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¿Legalizar o prohibir el consumo de marihuana en Colombia?

Por Redacción en julio 15, 2019

Opinión Por: Jonathan Felipe Mosquera Cerón (*)

El problema del consumo de marihuana en los países de América Latina no es nuevo y se le ha tratado de combatir desde un enfoque punitivo, pero dicho camino no ha tenido un resultado contundente.

Por el contrario, varios de estos países han reconocido el potencial de la planta para paliar enfermedades con dolores crónicos, episodios de epilepsia y han regulado la producción y extracción de derivados del cannabis para su uso medicinal. Incluso algunos también están dando el paso hacia su legalización para fines recreativos.

La reciente sentencia C 235/19 de la Corte Constitucional colombiana revivió el debate sobre uso de drogas ilícitas en el país, al declarar nulo el decreto expedido por el presidente, Iván Duque, por medio del cual autorizaba el decomiso de la dosis mínima y castigaba con una sanción a quienes la consumieran en las calles; sin embargo, hasta septiembre de 2018 y desde la entrada en vigor del decreto del presidente Duque, se han impuesto más de 19.000 comparendos por porte de sustancias ilícitas, incautando en dos meses alrededor de 41 kilos de drogas, de los cuales 39 kilos son de marihuana. Lo que significa que el decreto sancionado por el presidente Duque cohibiría a las personas de realizar una acción .

Esta medida ha generado un debate sobre el derecho al desarrollo de la libre personalidad, puesto que la Constitución de Colombia en su artículo 16 versa que: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás”.

Por otra parte, Uruguay se ha caracterizado por ser un país que no ha tenido la incursión de grandes grupos armados en su territorio, lo que en términos contextuales, con relación al caso colombiano, brinda un panorama distinto, pues más allá de la perduración del conflicto armado y el narcotráfico, Colombia es un país que en términos políticos y económicos, ha sido más dependiente de políticas internacionales en el tema de la lucha contra las drogas.

Es el año 2011 cuando se inicia un debate interno en ese país, que comenzó en los debates en la Cámara de Diputados en ese mismo año y que finalizaría en la ley 19.172 del control y regulación del Estado de la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis el 10 de diciembre del 2013. Dicha ley comenzaría a implementarse mediante tres fases: la primera, la autorización y registro de cultivadores del cannabis. La segunda, la posibilidad de generar clubes de cultivadores, y la tercera, la venta de cannabis en las farmacias solo autorizadas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el mercado ilegal no ha disminuido debido a que el Estado no puede abastecer la demanda de sus ciudadanos.

El uso de la marihuana, desde nuestra perspectiva y tomando como ejemplo la iniciativa uruguaya, debe ser tratada desde una política pública regulatoria que se enfoque en la salud, teniendo en cuenta el consumo recreativo, problemático, medicinal e industrial de la planta. También es importante adaptar las iniciativas de registro de consumidores, construcción o designación de zonas de consumo que estén alejadas de áreas escolares, hospitales, ancianatos e instituciones públicas.

Otro de los aspectos recalcables que nos deja la experiencia uruguaya, es la posibilidad de que el Estado adquiera el monopolio de la venta y distribución, que brinde oportunidades de asocio a campesinos que actualmente están dedicados a una actividad ilegal, para que transiten hacia la legalidad en asociaciones que reciban educación técnica de los procesos de siembra, cosecha y transformación del (moño) para así contribuir en la disminución del control del monopolio a los narcotraficantes. La mejor lucha contra las drogas es avanzar hacia su legalización con regulación del Estado.

* Estudiante Tesista Programa de Ciencia Política, Unicauca

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