Las normas blandas

Por Redacción en octubre 26, 2020

Por Adriana Collazos, Esq.

En Colombia existen demasiadas normas blandas; blandas en su aplicación, en su lectura, y entendimiento. Dichas normatividades que se suponían estar en firme, pareciera que no son estrictamente vinculantes, si no que su aplicación dependiera del momento de los hechos, las personas implicadas, los transgresores y de la agenda de grandes personalidades, como los jueces, fiscales o los policías del momento. Por lo anterior, Colombia merece tener un sistema judicial con normas fuertes y no blandas, que realmente funcione y le permita a la sociedad funcionar.

Últimamente se han hecho evidentes varias de estas normas blandas frente a nuestros ojos, por ejemplo, las consagradas en el Acuerdo de Paz firmado en la Habana, las referentes a la Minga por la Vida, el derecho a la propiedad, las que tienen que ver con la protesta pacífica y la legítima defensa, entre otras.

Respecto al Acuerdo de Paz de la Habana y a los incumplimientos de las FARC, después de cuatro años con el partido FARC en el Congreso, y el grupo guerrillero FARC delinquiendo, no le han cumplido a las víctimas. El presidente de la Federación Colombiana de las Víctimas de las FARC, la Corporación Rosa Blanca, Red ADN y otras organizaciones, han denunciado que las FARC, aunque cuentan con curules en el Congreso de la República y demás, le han fallado a Colombia en la desmovilización total de la guerrilla; el hecho de no reportar y no entregar a los menores de edad reclutados para que logren la reincorporación a la vida en sociedad; la falta de erradicación de los cultivos ilícitos y la entrega del armamento escondido por la guerrilla; la incongruencia de los activos resultado del narcotráfico y lo que se ha entregado a las autoridades; la falta de dinero para las víctimas y de contribución a la verdad, la revictimización de las personas afectadas, entre otros. La JEP es un tribunal que mira los casos que considera concernientes, olvida otros que debería estudiar, al parecer tiene gastos ilógicos, y es un tribunal ineficiente y, por ende, no funciona para lo que se creó y merece ser fusionado o desaparecer.

Otro ejemplo claro, fue la Minga Indígena del Cauca denominada “Minga por la Vida”, que culminó su camino en Bogotá, pero en Soacha le esperaba un letrero gigante que incitaba a la muerte del presidente Álvaro Uribe Vélez. Indiferente a ser seguidor o detractor de la persona agredida, era bastante grande el aviso y parecía que fuera sostenida por siete personas, siete sujetos que pudieron haber sido identificados por los policías que acompañaban la marcha. Además, otra norma blanda, es que no hay castigos para la réplica de Petro, un funcionario público que decidió replicar un Tuit que traía la foto de dicha pancarta. Desde mi perspectiva como abogada, si los organizadores de la Minga no tuvieron nada que ver con el hecho, está bien, pero aun así, se transgredió un derecho fundamental, un bien jurídico tutelado por la ley, y no es nada menos que la vida y la tranquilidad de la víctima, sus familiares y de todos sus seguidores.

Pareciera que todos están ciegos y nadie ve la realidad de la justicia, porque todos han cosificado al presidente Uribe, debido a que es un personaje público; pero si fuera una pancarta contra cualquier otro, un líder del partido verde, un líder de izquierda, o una persona cualquiera, todos dirían que por el hecho de traer el nombre de la persona a quien se amenaza, es un delito tipificado y alguien debe responder.

Nadie entiende si la pancarta se puso para causar terrorismo, o simplemente para que todos los espectadores supieran lo enferma que está Colombia. Y lo está, porque sí deberían ser investigados, por lo menos quienes estaban parados detrás de la pancarta, al igual que los funcionarios públicos que le dieron retuit a dicha foto. Sin embargo, en Colombia, todos observamos aterrados y al día siguiente hay una noticia aún peor y nos da amnesia temporal. Es la falta de capacidad de horrorizarse con algunos eventos.

Así es como funciona nuestro sistema judicial y por eso requiere un cambio. En él, los policías no llevan a la cárcel a los implicados en un crimen “menor”, porque el juez los deja libres y la Procuraduría y la Fiscalía no ejercen, o tardan en ejercer sus funciones, porque asumen que es un delito “menor” que no se tiene que investigar. Además del cartel de la toga, de los jueces políticos y de los vencimientos de términos a los que tanto le apuestan los abogados para ganar un caso, la justicia en Colombia está podrida.

Da vergüenza.

El derecho a la propiedad, ni se diga, es algo que nadie respeta. Aquí matan o secuestran por una tierra, por un celular y por cinco mil pesos. La legítima defensa como exculpante de responsabilidad y el paso de la protesta pacífica a la agresividad de cometer crímenes, son otras normas blandas que se muestran evidentes últimamente. En el momento en el que vándalos después de una protesta entraron a un conjunto residencial y el portero les disparó y mató a uno de ellos, todos se preguntaban si el portero tendría que pagar con cárcel. Lo anterior, porque la legítima defensa de todos los derechos de los habitantes del lugar, parecieran no bastar.

O los daños a Transmilenio, la toma de vías públicas, las calles pintadas, las quemas de buses, el hurto a establecimientos privados y públicos, las heridas y los asesinatos de nuestros policías, parecieran ser otros derechos que tampoco se toman en cuenta, porque la gente considera que si está bajo una protesta legítima –inicialmente-, jamás va a salir de ella y todo está justificado. Todos los anteriores son crímenes tipificados en el código penal y nadie los sacó del sombrero.

Es decir, Colombia debe cambiar su comportamiento, aplicar sus leyes y volverlas efectivas, y cambiar su sistema judicial desde la médula hasta la punta del pelo, porque si no lo hace, seguirá con jueces que aplican la ley como les conviene, con policías que creen que las causas no son suficientes para que las conozcan los jueces, con fiscales que no saben qué hacer con una amenaza, un hurto pequeño, o el daño a Transmilenio, y con abogados cuya mejor defensa es que se venzan los términos en los procesos y a esperar por años que le resuelvan el caso.

Colombia requiere madurar, porque de lo contrario, seguirá divagando por el mundo como un borracho sin rumbo, escribiendo “cartas de amor perfecto”, o de normas de papel sin aplicación posible, sin entender lo que le pasa, sin distinguir el bien del mal y sin aplicar las normas porque da pereza. Así como vamos, no llegaremos muy lejos.

Apostemos a una reforma del sistema judicial, a un plebiscito o a un cambio radical. No dejemos al borracho sin un destino fijo, Colombia se lo merece.

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