Contralor Municipal beneficia a su amigo alcalde

Por Redacción en diciembre 14, 2018

Opinión por: Álvaro Casas Trujillo

El convenio Municipio de Popayán – Fundación La Tortuga Triste (2016), ha generado investigaciones de índole disciplinaria, penal y fiscal, cuyo estado procedemos a resumir:

1. Disciplinario: la Pr ocuraduría General de la Nación impuso una sanción de once (11) meses de suspensión en el ejercicio de las funciones como alcalde, sin derecho a remuneración; desde hace más de cuatro (4) meses, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría estudia el recurso de apelación.

2. Penal: la Fiscalía General de la Nación acusó al alcalde por los presuntos delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias; la audiencia preparatoria está programada para el 28 de febrero de 2019.

3. Fiscal: el contralor Municipal de Popayán ha tomado la decisión de iniciar proceso de responsabilidad fiscal a la víctima, a quien le falsificaron dos facturas, y excluir al alcalde, del proceso de responsabilidad fiscal.

Esta última decisión no es extraña, pero repugna, porque la participación del alcalde en el convenio está demostrada plenamente.

No extraña, por la estrecha amistad de los señores César Cristian Gómez Castro, alcalde de Popayán y Gerardo Alberto Ramos Bravo, Contralor Municipal, a tal punto que este manejó toda la logística de la campaña política del alcalde.

Por esa razón, como quejosos, hemos tenido que insistir, para que avancen los pocos procesos de responsabilidad fiscal contra la actual Administración, porque la decisión inicial ha sido cerrarlos, con el informe del auditor.

No obstante, el Concejo de Popayán lo eligió contralor y los resultados saltan a la vista, porque, de control político, poco y de control fiscal, muy poco.

Ortega & Abogados SAS continuará ejerciendo el control social y denunciando los detrimentos patrimoniales que se causen al Municipio de Popayán y sus entidades descentralizadas.

De ser necesario, se pedirá la intervención de la Auditoría General de la República.

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