A pesar de los odios

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Por Adriana Collazos, Esq. 

El presidente Álvaro Uribe Vélez es un líder como ningún otro, tanto en las urnas, como en el Congreso de la República, al igual que por las movilizaciones pacíficas que se causan a su nombre, tales como la histórica marcha del “Millón de Voces Contra las FARC” del 2008 y las recientes manifestaciones de apoyo por su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

Él es un hombre que moviliza un país perdido en la corrupción, la miseria y las herencias de una beligerancia que hoy se viste de partido y de guerrilla. El presidente es muestra de respeto, afecto y consagración por Colombia, es un bárbaro en las contiendas, un vanidoso jinete y un dócil y amable caballero cuando se trata de persuadir con ideas. Es un hombre cuya integridad, estoy convencida, es irrefutable.

El presidente, valga aclarar, no es mi amigo, ni es mi confidente, pero tuve la oportunidad de cruzarme en su camino y ser testigo de su trabajo y amor por Colombia. Aunque antes no reparaba en admitir que había sido un buen dirigente para nuestro país, después de conocerlo, puedo decir que es uno de los estrategas más impresionantes y hábiles a nivel político, con un conocimiento e inteligencia que difícilmente se pueden superar.

El presidente Uribe, y lo llamo presidente y no Senador, fue el que avasalló a la guerrilla y los arrinconó cuando el gobierno precedente les había cedido aproximadamente 42 mil kms del país; extraditó y desmovilizó a más de 17 mil guerrilleros y a más de 35 mil paramilitares y mejoró la confianza inversionista de Colombia, entre otras cosas.

Hoy, aunque muchos han dicho que podría ser el próximo ministro de Defensa, trabaja como un “policía” o un “auditor” frente al gobierno, y en su labor de senador de la República, no solo legisla, sino que también apoya los proyectos de ley o acto legislativo de iniciativa gubernamental. Es así como siempre manifiesta sus puntos de vista y recuerda las promesas de su partido en campaña, pues a él le interesa, más que complacer al presidente, el bienestar de todos los colombianos.

Lo anterior, no pone en duda el buen gobierno y las buenas intenciones del presidente Iván Duque, sino que es el reflejo de la claridad mental de Uribe, pues entiende que tanto él, como el actual presidente, fueron elegidos por el pueblo y es por el pueblo por quien deben trabajar. La verdad, a pesar de que la independencia de las tres ramas del poder público debe ser un fundamento de todo Estado Social de Derecho, es algo que muchos congresistas y jueces han olvidado.

Por todo lo anterior, los colombianos lo odian o lo aman.

Y en este país plagado de corrupción, falta de institucionalidad y valores tergiversados, habrá congresistas, jueces, magistrados, contralores, procuradores, fiscales y hasta expresidentes, que no se lo resisten.

El presidente Álvaro Uribe Vélez está enfrentado hoy a uno de los procesos más injustos de nuestra historia. Es el primer mandatario que ha sido indagado por la Corte Suprema de Justicia dejando, como recuerdo efímero, las investigaciones de contratos indebidos y Odebrecht del “Nobel de la Paz” y el proceso 8.000 de Samper. Y les digo, como Policarpa una vez lo hizo, pueblo indolente, cuan distinta sería su suerte si conocieran realmente el precio de la libertad.

En un Estado que perdonó a los autores de la toma del palacio de Justicia y regaló curules y extendió incluso una justicia especial a reclutadores de menores, narcotraficantes, violadores y asesinos, se le investiga como al peor criminal sin serlo; y así, se van llevando por encima a personas inocentes, como el representante Álvaro Hernán Prada y otros personajes del uribismo. No es la primera vez que sucede,  pues hay más de 56 denuncias abiertas y 28 investigaciones en su contra, ninguna con un soporte jurídico válido si la justicia es verdaderamente imparcial.

En un sistema judicial sin precedentes, el presidente Álvaro Uribe pasó de ser el denunciante del senador Iván Cepeda, a ser objeto de investigación por falsos testigos.

Las pocas pruebas recaudadas en su contra hasta el momento, vienen de las chuzadas de dudosa legalidad de la Corte Suprema de Justicia, que José Luis Barceló, magistrado de la corporación, indicó se habían realizado por error en el proceso del cartel de la toga.

Además, la indagatoria se deriva de un proceso repleto de irregularidades, donde los testigos estrella son paramilitares doblegados durante el gobierno del presidente indagado, o convictos regulares, como es el caso del señor Monsalve, condenado a más de 40 años de prisión y cuyos delitos fueron el secuestro, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Nadie, ni él mismo Monsalve, dijo haber pertenecido a grupos al margen de la ley, y es solo hasta ahora, que con una conducta al parecer, predeterminada al falso testimonio con finalidades de ser incluido por la justicia especial, manifiesta haber sido paramilitar.

Aunque nadie es culpable sino hasta que lo comprueben, Iván Cepeda, después de visitar 21 veces a Monsalve gestionaría el desembolso de más de dieciséis millones de pesos para el convicto a través de una ONG cercana a él. También existen insinuaciones de promesas de dinero, asilo político y otros asuntos a varios paramilitares.

Sobre esta investigación solo puedo asegurar que cualquier sistema judicial del mundo occidental vería las fallas propias del caso, y quizás, también las fallas evidentes del sistema.

A pesar de los odios y amores y de la falta de institucionalidad que se gestó en el gobierno de Juan Manuel Santos, la popularidad y la buena gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez son irrefutables, sus enemigos no pueden opacarlo y sus seguidores continúan esperando tener a ese “policía” o “auditor” que día a día lucha en el Congreso de la República por el bienestar de Colombia por encima de cualquier otro interés.

Dios quiera que así sea.

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