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Garantizados $ 2,6 billones para cumplir metas del acuerdo de paz

Por Redacción en diciembre 29, 2018

Emilio Archila, alto consejero para el Posconflicto, tiene la responsabilidad de implementar el acuerdo de paz desde la perspectiva del Gobierno Duque.

Lo que para muchos es un tema complejo y denso, a este abogado y docente le genera entusiasmo y compromiso. Bajo la directriz del jefe del Estado, Archila estudió y construyó la política de estabilización ‘Paz con Legalidad’, la hoja de ruta de este Gobierno para cumplir el citado acuerdo.

El Alto Consejero lleva cuatro meses hablando de cifras, de aspectos financieros y presupuestales, de violencia y pobreza, de sustitución de cultivos de uso ilícito, de reincorporación social y económica, de planes de desarrollo con enfoque territorial, de tierras, de vías terciarias y muchos otros temas.

En esta entrevista, el alto consejero habla del gran reto que representa la implementación de la Política de Estabilización, todo bajo principios de equidad, legalidad y emprendimiento.

Empecemos por informarles a los colombianos en qué consiste la Política de Estabilización ‘Paz con Legalidad’.

El presidente Iván Duque va a cumplir con lo que le corresponde al Gobierno, haciendo énfasis en que la gran mayoría de temas deberían haberse realizado con o sin acuerdos. En un número muy importante de ellos, las ambiciones y la perspectiva que tiene el presidente van, inclusive, más allá de las obligaciones que estaban contempladas. La Política (de Paz con Legalidad) es el resultado de haber hecho el análisis de qué fue lo que encontró esta administración y cuáles son las metas que pensamos cumplir en estos tres años y medio que nos queda ya.

¿Cuáles son los ejes principales de la Política de Estabilización ‘Paz con Legalidad’ y cómo se piensa aplicar en regiones tan afectadas por décadas de violencia?

Existe un eje por cada uno de los vértices del acuerdo. Tenemos un compromiso profundo con las víctimas. En lo que hace a ellas, está la revisión de la Ley de Víctimas y mirar cómo se pueden utilizar mejor los recursos para satisfacerles sus reparaciones individuales. Yo llamaría la atención sobre lo que se piensa hacer con las reparaciones colectivas; en la gran mayoría de los casos, esas reparaciones colectivas son infraestructura, que permite o facilita que algunas de las tipologías de la violencia no se repitan. Tenemos otro vértice referente a las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, son 170 municipios. Hay otro eje que tiene que ver con los excombatientes, sobre el cual tenemos que trabajar en su seguridad física y su estabilidad socioeconómica. Y hay otro eje sobre sustitución de cultivos ilícitos.

¿Con cuántos recursos cuenta el Gobierno Nacional para la implementación de esta Política?

Se pensó en recursos de parte de la Nación, departamentos, municipios, cooperación internacional, y de los privados. En cabeza del presidente hemos hecho un esfuerzo muy grande: para el próximo año ya están garantizados $ 2,6 billones, más recursos que cada uno de los sectores va a invertir en las zonas afectadas por la violencia y la pobreza. En los fondos, que recogen los dineros de los cooperantes internacionales, hay una recapitalización por encima de lo que venía ocurriendo, lo cual es muestra de la confianza que hay en el presidente Duque a nivel internacional. En lo que tiene que ver con el OCAD y las regalías, estamos haciendo modificaciones para enfocar esos recursos en la implementación de esta hoja de ruta.

¿Cómo piensa el Gobierno vincular al sector privado para que apoye los programas de estabilización?

Tenemos varios mecanismos. Uno de esos es la mejoría del sistema de obras por impuestos. Ahí estamos, en estos días, expidiendo un decreto que hace menos complicado lo que queda, correspondiente a los recursos del año que se está terminando, y en la Ley de Financiación se incluyó un capítulo completo sobre obras por impuestos, en donde se mejora la administración de los riesgos para hacer esto más atractivo al sector privado.

Hay una parte de la Política que tiene que ver con el desarrollo de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. ¿En qué consiste?

Son 170 municipios, agrupados en 16 zonas regionales conocidas como PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial). El compromiso es tener un plan a 10 años y en muchos casos a 15 años. En esos 15 años esperamos estrechar las brechas que hay entre esas zonas y el resto del país.

¿Qué criterios siguió el Gobierno para la selección de estos 170 municipios?

Los criterios son bastante básicos. Dónde hubo más ataques violentos, el mayor número de víctimas, cuáles son los municipios con más pobreza absoluta, los que tienen mayor pobreza multidimensional, la menor presencia institucional, la mayor cantidad de cultivos ilícitos, cuáles tienen menores índices de educación y salud, y cuáles tienen menor conectividad.

Emilio Arcila, alto consejero para el Posconflicto.

