Los abogados de la corrupción
Opinión Por Álvaro Casas Trujillo
Colombia es un país de leyes, porque su Orden Jurídico se inscribe en el Sistema Romano Germánico, que es predominantemente codificado y por eso, casi todo está normatizado.
Este panorama es terreno propicio para que florezca la profesión del abogado, cuyo papel preponderante es asesorar y representar los intereses de su cliente, en asuntos generalmente litigiosos.
En nuestro país puede haber un número aproximado de 500.000 abogados, que es, más o menos, el 1% de la población.
Esta dignísima profesión, que defiende intereses dentro de un marco jurídico, ha sido desprestigiada por algunos abogados que, aunque pocos, son muy notorios y dañinos, porque hacen de los códigos el instrumento para enriquecerse por el camino del fraude, más allá del salario o de los honorarios que nos corresponden por el justo precio de nuestra gestión.
Al grupo nefasto de los mercaderes de la ley, pertenecen los abogados de los gobernantes corruptos, que son nombrados o contratados para hacerle el quiebre a la norma y adecuarla al interés perverso del Ordenador del Gasto, quien busca enriquecerse por la vía del contrato estatal direccionado, de la licencia ilegal, de la autorización amañada, del negocio antijurídico, que son algunos de los caminos cortos para ganar dinero fácil y abundante.
Esos son los abogados que elaboran y ajustan pliegos de condiciones a la medida del amigo del alcalde, gobernador, director o gerente; los mismos que asesoran para evitar el cumplimiento de los requisitos de convocatoria pública y acceder a la contratación directa; aquellos que se inventan formas para evadir la responsabilidad y dilatar las investigaciones de quien ha obrado al margen de la ley; esos son los Abogados de la Corrupción.
Cosa distinta es ejercer el Derecho de Defensa, presentarse al proceso a responder por sus actos, cuando se ha obrado bien, sin mañas ni artilugios, con pruebas y argumentos, porque son garantías reconocidas por el Derecho Universal.
La comunidad debe aprender a conocerlos y proceder a castigarlos, porque coadyuvan la gestión pública corrupta, aquella que se apropia de los bienes y recursos de la comunidad, que invierte en obras mal planeadas y de ejecución incompleta para dejar las entidades endeudadas por encima de su capacidad de pago, porque el pueblo pagará con los impuesto y lo que importa son sus mezquinos intereses personales.
Estos abogados, al igual que los Gobernantes Corruptos, a quienes asesoran, no fueron educados en principios y valores, si lo fueron, deshonran a su Familia, porque obran en infidelidad a la ética enseñada por sus padres.
Estos abogados también merecen el reproche social, deben ser procesados por la Judicatura y responder ante la justicia.
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