Función Pública dice que contratos se deben hacer por cuatro (4) meses y con estudios previos

Por Redacción en enero 10, 2023

Entre tanto la Procuraduría enfatiza que el plazo de cuatro meses establecido para formalizar contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión resulta escaso.

A través del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, el Gobierno Nacional emitió una serie de lineamientos para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en este 2023.

La circular, que está dirigida a órganos, organismos y entidades del sector central descentralizado de la Rama Ejecutiva nacional y territorial, contiene una serie de recomendaciones fundamentadas en el Artículo 2, Numeral 4, Literal H de la Ley 1150 de 2007.

El documento dice que, para suscribir contratos tanto con personas naturales como jurídicas, los estudios previos que los respalden deberán indicar las razones por las cuales esas actividades que contratarán no las pueden realizar personas de planta o explicar, si es el caso, por qué esas funciones requieren de un conocimiento especializado.

Asimismo, recuerda a las entidades objeto de la circular que no podrán suscribir contratos con personas naturales por un periodo mayor a cuatro meses; sin embargo, la circular expone las excepciones en los que se podrán concretar contratos superiores a ese periodo.

De manera excepcional, los contratos mencionados podrán exceder el plazo de cuatro (4) meses siempre que, de manera expresa y clara, se precisen las razones que justifiquen la fijación de un plazo mayor, así como “los motivos por los cuales resulta conveniente proveer tal necesidad a través de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en lugar de la creación de un empleo de la planta temporal”.

La circular está firmada por los directores de Función Pública, César Augusto Manrique y de Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros García.

Procuraduría en desacuerdo

Por su parte la Procuraduría General de la Nación envió una circular a los Ministerios, en la que advierte que el plazo de cuatro meses establecido para formalizar los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión resulta escaso, por lo que solicitó agotar las diversas instancias para ajustar las plantas de personal y evitar que la falta de funcionarios genere una parálisis del Estado en todos sus niveles.

En el documento, enviado también a las entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva, instó a las autoridades públicas a dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios requeridos para materializar el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad 2023, en aras de garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas, y ateniéndose a lo dispuesto en diversos fallos proferidos por las Altas Cortes del país.

De igual manera, la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, afirmó que, no se puede dejar a las entidades “sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía”, e indicó que los entes territoriales disponen de autonomía para adelantar los trámites en materia de plantas de personal.

El Ministerio Público pidió a los responsables de la administración cumplir con la obligación legal de avanzar en los trámites para la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y administrativamente eficientes, sin desconocer los derechos de los contratistas del Estado a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral.

La entidad resaltó la pertinencia de las observaciones y recomendaciones que a propósito del tema hizo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, dirigidas al secretario jurídico de la Presidencia, todas ellas encaminadas a la defensa del trabajo decente en el sector público.

Finalmente, la Procuraduría reiteró la necesidad de acabar con la precarización laboral, sin que eso implique causar un detrimento en los servicios profesionales y de apoyo que actualmente prestan miles de contratistas en los diferentes organismos de la Rama Ejecutiva del nivel central, descentralizado, nacional y territorial.

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