se convirtió en un viacrucis, debido a que el actual PEMP tiene inconsistencias en parte del articulado, puesto que señala unas características para las alturas de las edificaciones y ciertas condiciones que se deben cumplir, pero en el anexo cuatro, que está en la misma resolución del 2019, hay otro lineamiento y la autoridad para dirimir esas controversias es el Ministerio de Cultura, que es el que expide el PEMP, y el Municipio lo tiene que adoptar.
Ese Ministerio es el único órgano que puede aclarar las inconsistencias del PEMP, pero no ha ocurrido, y a lo largo de estos años se han presentado diversas controversias entre los actores, como el Municipio, las curadurías y el Consejo Departamental de Patrimonio.
L.C. ¿Qué implica esa situación?
M.A.C.S. Que nadie se le mide a invertir si no hay reglas claras, si puede comprar un predio, si puede construir, qué clase de actividad puede desarrollar, si empresarial, comercial, vivienda. No se sabe a ciencia cierta si los diseños que se tienen van a ser interpretados según estas o aquellas reglas de juego, hay incertidumbre. Incluso, se han presentado varios casos y se siguen presentando sobre determinados bienes de interés cultural (BIC), a pesar de tener las licencias. Hay la percepción entre mucha gente, que en parte esa situación ha contribuido al deterioro del centro histórico de Popayán.
L.C. ¿En Planeación está parado el PEMP?
M.A.C.S. Está parada la inversión, además creo que todos los payaneses nos estamos quejando del deterioro del centro. Para que un sector antiguo funcione, debe haber dos grandes inversiones, la pública y la privada, como ocurre en las grandes ciudades del mundo que tienen su patrimonio.
En nuestro caso, sabemos las limitaciones de las entidades estatales para invertir en el sector histórico, así que se requiere inversión privada. Pero, si alguien se le mide a construir, reconstruir o a restaurar un bien de interés cultural tiene que pasar por una serie de dificultades: ¿quién le va a financiar un proyecto cuando no se sabe bajo cuáles reglas podrá realizarlo? Se requieren condiciones técnicas que deben ser claras, pero el anexo cuatro del PEMP, encargado de aclarar, lo que hace es oscurecer; se han producido decisiones a lo largo de los años que han causado más confusión.
L.C. Usted presentó esta acción Popular en el 2019, ¿por qué se tomó tanto tiempo el fallo?
M.A.C.S. Lo que podría decirle, es que hubo unas solicitudes previas a la acción, elevadas a distintas instancias relacionadas con el PEMP. El escrito que se presentó al Tribunal recoge distintas fuentes de información que dan cuenta de las inconsistencias y quedaron registradas diversas evidencias de los problemas del PEMP. La Acción Popular se radicó después de un requerimiento para que el Ministerio de Cultura modificara el PEMP, de hecho, era para que aclarara las inconsistencias, porque se consideraba que vulneraba el derecho al patrimonio cultural, por un lado, y por otro, el derecho a que las obras se realicen en condiciones técnicas y adecuadas que garanticen el bienestar de los ciudadanos. Esos fueron los dos derechos vulnerados. El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, después de todo el proceso comprobó que, efectivamente, hay una vulneración de derechos, hay inconsistencias y la única manera de solucionarlos, es modificando el PEMP.
L.C. ¿Qué pronunciamiento ha hecho el Mincultura frente a este fallo?
M.A.C.S. El Ministerio apeló recientemente el fallo, manifestando que no está de acuerdo con la sentencia. Es importante anotar que en este proceso se puso de presente que el municipio llevaba un par de años pensando en el ajuste al PEMP que, por lo que entiendo, cuesta bastante dinero porque se necesitan expertos urbanistas y un equipo multidisciplinar. Ese documento debe quedar muy bien elaborado y debe tener un largo aliento; en el proceso el municipio explicó que en el 2021 se apropiaron unos recursos provenientes del Ministerio de Cultura, pero esto es posterior a la acción, que es del 2019. Hay un convenio interadministrativo, entre esas entidades, pero ahora lo que falta es revisar el PEMP, actualizarlo y entregarle a la ciudad uno que no tenga los problemas del actual.
L.C. ¿Quiere decir que pronto se inicia un nuevo proyecto del PEMP?
M.A.C.S. Eso sería lo deseable. Si bien es cierto que hay unos convenios rodando, aún no hay proyecto listo. El Tribunal da un plazo de diez meses para que, a partir de la notificación del fallo de diciembre de 2022, el municipio y el Ministerio, según sus competencias, se pongan de acuerdo y lo saquen adelante.
Hay un aspecto importante para la ciudad, como es la conformación del comité de seguimiento al fallo, que tiene que estar pendiente de que el PEMP se haga, y para eso es vital que haya participación ciudadana, residentes en el sector antiguo que estén involucrados con la ciudad, eso es fundamental.
