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Al gobernador de Antioquia Fiscalía le dictó medida privativa de la libertad

Por Redacción en junio 5, 2020

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del mandatario antioqueño Aníbal Gaviria Correa, quien deberá ser reemplazado.

A pesar de que en Antioquia se conoció sobre la apertura de una investigación en contra de Aníbal Gaviria Correa, por irregularidades en un contrato en su primer período de gobierno (2004-2007), con el pasar de los años y sin que se resolviera esa situación, el caso fue quedando en el olvido por parte de la gente, como suele ocurrir debido a la demora de los procesos judiciales.

Cinco años después de haber ocupado el primer cargo del Departamento de Antioquia, fue elegido alcalde de Medellín para el período 2012-2015, razón de más para que esa vieja investigación saliera del radar de sus conciudadanos, y porque además había concluido su período en la Gobernación con el 89 por ciento de popularidad y elegido en 2007 como el mejor gobernador del país.

Luego, en las elecciones del 27 de octubre del 2019 le ganó al candidato uribista Andrés Guerra, lo que le permitió repetir en el Gobernación de Antioquia, a partir del 1 de enero de 2020.

Después de más de 13 años de cursar una investigación en contra del actual mandatario antioqueño, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica Gaviria Correa, dictándole medida privativa de la libertad por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La noticia cogió por sorpresa a sus gobernados y al país en general, cuando hoy 5 de junio el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien fue elegido el pasado 30 de enero por la Corte Suprema de Justicia, informó sobre la decisión del ente investigador.

Presuntas irregularidades en contrato

Al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, lo tiene enredado el contrato para el mejoramiento de la Troncal de la Paz, que se firmó en su administración con el Consorcio Troncal de la Paz, del cual es accionista mayoritario el Grupo Solarte, cuyos socios están respondiendo ante la justicia por otras obras, como la construcción del interceptor de Tunjuelo-Canoas. Es la misma firma contratista que por sus deudas con la justicia, se paralizó el proceso de construcción de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao.

La decisión de la Fiscalía le fue comunicada este viernes 5 de junio al presidente de la República, Iván Duque Márquez, para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo y se designe el reemplazo de Gaviria Correa, de acuerdo con la Ley 600 del año 2000.

Los hechos investigados, dijo el fiscal Barbosa, están relacionados con las modificaciones al contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo la Cruzada-Caucasia, suscrito en el 2005 por más de $ 41.000 millones.

“Para la Fiscalía era el gobernador el representante legal del Departamento, el ordenador del gasto y aunque hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la función de vigilancia, coordinación y control de la delegación”, indicó el fiscal general.

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