Usted es un defensor y entusiasta de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. ¿A qué se refieren estos Planes?

El presidente ha entendido que la estabilización de esas zonas debe hacerse con o sin acuerdos. Es un tema de estrategia y de interés nacional, es un tema de seguridad que en esas zonas no exista violencia, no solo para beneficio de los pobladores de esas zonas, que son 6,6 millones de colombianos, sino para bien de todo el país. Tienen una geografía que permite que ahí se escondan los criminales, es muy difícil que saquen productos distintos al oro y la cocaína. La metodología de recopilación de necesidades que se hizo a mí realmente me entusiasma; son unos talleres en los que participaron más de 220.000 personas, vereda por vereda. Se recogió información de cuál es el puente que se requiere, cuál es el colegio, dónde necesitan vías terciarias, etcétera.

Se especula mucho sobre la reincorporación de los excombatientes de Farc. ¿Cómo va el proceso de reincorporación?

Lo que el Gobierno puede decir es que en los cuatro meses lo hemos hecho muy juiciosamente. Iniciamos el proceso de un censo –que se está terminando entre diciembre y enero-, hemos dado el visto bueno a más de 20 proyectos productivos, con los recursos que van acompañados, y son más de 1.100 familias que se están beneficiando. Los excombatientes tienen derecho a $ 8’000.000, cada vez que ellos mismos se vinculan a los proyectos productivos. Esos recursos no se habían liberado, ya liberamos $ 8.000 millones correspondientes a todo lo que estaba pendiente.

¿Hay algún apoyo del Estado para la estructuración de esos proyectos?

Hemos fortalecido sustancialmente la formulación de los proyectos. Hoy en día contamos con el apoyo de los ministerios, el SENA, el ICA. Pero tenemos a iNNpulsa -la entidad del Estado que está apoyando a los empresarios de la Economía Naranja, la consentida del presidente– verificando cuáles son los criterios con los que se están aprobando estos proyectos productivos. Hemos sido eficientes y rápidos. Además, los estamos apoyando mucho en el tema de calidad; esto garantiza emprendimiento y que las empresas sean viables.

¿Qué ha hecho el Gobierno frente a la atención en salud de esta población?

En el último CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) aprobamos el nuevo modelo de salud para garantizarles a ellos que vamos a tener el servicio hasta agosto (de 2019), que es cuando va a ver un cambio sustancial: jurídicamente dejan de existir los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), esas zonas en donde ellos han estado agrupados.

La sustitución de cultivos es considerada como uno de los pilares de la Política. ¿Cómo está ese proceso?

El narcotráfico es un flagelo que debemos combatir. Entre los instrumentos que puede echar mano el Gobierno está la sustitución voluntaria, la erradicación forzosa, inclusive la aspersión. En la política antidrogas está claro que vamos a utilizarlos todos, cumpliendo con los requisitos legales de cada uno de ellos.

¿Específicamente en la sustitución qué avances tiene el Gobierno?

En sustitución voluntaria vamos a ampliar la oferta de programas. Obviamente, a las familias que están en el PAI Familiar (Plan de Atención Integral), que sigan en el programa y cumpliendo, el Gobierno les va a cumplir. Adicionalmente, vamos a fortalecer el programa de Formalizar para Sustituir. Vamos a retomar el programa de Familias Guardabosques, que fue muy exitoso en algún tiempo. Estamos trabajando con la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para que en algunos de los sitios en donde hay restitución, podamos asegurarnos de que habrá sustitución voluntaria.

¿Cuántas familias están en este momento vinculadas a la sustitución?

En el programa del PAI Familiar vamos a terminar el año con unas 100.000 en la etapa individual, y tenemos otras 30.000 pendientes. Eso implicó más de 35.000 hectáreas sustituidas este año.

¿Sobre qué tipo de proyectos productivos hay interés en estas familias?

Hay mucho interés en programas de cacao, café, palma africana y hay interés de parte del Gobierno de impulsar Sacha Inchi.

¿Qué tanta presión hay de los actores armados sobre las familias para que no sustituyan?

Mucha presión, son unos criminales. No tienen ninguna preocupación por las familias o el país. Tienen claro que en la medida en que este programa sea exitoso les estamos quitando la materia prima. Han utilizado todos los mecanismos ruines, a veces tratan de amenazar, les ofrecen dinero, han sacado panfletos diciendo mentiras del Gobierno.

¿Cómo está respondiendo el Gobierno frente a ese reto?

Hay un acompañamiento de los regionales, que conversan directamente con los líderes del programa. Lo hacen permanentemente, conversan con ellos a diario. Estamos poniendo la cara, hemos dedicado mucho tiempo yendo a los territorios, informando que estamos iniciando las contrataciones y señalando las fechas en las que las asistencias van a llegar. La estrategia ha sido acompañarlos, ser honestos y decir la verdad.

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