L.C. ¿El fallo del Tribunal es de primera instancia?
M.A.C.S. Sí. La acción popular tiene dos instancias; una, el Tribunal, y si alguien no está de acuerdo con el fallo, lo apela, como lo hizo el Ministerio de Cultura hace unos días, a diferencia del municipio de Popayán. La segunda es el Consejo de Estado, que podría confirmar o revocar el fallo. Lo que puedo decirle es que el fallo del Tribunal está muy bien fundado y refleja la rigurosidad con que se llevó a cabo el proceso judicial. Además, es importante recordar que hay suficiente evidencia sobres las dificultades que tiene el actual PEMP, cuestión que ha sido corroborada por los distintos actores institucionales y por la ciudadanía. A partir del fallo, varias personas se han comunicado conmigo para comentarme que, finalmente, un órgano judicial toma cartas en el asunto y se produce un fallo que le ordena a las autoridades actuar. Vale la pena recordar que el Consejo de Estado recientemente también se ha pronunciado sobre problemas con un PEMP de una ciudad ampliamente conocida por la riqueza patrimonial de su sector antiguo, como es Cartagena, ordenando su revisión.
L.C. Como el fallo fue apelado por Mincultura, ¿se demora su cumplimiento?
M.A.C.S. El trámite de la apelación en el Consejo de Estado puede demorar unos meses, lo importante es que este fallo tiene que cumplirse a pesar de que se apeló. Es decir, que no hay que esperar a que el Consejo decida si lo mantiene o lo revoca, eso será en otro momento. Por lo pronto, al Tribunal Administrativo del Cauca le corresponde conformar el comité y asegurar el cumplimiento del fallo. Es importante que la ciudadanía acompañe esta decisión porque la ciudad es de la gente: todos somos dolientes y esperamos que quede bien hecho el PEMP.
L.C. Usted ha sido uno de esos dolientes al presentar la acción popular. ¿Lo hizo más como ciudadano que como abogado?
M.A.C.S. Sí, siempre estoy muy atento a las cosas que pasan en la ciudad y trato de intervenir cuando me preguntan sobre aspectos jurídicos valiosos para Popayán. Trabajo en derecho constitucional y en historia del derecho, es doblemente mi interés. Para los habitantes que no tienen mucha información, no es fácil que puedan entender la ciudad más allá de lo monumental que es. Detrás de cada una de sus calles, casas o edificios hay gran cantidad de historia que ha sido reconocida jurídicamente. No solo que el sector antiguo nos parezca bonito. Cuando uno entra en los detalles, ve con mayor dimensión la riqueza de la capital del Cauca. El Centro Histórico de Popayán fue declarado monumento nacional mediante la ley 163 de 1959, por primera vez se reconoció como patrimonio, como un bien protegido. La legislación después de la Constitución Política de 1991 fortalece aún más el concepto de patrimonio cultural material; patrimonio que, en una ciudad con recursos limitados, es más costoso de proteger. No es lo mismo proteger el sector histórico de Bogotá o de Cartagena que cuentan con más recursos para este fin.
Ser payanés, haber vivido muchos años en la ciudad, a la que sigo ligado, así resida en Cali, en donde soy profesor de tiempo completo de la Universidad Icesi, haber egresado como abogado de la Universidad del Cauca, hace que tenga mayor entrega frente a este tipo de problemáticas que la aquejan.
L.C. ¿Qué es el patrimonio para usted?
M.A.C.S. Las ciudades que tienen patrimonio cada vez vinculan más el centro al desarrollo de la ciudad, es un polo de bienestar, de buen vivir; sin embargo, se agrede, se deprime, por lo que es necesario que haya una institucionalidad. Uno tiene que apropiarse del patrimonio, que es de todos y es un derecho, pero si las instituciones no actúan, quedamos en manos de la buena voluntad de sectores de la ciudadanía. Ahora que se está hablando tanto en materia de derechos del componente intergeneracional, que principalmente se ha ligado al medio ambiente, a la naturaleza, bien podríamos pensar en el patrimonio cultural en esa perspectiva: somos habitantes temporales de la ciudad, nos vamos y quedan nuestros hijos y nietos, entonces tenemos un deber de protección frente a las generaciones que vienen, así como los mayores nos dejaron la ciudad.
El sentido de protección no es solamente cuidarlo como si fuera un museo: es un patrimonio que está vivo, lo disfrutamos y lo vivimos, por lo que se deben tener unas reglas que permitan su preservación y para eso es el PEMP. Un buen PEMP preserva el patrimonio, un mal Plan Especial de Manejo y Protección genera dificultades y deterioro.
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